Ulises Rodríguez y Rubén Villareal, altos funcionarios de SSP involucrados en actos de corrupción por mantenimiento de patrullas
*** El ORFIS detectó anomalías en contratos, la falta de conceptos, nulas altas del SAT y sin experiencia como empresa para el servicio de mantenimiento, como lo hacía Javier Duarte con empresas fantasmas.
Claudia Guerrero Mtz. | 11 nov. 2022
Tribuna
Libre.- Sabían inteligentes
lectores que en el 2021 el ORFIS detectó
anomalías en la Cuenta Pública de la Secretaría de Seguridad Pública de
Veracruz, como la observación No.
LP-016/2021/002 en la que indica haber celebrado 15 contratos por adjudicación
directa, sumados todos, por un mínimo de
$4 millones 200 mil pesos y un máximo
por $102 millones de pesos,
aproximadamente. Con base a esto, el presupuesto autorizado fue de $20 millones
490 mil 793, bajo el concepto “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo,
para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En estos contratos se detectaron graves irregularidades, pues no se estableció
un “catálogo de conceptos”, faltando al Artículo 55, fracción V, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para los que conocen de administración
pública, estos contratos con
irregularidades no tienen validez, están
viciados y en pocas palabras están mal. Y el ORFIS dicta: “Observación Número:
LP-016/2021/002: “Se detectaron inconsistencias en la celebración de los
contratos que a continuación se mencionan, determinándose que no se aplicó
cabalmente lo dispuesto en los artículos 9, 26, 27 y 55, fracción V, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, debido a que el Ente
Fiscalizable no acreditó las hipótesis de excepción en las que se fundó para
adjudicar directamente los referidos contratos, al no establecer un catálogo de
conceptos, entre otras irregularidades, como se precisa en el apartado de
consideraciones de la presente observación”
Con base a lo expuesto por el ORFIS, este
dicta: “Los argumentos esgrimidos en el dictamen no justifican cabalmente las
contrataciones por la vía de adjudicación directa con fundamento en el Artículo
55, fracción V, de la LAAAyEBM, pues esta disposición exige, como requisito
esencial, que se trate de servicios de mantenimiento de bienes en que no sea
posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades
de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes, lo cual, no se
cumple conforme al objeto de los contratos, que es el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo para el parque vehicular contratado, en el que sí es
posible establecer un catálogo de conceptos, así como determinar las
especificaciones correspondientes”.
Se realizó un estudio de mercado en el que,
entre otras cosas, consta la capacidad técnica de los proveedores; sin embargo,
dicho estudio no se encontró dentro de los documentos aportados por el Ente,
por lo que se presume que no existe. Tampoco se encuentran las cotizaciones de
cada uno de los proveedores, en las que se detallen los precios de los
diferentes servicios que prestan, el precio y marca de las refacciones y el
costo de la mano de obra, por lo que no se tiene la certeza de que se hayan
obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de proveedores
con lugar de prestación de servicios en Xalapa con 8 contratos, Poza Rica con 2, Veracruz con 3, Orizaba con uno, Coatzacoalcos con 3 y Coatepec con
uno.
Cabe mencionar que la mayoría de los
proveedores beneficiados con contratos iniciaron su actividad económica en el
2019, 2020 y 2021, durante la administración del “honesto” Cuitláhuac García,
como es el caso de José Emmanuel Galindo Rosas iniciando actividad económica a
partir del 25 de febrero de 2019; Negocios
Poliva SA de CV a partir del 23 de enero de 2019; Alejandro Rafael Cuspinera
Perea a partir del 01 de diciembre de 2019; Joaquín Manuel Jiménez Pérez Tejada
a partir del 01 de enero de 2021 y Cortes Perfomance S A de CV a partir del 14
de febrero de 2020. Todos curiosamente iniciaron en la administración de la 4T
y bajo la operatividad del director de Recursos Materiales de SSP, Rubén Ángel Villareal Guadiana.
Y va más allá el ORFIS: “No se omite
mencionar que los Artículos 67 y 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, establecen que: Artículo 67. Las contrataciones realizadas
fuera de los procedimientos aquí previstos serán nulas de pleno derecho y harán
incurrir en responsabilidad a quien las autorice o lleve a cabo. También
incurrirá en responsabilidad, quien autorice o efectúe operaciones parciales
con el fin de no celebrar una licitación pública. En el Artículo 69 dicta: Las
infracciones cometidas por los servidores públicos que intervengan en los
procedimientos previstos en la presente Ley serán sancionadas por la autoridad
competente y de conformidad con el procedimiento legalmente establecido”.
Para consultar esto con la liga: http://orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2021/archivos/Tomo%20II/Volumen%202/002%20SSP.pdf
donde da una larga, larguísima lista de
estas anomalías y nos preguntamos: ¿La Contraloría General del Estado ya sabía
de estos contratos? ¿Realizó, está realizado o realizará alguna acción? Cabe
mencionar que los Comités o Sub-Comités de Adquisiciones aprobaron estas
adjudicaciones directas y la Contraloría del Estado no alegó nada y sólo
archivó el documento, en clara complicidad.
Si bien estos
contratos son del 2021 y es un hecho haberse pagado en totalidad. Increíble que nadie se
dio cuenta de estas anomalías y el titular de la Unidad Administrativa Ulises
Rodríguez Landa deliberadamente omitió estos importantes detalles y los contratos tenían que haberse anulado de
inmediato y lo que hizo Rodríguez Landa es dejarlos pasar, pensando que nadie
se daría cuenta.
Se advierte que estos contratos fueron
otorgados a prestanombres, pero en realidad es un negocio lucrativo del oriundo
de Nuevo León, el director de Recursos Materiales Rubén Ángel Villareal
Guadiana, quien siendo el compadre del exsecretario de Seguridad Pública Hugo
Gutiérrez Maldonado hicieron grandes negocios y pretendieron que el ORFIS no
detectara tanta anomalía administrativa, tipificada como corrupción.
Desde la página 66 hasta la 71 en el Informe
Individual de la Secretaría de Seguridad Pública, el ORFIS detectó graves
anomalías por parte de los prestadores de servicio, como la Certificación de
Registro de Proveedores, con vigencia de 07/01/2021 a 07/01/2022,
correspondiente a la proveedora Miriam Baños Reyes, quien presenta como
actividad comercial de la misma “Refacciones, Accesorios, Herramientas y
Material para Talleres” (291001) lo que no corresponde con el objeto del
contrato adjudicado a esta, que consiste en “...servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad
Pública…”.
Además, confrontando la fecha de inicio de la
actividad económica de cada uno de los proveedores contenida en la Constancia
de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
con la fecha en que fue firmado el contrato, 01 de marzo de 2021, se verificó
que proveedores de servicio no cuentan con la suficiente experiencia en el
ramo.
También, la Constancia de Cumplimiento de
Obligaciones, con folio No. 2021/304, correspondiente al proveedor Alejandro
Rafael Cuspinera Perea, ya estaba vencida al momento de la celebración del
contrato, pues se solicitó el 18 de enero de 2021 y venció el 17 de febrero del
mismo año. Por cuanto hace al proveedor
Elsy Astrid Cervantes Espinosa, no fue presentada la Constancia de Situación
Fiscal emitida por el SAT y tampoco hay
constancia de que los proveedores contratados hayan realizado la manifestación
bajo protesta de decir verdad que exige el Artículo 25, fracciones III, IV y V,
de la LAAAyBM.
Por último, el ORFIS determinó ser 2,486
unidades automotoras que cuenta la SSP en Veracruz y ante evidentes actos de
corrupción, se deberá investigar los resultados de la Cuenta Pública del 2021 y
fincar responsabilidades, renuncias y por qué no, hasta órdenes de aprehensión
en contra de Ulises Rodríguez Landa y Rubén Ángel Villareal Guadiana.
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