* Tras la aprehensión, López Obrador se ocultó * La captura, un éxito del Ejército * Pero no desarticula al Cártel del Pacífico * AMLO y el narcopacto fracturado * Ediles piden desaparecer poderes en Sayula * Alcaldesa genera clima de terror * Héctor Yunes, urgido de reflectores * Notario Miguel Yuén, implicado en transa en Nanchital
Mussio Cárdenas arellano | 09 ene. 2023
Tribuna Libre.- Tres años después, Andrés Manuel recapturó a Ovidio. Y por 24 horas se agazapó. Evadió a la prensa, Evitó hablar. Se ocultó como aquel que muerde la mano del capo que lo trepa al poder, como aquel que sabe que traición con traición se paga.
Con balazos, sin abrazos, cercó al junior
capo, tercero en el mando de Los Menores, el clan de los hijos del Chapo
Guzmán, y asestó un golpe crucial, no letal porque Ovidio Guzmán es objetivo
para Estados Unidos por su rol en el tráfico de fentanilo, pero no es el líder
del Cártel del Pacífico.
Tres años después, López Obrador se halló en
la encrucijada de aplicar la ley o consentir a los capos, como en 2019, de
dispensarles abrazos, ser el alcahuete de sus crímenes y beneficiario de la
operación electoral de los narcos. Y optó por las balas, como aconsejaba Felipe
Calderón.
Tardó 24 horas en festinar el éxito. Y lo
hizo con pesar, doliéndose por las bajas militares y las muertes de los “seres
humanos”, eufemismo con el que categoriza a los sicarios que sirven al cártel
del Chapo, del “Mayo” Zambada, de Aureliano “El Guano” Guzmán, hermano del
Chapo, y de Los Chapitos; “seres humanos” que asesinan y mutilan y disuelven en
ácido a sus víctimas.
Andrés Manuel fue evasivo en la conferencia
mañanera, el 5 de enero. Cuestionado por los reporteros, tras filtrarse la
aprehensión, tácitamente dijo desconocer qué ocurría en Jesús María,
sindicatura de Culiacán, Sinaloa. Había que esperar, dijo. Informaría después,
en Palacio Nacional.
Pero no fue así. Concluida la mañanera, desapareció.
Rehuyó el tema. Al filo de la 1 PM, tres mandos encabezaron la conferencia de
prensa, en la sede de la Secretaría de Seguridad y federal, no en Palacio
Nacional, como ofreció Andrés Manuel.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de
Seguridad, abrió la rueda. Luis Cresencio Sandoval González, titular de la
Sedena, detalló el operativo. Rafael Ojeda, secretario de Marina, ni siquiera
habló.
Sabíase que todo inicio hacia las 5 de la
mañana, ese 5 de enero, cuando efectivos del Ejército sorprendieron a Ovidio en
su casa de seguridad. Rompieron uno a uno los cercos de sicarios, halcones y
punteros que resguardaban el área. Ovidio emprendió la huida, pero no tardó en
caer.
La versión oficial, sin embargo, fue en otro
sentido y terminó siendo toda una contradicción. Luis Cresencio Sandoval
advertía que hacía seis meses le seguían la pista al junior. Minutos después
diría que personal de la Sedena, al percatarse que un convoy de autos circulaba
con gente armada, los interceptó. Intentó revisarlos y el Ejército recibió una
agresión armada.
La versión, según analistas en temas de
seguridad, pretendería acreditar que a Ovidio se le aprehendió en flagrancia
portando armas de uso exclusivo del Ejército y por el ataque a efectivos
militares. Se suponía que existía una orden de captura y se ejecutó.
Diez minutos y el show terminó. No se
permitieron preguntas. Sólo la versión oficial y ya.
Y Andrés Manuel seguía sin aparecer.
Mientras, Culiacán era un infierno. El Cártel
del Pacífico bloqueaba carreteras, incendiaba camiones y automóviles, intentaba
tomar el aeropuerto, lanzaba disparos contra un avión de Aeroméxico que se
disponía a despegar y sobre dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Todo en vano. La extracción de Ovidio Guzmán
se concretó en el lugar de la aprehensión, en Jesús María, un poblado de no más
de 2 mil habitantes, a 10 minutos de Culiacán. Lo treparon en un helicóptero,
de ahí al aeropuerto y en un Boing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana.
Voló a la Ciudad de México. Se le trasladó a
la Fiscalía General de la República y de ahí al penal del Altiplano, donde
estuvo preso su padre, Joaquín Guzmán Loera, y del cual se fugó.
Más de 14 horas y en Culiacán el infierno
seguía. Ardían, literalmente, autos y tiendas. Y sobre paredes de casas y
comercios quedaban las huellas de los impactos de bala. Y cientos de cristales
estrellados y con los orificios de los disparos.
Y López Obrador continuaba agazapado.
La comunicación oficial no existió. Los
medios y las redes llenaron el vacío. Se multiplicaban las imágenes, las llamas
y el humo consumiendo vehículos. Y el miedo devorando a todos.
Y así cayó la noche. Pasaron las horas. Y el
mesiánico no apareció.
Parco, Andrés Manuel amaneció el viernes 6
con un saldo funesto: 29 muertos, 10 de ellos militares, el resto civiles en su
mayoría matones; 30 detenidos; 250 vehículos quemados; aviones alcanzados por
los disparos; centenares de viviendas dañadas. O sea, peor que el fallido
operativo de 2019 cuando López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán “para
evitar un baño de sangre”.
Aquel día, al presidente le temblaron las
piernas. Se arrugó. Capturado Ovidio, López Obrador se acobardó. Los sicarios
superaban a los elementos militares. Descargaron sus ametralladoras Barret
calibre .50, destruyendo cuanto impactaban. Y amenazaron con asesinar a
familiares de militares.
Soltar a Ovidio Guzmán fue un delito. Es
evasión de reos. El delito de López Obrador. Pero con ello, Andrés Manuel se
congració con el cártel que le operó la elección de 2018, secuestrando y
amenazando candidatos de oposición. En 2021 repitió la fórmula, imponiendo a
Morena en gobiernos estatales y alcaldías. O sea, el narcopacto.
López Obrador soltó a Ovidio, en 2019, con la
argucia de que se evitó una masacre. Pero este 5 de enero lo recapturó con
mayor número de muertos y heridos.
¿Por qué es importante extraditar a Ovidio
Guzmán? Porque, se le vea como se le vea, es un criminal, un desgraciado que
trafica droga, que ordena homicidios, que desmembra seres humanos, que tortura
y desaparece a sus víctimas. Y por el tráfico de fentanilo del Cártel del
Pacífico a Estados Unidos, rol que desempeñan Los Menores, los hijos del Chapo.
Hay cifras que no dejan duda. Por ejemplo,
las que revela Héctor de Mauleón en El Universal:
“En 2014 el gobierno de Estados Unidos
decomisó 4 kilos de fentanilo. Al año siguiente el sistema de aduanas aseguró
100.
“En 2015 se detectaron 5,343 casos de muerte
por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. La cifra de fallecimientos pasó
a 9, 580 en 2016”.
“En el país vecino —agrega—, las muertes por
sobredosis fueron creciendo: hasta que cobraron un promedio de 50 mil vidas por
año, una cifra que se duplicó entre mayo de 2020 y mayo de 2021 (100 mil
muertos), y que se mantuvo constante entre mayo de 2021 y mayo de 2022 (más de
cien mil fallecimientos).
“En las fronteras de Texas y California los
decomisos crecieron de manera escandalosa. A lo largo de 2022, el gobierno
estadounidense decomisó 50 millones de pastillas”.
“En julio pasado —apunta De Mauléon—, fuerzas
militares aseguraron en una bodega de Culiacán 542.74 kilos de fentanilo. Era
el decomiso más grande en ‘la historia de esta droga letal’ ”.
Andrés Manuel le hace la chamba al presidente
de Estados Unidos, Joe Biden. El tráfico de drogas es un tema electoral, con
sobrada hipocresía. Biden intenta vender que ataja el suministro de fentanilo
pero no frena el consumo. En EU, son millones de adictos los que demandan
droga.
La captura de Ovidio Guzmán es un campanazo
pero no acaba con el Cártel del Pacífico. Ovidio no es su líder. Ni siquiera es
la cabeza de Los Menores. En jerarquía lo superan sus medios hermanos, Iván
Archivaldo y José Alfredo. Pero es el mérito del Ejército que López Obrador
poco festinó.
Ya no podrá ir a Badiraguato, cuna del Chapo.
Ya no saludará y le sonreirá a María Consuelo Loera, mamá del Chapo. No le irá
a decir que encarceló a su nieto. Ya no acudirá al Triángulo Dorado, feudo del
líder narco al que le destinó millones de presupuesto federal. El narcopacto se
fracturó.
Anabel Hernández, periodista especializada en
temas sobre narcotráfico, y el ex director de Operaciones de la DEA en México,
Mike Vigil, coinciden en que la caída de un capo es positiva pero no daña a la
organización. La clave sería golpear la infraestructura financiera, las redes
de lavado de dinero, bloquear los activos, impedir el pago de droga,
operadores, sicarios; neutralizar empresas lavadoras, abogados y políticos que
los preservan de la acción de la justicia.
Ahora, falta ver la reacción del cártel
favorito del mesiánico, el del Chapo, El Mayo y Los Chapitos.
Porque traición con traición se paga.
Archivo muerto
Tanta corrupción, tantas amenazas, que hasta
los ediles de Sayula terminaron diciendo ya no. Piden la desaparición de
poderes, que el Congreso de Veracruz imponga un concejo municipal, que así se
frene el abuso, la arbitrariedad, las tropelías y raterías de Lorena Sánchez
Vargas, la alcaldesa pro Eric Cisneros Burgos. “Es mejor renunciar a nuestros
salarios y prestaciones, ganados legítimamente el pasado proceso electoral, a
ser cómplices de los actos contra la ley que desea cometer la alcaldesa Lorena
Sánchez Vargas”, señalaron tras iniciar el trámite. A riesgo de su vida, de la
persecución judicial, de parar en la cárcel como ocurrió con el ex tesorero
Rafael González Cárdenas, el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores
Alicia María García Cruz, Abimael Merino de los Santos, Zoila García
Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez,
describen un auténtico estado de terror, la presencia de porros que los
insultan, el uso de elementos de la Guardia Nacional como si fuera autoridad
federal y los alardes de que contar con buenos “padrinos” que le permiten
violar la ley. La tildan de “enferma” y “mitómana”. Lorena Sánchez Vargas se
niega a firmar el documento con el que se designó por mayoría en el cabildo a
la nueva tesorera municipal, Paloma Manuel Pino, cuyos familiares ya sufren
acoso judicial por delitos inventados por la tormentosa alcaldesa. Y la ira
crece. Lorena Sánchez intenta deshacerse de Paloma Manuel Pino e imponer en la
tesorería de Sayula de Alemán a un incondicional, Gregorio García Salomón, ex
tesorero del municipio de Hidalgotitlán, quien dejara el cargo con un daño
patrimonial superior a 30 millones de pesos. En las sombras, el que mueve a la
alcaldesa es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, cuya obsesión por
encarcelar inocentes ya es tema de psiquiatra. Por eso la reacción de los cinco
ediles. Mejor renunciar, pedir al Congreso de Veracruz la desaparición de
poderes, la instauración de un concejo municipal, pero no ser parte de esta
locura de poder… “Véanme, no soy un holograma”, le falta gritar a Héctor Yunes.
O ya de perdida, “escandalizo, luego existo”. Y así los delirios del ex senador
al que le urgen reflectores y que un día no lejano buscó a Cuitláhuac García,
lo asedió, le ofreció sumar para construir el Veracruz de todos y con el
apretón de manos y la foto se quedó. El gober no lo volteó a ver. No lo fumó,
no lo peló, no lo lamió, y entonces Héctor Yunes pasó a la segunda fase: la
provocación. Olvidado, ignorado, el fiel duartista —“Javier Duarte es mi jefe
político”, dijo en un desliz demencial— apeló al juicio de amparo para que
Cuitláhuac García Jiménez dé respuesta a la propuesta de crear un cuerpo
colegiado que elabore una agenda de emergencia ante la crisis de inseguridad.
La maroma es fenomenal, a riesgo de que el virtuoso grillito se rompa el
cuello. En el fondo, a Héctor Yunes le vale un pepino el cuerpo colegiado, la
agenda de emergencia y la inseguridad. Recuérdese que fue subsecretario de
Gobierno con Fidel Herrera, cuando el Cártel del Golfo y Los Zetas asolaban Veracruz,
y nada hizo. Y como diputado federal presidió la comisión de Defensa Nacional,
sin haberse visto alguna acción que mitigara el baño se sangre en el estado que
lo vio nacer. Van cinco días de 2023 y la búsqueda de reflectores lo hace
desvariar… Otro notario a barandilla. Es Miguel Yuén Ricárdez, acusado de
expedir una escritura de propiedad que vulnera los derechos de dos
particulares. El caso sacude a Nanchital y en concreto a la alcaldesa
morenista, Esmeralda Mora Zamudio. Su familia, los nuevos ricos del pueblo,
terminó salpicada por el despojo que el notario y José Luis Herrera Ortiz
perpetraron en agravio de los hermanos de éste, Enrique y Antonio Herrera
Ortiz. De la noche a la mañana, José Luis Herrera se ostentó como único dueño
de un local comercial ubicado sobre la calle Hidalgo que rentó a familiares de
la presidenta municipal, Esmeralda Mora, protegida de la secretaria de Energía,
Rocío Nahle García. En el local se instaló la taquería Juanito Abdul, de
reconocido prestigio en el sur de Veracruz. Y el franquicitario, según
comentarios en redes, resultaría ser Farit Yael Lamarque Rosas, nieto de la
alcaldesa, ya con un incidente policíaco previo. En la maroma empresarial
brincan los nombres de otros familiares: José Carlos Lamarque Guzmán, Maribel
Rodríguez y Carla Lissette Rosas Mora, hija de la edil. Todo iba bien hasta que
Enrique Herrera se dejó llegar desde Estados Unidos y presentó la denuncia por
el despojo, exhibiendo la escritura original, que acredita que los dueños del
local son los tres hermanos, no únicamente José Luis. De un momento a otro se
determinará si el notario Miguel Arturo Yuén Ricárdez, hijo del ex alcalde
Alfredo Yuén Jiménez, es vinculado a proceso. Hay evidencia de que se
falsificaron firmas para consumar el atraco. Es el tercer caso en Veracruz de
notarios con líos con la justicia. A Sergio “N” y Alejandro “N”, de
Cosamaloapan y Chinameca, la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, les ha
congelado las pesquisas. El caso de Sergio “N” fue escándalo nacional. El de Alejandro
“N” pronto lo será. Ambos están denunciados por violencia intrafamiliar. Es una
olla de presión que de un momento habrá de estallar…
mussiocardenas_arellano@hotmail.com
https://mussiocardenas.com/informe-rojo/116905/caso-ovidio-traicion-con-traicion-se-paga
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