*Resultado de la consulta realizada esta semana, mediante una iniciativa en coautoría, propone reformas a la ley.
Xalapa, Ver. | 31
mayo 2023
Tribuna
Libre.- En
acatamiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
que resolvió que es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad y
declaró la invalidez del Decreto número 557, integrantes de la LXVI Legislatura
presentaron una iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la Integración de
las Personas con Discapacidad del estado.
Durante la Quinta Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, en
nombre de su homóloga Ana Miriam Ferráez Centeno y del legislador Gonzalo Durán
Chincoya, con quienes comparte la coautoría de la propuesta, la diputada Anilú
Ingram Vallines hizo uso de la tribuna para exponer las motivaciones del
proyecto legislativo.
La Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos y Atención a Grupos Vulnerables expuso una síntesis del trabajo
realizado desde la reforma a la fracción XI del artículo 2 y el párrafo primero
del artículo 4 de dicha ley, el 6 de mayo de 2020, y la acción de
inconstitucionalidad 204/2020 promovida por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), con respecto al derecho a la consulta estrecha y
participación activa de las personas con discapacidad.
Por designación de la Diputación Permanente,
la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables
emitió el Protocolo del proceso de consulta dirigido a las personas con
discapacidad en el estado de Veracruz (particularmente a las de talla baja o
gente pequeña), incluidas las niñas y los niños con discapacidad, sus familias,
personas que las cuidan o apoyan, así como organizaciones e instituciones de y
para personas con discapacidad.
En la consulta realizada el 26 de mayo de
2023, las respuestas a las tres preguntas planteadas, por unanimidad, las
personas consultadas manifestaron que sí consideran la talla baja como una
discapacidad física; contestaron que prefieren ser llamadas “personas de talla
baja” o “gente pequeña” y dijeron estar de acuerdo en que sus condiciones de
discapacidad no sean motivo de discriminación y que así se considere en la Ley.
Además, prosiguió la Diputada, los asistentes
a la consulta enfatizaron que, al margen de cómo se les llame o que su
condición se considere una discapacidad física, les preocupa sobremanera que se
les cierran los espacios laborales, que su educación es deficiente, que los
servicios médico-clínicos que se les proporcionan también lo son y que su
accesibilidad a los inmuebles y al transporte públicos no es la adecuada.
Por lo tanto, las y el proponentes “creemos
necesario reformar, además de las porciones normativas invalidadas por la
Suprema Corte, la fracción III del artículo 4 de la Ley de que se trata, para
que todos los derechos de las personas con discapacidad se protejan y
promuevan, pero especialmente sus derechos a la salud, la educación, el empleo
y la accesibilidad a los espacios y el transporte públicos”.
Con la adhesión de las diputadas Citlali
Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Ruth Callejas Roldán y Maribel
Ramírez Topete, así como los grupos legislativos de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la Iniciativa de Decreto que
reforma los artículos 2, fracción XI, y 4, párrafo primero y fracción III, de
la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado fue
turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables.
