Tribuna Libre.- Explicó que la medida
cautelar tiene el propósito de preservar la materia del juicio, asegurando
provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte
actora y evitar que se le cause un daño irreparable, respetando los principios
básicos que rigen la vida política, social o económica del país.
Al respecto, el gobierno de Chihuahua
argumentó que si la impresión y distribución de los libros se hace sin seguir
los lineamientos del procedimiento educativo, se pueden “dañar de manera
irreparable, los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad y de participación concurrente en el proceso educativo”.
Sobre este punto, Aguilar Morales refirió que
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, así como el ejercicio
de sus derechos, deben considerarse para la elaboración de las normas, así como
para la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la
expedición de los libros de texto.
Mencionó que también se debe garantizar la
opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de
la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre
otros.
Lo anterior, debido a que los planes
educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje,
pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean
idóneos y contribuyan a los fines de la educación básica.
