Emilio Cárdenas Escobosa | 08 dic. 2022
Tribuna
Libre.- Tal
y como se preveía, la derrota del proyecto de reforma constitucional en materia
electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados,
al no alcanzar la mayoría calificada, iría acompañada del envío de su famoso
Plan B por el que se modifican leyes secundarias y reglamentarias, el que fue
aprobado ipso facto por la mayoría morenista, obviando el proceso legislativo.
De poco sirvieron los reclamos y pataleos de
la oposición que terminó por abandonar el recinto parlamentario ante la
negativa de la bancada oficialista de aceptar modificaciones o postergar la
discusión. El Plan B sacaría la espina del rechazo a la reforma constitucional.
Fue así el premio de consolación del
mandatario mexicano, pero más allá de ello, es un conjunto de cambios a 450
artículos a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la
de Partidos Políticos; la derogación de la Ley del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y ajustes significativos a las leyes generales
de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que no son
menores.
Al grito de “El INE sí se toca”, la bancada
morenista siguió el dictado del presidente López Obrador y aprobó cambios a las
cinco leyes secundarias citadas, lo que sí transforma el sistema electoral
mexicano, acota el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros temas que,
a reserva de ser más exhaustivo en posteriores entregas, recupero a vuela
pluma:
El llamado plan B de reforma electoral sirve
para establecer condiciones favorables para que los virtuales precandidatos de
Morena hagan campaña sin ser molestados e introduce cuestiones tan extrañas
como que en las coaliciones los partidos puedan transferirse votos, o que la
sesión de cómputo deba realizarse el mismo día de la elección al desaparecer el
famoso PREP, el programa de resultados electorales preliminares, lo que en un
país con una geografía compleja como la nuestra hará lento el flujo de
resultados y abrirá la puerta a los conflictos poselectorales, sobre todo en
elecciones muy cerradas. En aras de transparentar el proceso de cómputo -que se
transmitirá en tiempo real- y, sobre todo -en lo que es el verdadero fondo del
Plan B- abaratar costos-, la falta de certeza se hará evidente desde la noche
misma de los comicios.
Otras modificaciones relevantes es que se acorta
el calendario electoral por lo que el proceso iniciará en diciembre y no en
septiembre del año previo al de la jornada electoral.
Entre lo más notable que se incluyó está la
eliminación de fondos y fideicomisos del INE, del servicio profesional de carrera
y el suprimir la secretaría ejecutiva. Además de establecer un plazo de seis
meses para compactar los salarios en el instituto, para que nadie gane más que
el presidente.
Destaca la reducción al INE y al TEPJF de sus
facultades para sancionar a funcionarios que hagan campaña anticipada;
resaltando el que tras las reformas ambas instituciones no podrán cancelar
candidaturas por faltas graves.
Se introduce el voto electrónico y este
deberá entrar en vigor en 5 años a través de una estrategia que quedará en
manos de una comisión de estudio del Congreso, con participación del INE y del
Conacyt, a fin de diseñar un sistema “de manera gradual, cierta, segura y
austera”.
Tras la reforma las personas en prisión sin
sentencia podrán votar y se garantizará que también lo hagan las personas con
alguna discapacidad que no puedan acudir a las urnas.
Y un cambio relevante: Los partidos serán
sancionados cuando en su propaganda difundan expresiones que calumnien a
personas, partidos y a gobiernos emanados de ellos.
Son sin duda un conjunto de cambios que sí
impactarán en la forma en que se organizan y desarrollan las elecciones en
México, pero lo que llama la atención es que no le quita ni un centavo a los
partidos ni se tocan los tiempos de los que gozan el gobierno y los partidos en
radio y televisión. A los partidos se les premia a nivel local al mantenerles
el financiamiento estatal aún con la pérdida de registro.
En síntesis, se impulsa una reforma a gusto
de la Cuarta Transformación que sin duda tendrá contratiempos constitucionales.
Pero lo más lamentable de esta “victoria” del
oficialismo al aprobarse el Plan B sin modificarle ni una coma, es que la vía
del “fast track” evidencia un voto por consigna, como ha sido costumbre en las
mayorías parlamentarias, y ocurrió en los años gloriosos del PRI y en los
estados donde el PAN, MC o Morena tienen el control. Sin deliberación, votar
una propuesta de más de 300 páginas sin que haya sido leída y analizada, sin
que pase antes por comisiones, sin un dictamen previo, sin que los legisladores
sepan lo que votan, es reflejo de la escasa calidad democrática de toda esta
historia. Es el mal de la democracia a la mexicana.
Ahora las reformas irán al Senado y ahí se
verá si se discuten y analizan a fondo, como ha ofrecido el presidente de la
Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta el senador Ricardo Monreal,
quien ya advirtió que son preocupantes varios de los cambios que la Cámara de Diputados
hizo a las leyes secundarias en materia electoral, al aprobar el “Plan B” de
Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya veremos que sucede, aunque queda poco
espacio para el optimismo en este México polarizado del todo o nada, donde tendrán
que ser los órganos jurisdiccionales quienes digan la última palabra en estas
reformas que introducen notables cambios, muchos positivos por el ahorro que
significa, pero otros que harán que la competencia electoral en nuestro país
siga siendo, quizá ahora más que antes, fuente de conflicto e ingobernabilidad.
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