*La madrugada de este miércoles, Morena y sus aliados aprobaron reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral, en lo que ya se conoce como el “Plan C’ de la reforma electoral.
Ciudad de México | 08 dic. 2022
Tribuna
Libre.-
Movimiento Ciudadano (MC) presentó una demanda de amparo contra el paquete de
reformas en materia electoral aprobado durante la madrugada de ayer miércoles por
Morena y sus aliados, lo que se conoce como “Plan B” y que contiene
modificaciones de forma y fondo al Instituto Nacional Electoral (INE).
Así lo dio a conocer el coordinador de los
diputados emecistas, Jorge Álvarez-Máynez, quien mostró copia de la demanda
promovida en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México.
“Ayer se sentó un precedente muy grave. Se
aprobó y discutió el mal llamado plan B de Morena sin que este paquete de
iniciativas estuvieran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Hoy presentamos
una demanda de amparo ante esta violación al proceso legislativo”, dijo el
legislador en su cuenta de Twitter.
La bancada naranja considera que la
aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral fue un
hecho “inédito, ilegal y violatorio de la división de poderes”.
El amparo pretende que “se suspenda el
proceso legislativo, se repita la discusión de las reformas electorales
secundarias y se suspenda su discusión en Senado hasta entonces”.
Durante su intervención en tribuna durante la
sesión en la que se aprobaron las reformas legales y se desechó la reforma
constitucional en materia electoral, Álvarez-Máynez señaló que se debe defender
al sistema electoral y criticó que la Cámara de Diputados sesione cuando se
dicte desde Palacio Nacional y se discutan los temas que interesan al
presidente.
La madrugada del miércoles, Morena y sus
aliados aprobaron reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas en materia electoral, en lo que ya
se conoce como el “Plan C’ de la reforma electoral.
Posteriormente fue aprobado también el “Plan
B”, que es el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de las leyes General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
Entre los cambios más notorios está el de
modificar el concepto de propaganda y proteger las opiniones de servidores
públicos.
“No constituyen propaganda gubernamental las
manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su
libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”, indica el
texto. “Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés
público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en
cualquier formato de manera gratuita”.
Así mismo, se eliminarán dos Salas Regionales
que no entraron en funciones y la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la
Sala Superior del TEPJF.
Se plantea también eliminar la rama
administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
En el caso del INE, se eliminarán las figuras
de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura. Al mismo tiempo,
a nivel distrital se suprimen los cargos de Vocal de Organización Electoral,
Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y Vocal Secretario. Se mantiene únicamente el Vocal Operativo
en la estructura.
El texto señala que el INE “no puede destinar
ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación
de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o
de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al
ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el
presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o
remanentes presupuestales estos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación
al concluir el ejercicio fiscal”.
De la misma forma, “queda prohibido al
Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o
proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por
objeto evitar el reintegro de recursos”.
En torno a los salarios de los consejeros
electorales, establece que éstos no podrán superar al del presidente de la
República.
