Lista de aviadores en la Contraloría General y los beneficiados ni sabían que cobraban en esa dependencia
Claudia Guerrero Mtz | 12 dic. 2022
Una de las operadoras es Margarita Orozco, a
quien la conocen como Maggie Orozco en redes sociales y es quien recluta a
personas para que se presten como aviadores en la Contraloría General del
Estado. Ella maneja un coche marca Jetta del año y se reporta con una tal
“Paty”. Su modus operandi es que gente interna de la SHCP los dan de alta en el
SAT, presentan declaraciones y hasta movimientos fiscales, sin que la o el
titular lo haga. Los cheques de nómina los cobra Maggie Orozco y les da el
dinero de la parte que les toca y
entrega los sobres afuera de la sucursal bancaria. Ella es quien recluta
a la gente, hace los contratos laborales y hasta te gestiona la “efirma” ante
el SAT.
En un documento “Confidencial”, con fecha 11
de marzo del 2022, el área de la Unidad Administrativa se blinda ocultando
información para colocarla como
“clasificada” y borrar la
nacionalidad, así como datos personales como el RFC y domicilio fiscal de
quienes firmaron contratos de prestaciones de servicios, bajo la
responsabilidad del titular Alfonso
Sánchez García con personas que se han detectado ser aviadores en la Contraloría
General del Estado en el 2021.
Uno de ellos con el número
5ME/CG/UA/DRH/024.2/2021 aparece el nombre de
Vianey Gómez Olmedo, como prestadora de servicios y tener el cargo de
“Supervisora Fiscal”. En el contrato se aprecia haber borrado su nacionalidad y
acredita el título de Licenciada en Derecho, emitido por la Universidad Euro
Hispanoamericana. Presentó su presunta constancia en el SAT con el Régimen
Fiscal de Personas con Actividades Empresariales y Profesionales, borrando el
RFC. También se borra su domicilio fiscal, presuntamente para proteger los
datos personales. El pago por sus servicios profesionales es por la cantidad de
$42 mil pesos, en dos pagos. El contrato tiene vigencia del 1º de marzo al 30
de abril, sin especificar puntualmente
cuáles serían sus encargos o servicios.
Al final del contrato se observan las
rúbricas del titular de la Unidad Administrativa Alfonso Sánchez García y la
prestadora de servicios Vianey Gómez Olmedo, así como Enma Patricia García Rodríguez como la
entonces encargada del órgano Interno en la Secretaría de Desarrollo Social.
¿Extraño, no creen?
Lo mismo ocurrió el 25 de octubre del 2021,
la misma Unidad Administrativa realizó el trámite para la información reservada
o confidencial, eliminando el renglón correspondiente a datos personales como
la nacionalidad, su RFC y domicilio particular, como fue el caso de Rafael
Antonio Rodríguez Morales como “Prestador de Servicios”.
Con el contrato 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021 se revela que Rafael
Antonio Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en Administración
de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación en
Seguridad Pública, además, presentar Constancia de Situación Fiscal Empresariales y Profesionales expedida
por el SAT. Se borró su nacionalidad, RFC y domicilio fiscal. Los servicios
profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el
cargo y su encomienda son “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto
en etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con
ellas, aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos
estatales”, entre otras encomiendas sin el perfil adecuado.
El pago fue de $42 mil pesos y el contrato es del 07 de julio al 30 de
agosto del 2021. Rafael Antonio Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al
final del contrato mostrando dificultad para hacerlo, ya que le falsificaron la
firma. Las rúbricas se muestran de
Alfonso Sánchez García, Rafael Antonio Rodríguez Morales y la encargada del
Órgano Interno Enma Patricia García Rodríguez.
Con estos dos ejemplos, sobresale el caso de Rafael Antonio Rodríguez Morales,
pues esta persona se encuentra en Estados Unidos y se asegura que él nunca
prestó servicios en esa dependencia, ni realizó trámites y Constancia ante el
SAT para trabajar en la Contraloría General del Estado. Y él está dispuesto a
entregar una declaración si se realiza una investigación a fondo, comprobándose
que en la Contraloría General del Estado se realizan fraudes, abusos de poder y
sobre todo, actos de corrupción.
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