Senadores aprueban reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia a la Legítima Defensa

*Se fortalece la figura de la legítima defensa, con un enfoque pro-víctima y de género.

*Los legisladores buscan que estos cambios ayuden a las mujeres víctimas de violencia, pero aclararon que tampoco se trata de un pase para hacer justicia por propia mano. 

                                                                   Ciudad de México | 08 dic. 2022

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Tribuna Libre.- El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de legítima defensa.

Las y los legisladores cierran filas en contra de la violencia de género y a favor de los derechos de las víctimas.

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó un dictamen para fortalecer la figura de la legítima defensa, con un enfoque pro-víctima y de género, y así ampliar el ámbito de protección a las mujeres, niñas y adolescentes que se defienden de la violencia física, psicológica, sexual o feminicida de sus agresores.     

La propuesta, aprobada con 90 votos y que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propicia la armonización del contenido correspondiente, en los códigos penales sustantivos, en cada entidad federativa.  

Establece que el daño deberá ser proporcional a las circunstancias de la agresión ilegítima que motive la legítima defensa.  

También plantea que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional deberán actuar con perspectiva de género para determinar la procedencia de legítima defensa, cuando la agresión tuviere lugar en un contexto de violencia de género, que abarque la violencia física, psicológica, sexual o feminicida.  

De igual forma, plantea que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando al momento en que ésta se concretiza, concurran circunstancias en las que la persona agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados.  

El Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, indica, analizará las circunstancias de la legítima defensa, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a la persona agredida que actuó bajo esa causa de exclusión del delito.  

Propone que, se determinen órdenes de protección para las mujeres agredidas que hayan actuado en legítima defensa.  

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que es fundamental valorar en su justa dimensión a la legítima defensa, e impedir que más inocentes, por distorsión en el análisis de la figura, vayan a la cárcel.  

Señaló que son múltiples los casos en los que las víctimas fueron procesadas penalmente por causar una lesión, e incluso la pérdida de la vida de su agresor; mujeres que son encarceladas por tratar de evitar una violación o un abuso reiterado y hombres que han defendido a su familia y han sido juzgados por el resultado de sus acciones.  

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, consideró que la propuesta tiene perspectiva de género, ya que atiende una de las “tantas aristas” de las violencias en contra de las mujeres, niñas y adolescentes.  

Aseguró que si bien lo ideal para la defensa de las víctimas de violencias es la protección del Estado, en muchos casos la única forma para salvaguardar la vida y la integridad es responder con violencia, “en el momento en que estamos siendo agredidas y quieren atentar con nuestra vida, no se puede medir la reacción ante el peligro”.  

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, expresó que la igualdad de género no sólo es un derecho humano, sino que representa uno de los principios fundamentales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Subrayó que ante las cifras que se padecen en México de feminicidios y violencia de género, resulta apremiante que se impulsen reformas que promuevan y resguarden la seguridad de las niñas y mujeres mexicanas.  

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, enfatizó que la reforma fortalece la figura de legítima defensa como último recurso ante una situación extrema; pero aclaró que no se trata de “un pase para hacer justicia por propia mano”, ya que se mantiene como una excluyente de delito, pero tendrá un enfoque pro-víctima y de género.  

Del PVEM, la senadora Graciela Gaitán Díaz dijo que esta reforma se deriva de la exigencia social para otorgarles una herramienta para defenderse de los criminales, pero ahora la legítima defensa se amplía en favor de las mujeres, ya que recordó que algunas de ellas han terminado en la cárcel por defender a las personas, a sus hijos o las personas que más aman.  

Por el PT, la senadora Geovanna Bañuelos subrayó que en México la violencia de género es un grave problema que perpetua las condiciones de desigualdad estructural entre hombres y mujeres, se manifiesta en diversas expresiones como la violencia de pareja, violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital, y escala su forma más extrema y trágica como es el feminicidio.  

A su vez, la senadora Mónica Fernández Balboa aseguró que este tema era urgente y trascendental, ya que en el país existen diversos casos en donde las víctimas del delito han reaccionado para protegerse, causando la muerte de su agresor. Refirió que se detectan más casos de legítima defensa, en los que las mujeres luchan físicamente por defender su vida.  

Se trata de una nueva herramienta para que las mujeres no sean castigadas al actuar en defensa propia cuando sufren agresiones y violencia.

Busca que el juzgador considere las causas que orillaron a una persona a responder ante una agresión.

Por ejemplo, deberá valorar si sufrió miedo o terror en el momento de responder a una agresión y si eso afectó su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta.

Rafael Espino de la Peña, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó los alcances de la reforma.

Durante décadas han existido muchos casos como el de Itzel, una joven menor de edad que fue violada frente a otras personas. Después de haber sido abusada sexualmente su agresor la amenazó con un cuchillo y en un forcejeo ella tomó el arma y causó la pérdida de la vida de su violador; sin embargo, a pesar de haber sido ella la agredida de manera infame y actuar en defensa propia le abrieron una carpeta de investigación en su contra por homicidio.

La reforma pretende evitar que proliferen casos de mujeres que son encarceladas por tratar de evitar una violación o un abuso reiterado.

Manuel Añorve, senador del PRI, se pronunció al respecto:

La violencia física, psicológica y sexual son susceptibles de una legítima defensa cuando se cumplen los extremos de repeler una agresión real, actual o inminente, además del daño, tanto de la lesión como la privación de la vida, pueden ser efectos de una legítima defensa.

Los legisladores aclararon que tampoco se trata de un pase para hacer justicia por propia mano.

La reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación.

En esta sesión, el pleno del Senado guardó un minuto de silencio por las mujeres embarazadas que en estos días han perdido la vida, víctimas de agresiones.