Del Pes Zacatecas y revocaron la expulsión de diversos militantes
Ciudad de México | 02 dic. 2022
Tribuna
Libre.
En sesión pública presencial el 30 de noviembre, al resolver el SM-JDC-103/2022
y acumulados, el pleno de la Sala Regional Monterrey modificó, por unanimidad,
la resolución del Tribunal Electoral de Zacatecas que, declaraba la nulidad del
Congreso Estatal Ordinario del PES Zacatecas, en el que entre otras cosas, se
eligió a los integrantes de órganos de dirección, y revocaba la expulsión de
diversos militantes.
En la resolución se explica que, a diferencia
de lo considerado por los impugnantes, el Tribunal Local no actuó indebidamente
al entrar al fondo del asunto en lugar de desechar por extemporánea la demanda
pues el Tribunal Local no podría haber desechado el medio de impugnación, ya
que la controversia contra la celebración de dicho Congreso partidista y los
acuerdos ahí tomados, se presentaron de manera oportuna para efectos de
procedencia del juicio local.
Sin embargo, en el estudio de fondo, el
Tribunal de Zacatecas debió advertir que los agravios sí trataban de aspectos
que se orientaban a cuestionar directa o indirectamente aspectos previamente
definidos en la Convocatoria y Bases, lo cual, al no haber sido impugnado en su
momento, debía ser desestimado y, en consecuencia, lo procedente era confirmar
la validez del Congreso, con los acuerdos emitidos en el mismo.
Por otra parte, en cuanto al tema de la
expulsión de diversos militantes, la Sala Regional Monterrey consideró que,
contrario a lo concluido por el Tribunal Local, en cuanto a que no podía
determinarse la extemporaneidad de las demandas porque las notificaciones
realizadas por la referida Subcomisión también eran materia de controversia, el
Tribunal de Zacatecas debió estudiar la oportunidad de la presentación de las
demandas, máxime que las mismas eran válidas, ya que no fueron debidamente
impugnadas.
Durante la discusión del asunto la Magistrada
en funciones Elena Ponce Aguilar señaló que acompañaba el sentido del proyecto
pues si bien los actores en la instancia local acudieron señalando como acto
impugnado el Congreso mismo, lo cierto es que sus agravios no combatían dicho
acto por vicios propios, ya que estaban dirigidos a cuestionar aspectos
previamente definidos en la convocatoria y las bases, las cuales no fueron
impugnadas en tiempo y, por tanto, se trata de actos consentidos.
Por su parte, la Magistrada Presidenta
Claudia Valle Aguilasocho puntualizó que igualmente compartía el sentido de la
propuesta, porque desde la perspectiva jurídica que guarda, la convocatoria a
la Sesión Ordinaria del Primer Congreso Estatal, así como las bases para su
celebración son actos que se consumaron desde el momento en que no fueron
controvertidos por los inconformes a partir de su publicación en estrados
electrónicos y estrados físicos del partido, así como difundidos en el periódico
de circulación estatal, lo cual sucedió el 22 de marzo pasado.
Finalmente, el Magistrado ponente Ernesto
Camacho Ochoa enfatizó que, ciertamente, en apariencia, lo impugnado era la
realización del Congreso, sin embargo en el fondo los argumentos se hacían
depender de lo que ya se había regulado de la forma en la que se había planeado
todo en una convocatoria que no fue impugnada, por ello, el Tribunal de
Zacatecas debió advertir, que estos planteamientos eran ineficaces.
Por otra parte, durante la sesión, se sometió
a consideración el proyecto de sentencia del SM-JRC-14/2022, el cual revocó,
por mayoría de votos, la resolución del Tribunal Electoral de Nuevo León que
sobreseyó un juicio presentado por el Partido del Trabajo al considerar que
carecía de interés jurídico para para combatir un acuerdo relativo a un
remanente no integrado.
Esencialmente, la sentencia de la Sala
Monterrey señala que de conformidad con la Ley Electoral Local el Partido del
Trabajo cuenta con interés jurídico y legitimación procesal para inconformarse
del acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Fiscalización del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, sin que deba
realizarse una distinción de los intereses del partido entre la representación
nacional o local, pues se trata de un mismo ente político.
Durante la discusión del asunto la Magistrada
en funciones Elena Ponce Aguilar, ponente del asunto enfatizó que la propuesta
que se sometía a consideración del pleno partía de la idea de que la materia de
la Litis, ante la Sala, era precisamente analizar la legalidad de la
determinación de improcedencia.
Por su parte, la Magistrada Presidenta
Claudia Valle Aguilasocho señaló que votaría en contra del proyecto porque
podría compartir, en términos generales la propuesta que sostiene que
efectivamente el partido político tiene interés jurídico y que le afecta
considerarlo como un solo ente, sin embargo, existía una actuación posterior al
acuerdo impugnado que, desde su punto de vista se traducía en lo que
jurídicamente se conoce como cambio de situación jurídica, por lo que el juicio
promovido ante la Sala Regional debió declararse improcedente.
Al respecto, el Magistrado Ernesto Camacho
Ochoa, estableció que acompañaría la propuesta porque en el caso se estaba
frente a un escenario en el cual la sentencia sí podía definir una situación
que contribuyera y que, finalmente, la controversia desde una perspectiva más
amplia podía ser solucionada con mayor efectividad.
Durante la sesión, el pleno resolvió 7
juicios para la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía, 2 juicios electorales y 1 juicio de revisión constitucional
electoral, sumando un total de 10 medios de impugnación.
La Sala Monterrey del TEPJF es la instancia
constitucional encargada de revisar las resoluciones emitidas por los
Tribunales, Institutos, Congresos, Ayuntamientos, partidos políticos, y
cualquier autoridad que emite actos que vulneren los derechos político-electorales
en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro,
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
