*Por una temporalidad de dos años y con la finalidad de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos.
Xalapa, Ver. | 11 nov. 2022
Tribuna
Libre.- El
Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de
Vigilancia, por el cual se autoriza intervenir la tesorería del ayuntamiento de
San Andrés Tuxtla, Veracruz, con un alcance material de intervención directa y
por una temporalidad de dos años, con la finalidad de supervisar y evaluar que
el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los
criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.
Asimismo y de conformidad con el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, se instruyó a la Secretaría General del Congreso local, para que, de acuerdo con la estructura orgánica y administrativa, designe el interventor correspondiente y cumpla los efectos señalados anteriormente.
En el dictamen, la Comisión de Vigilancia
expone que la designación de un interventor tiene como finalidad garantizar la
transparencia en la utilización de los recursos públicos a través del control,
vigilancia y fincamiento de responsabilidades, permitiendo concretar la
auditoría integral a la Cuenta Pública, determinar la omisión y el
incumplimiento de las obligaciones que haya lugar, así como la evaluación y
regularización del gasto público, a efecto de que cumpla con los criterios de
eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.
Además, previamente refiere que este
Congreso, a través del área correspondiente, inició el pasado 20 de octubre
acciones de fiscalización al ayuntamiento en mención. Dichos actos, tendrían
como finalidad que el Ayuntamiento ofreciera y entregara información que
permitiera razonar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que
tienen como municipio y combatir la veracidad sobre el manejo opaco de los
recursos.
Sin embargo, aclara, lejos de abonar al esclarecimiento
de los datos y cooperar con la autoridad en una actitud de transparencia y
cumplimiento de las obligaciones, en diversas ocasiones, a través de la persona
designada por la presidenta municipal, se negó a entregar información.
Con el objeto con los actos de fiscalización,
en reiteradas ocasiones el personal habilitado por el Congreso para practicar
la diligencia, requirió la información a la autoridad municipal; no obstante y
hasta el momento, perdura la respuesta negativa y una actitud contraria a la
cooperación y la transparencia, respecto a los datos requeridos, cuestión que
el personal actuante hizo constar en el acta de hechos.
Por último, se establece que dadas las
circunstancias y al persistir el problema y agravarse aún más el riesgo
existente sobre un posible daño patrimonial de imposible reparación, así como
una afectación al presupuesto y a la esfera pública y social del ayuntamiento
de San Andrés Tuxtla, se considera prudente, necesario y urgente designar un
interventor a la tesorería municipal.
