*Las autoridades del Cefereso 18 y personal legista pudieron ocultar la verdad sobre la muerte de un preso en mayo por lo que la FGR ya los investiga.
Ciudad de México. | 12 septiembre 2023
Víctor Hugo Arteaga
Tribuna
Libre.- (XPFM).- La aparición de
impactantes videos e imágenes periciales, evidenciaron el posible asesinato de
Oliver Eduardo Ramos Cardoza y una trama de funcionarios, ex funcionarios y
elementos de custodia del Centro Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de
Ramos Arizpe en Coahuila para ocultar los hechos.
En diversos videos que forman parte de la
investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), a los cuales tuvo
acceso XPECTRO FM, se observa a custodios del penal, con equipos anti motines,
golpeando por más de minuto y medio a la víctima, que había denunciado
previamente a servidores públicos de la penitenciaria por tortura y alertado
que buscaban obligarlo a retirarlas.
Ramos Cardoza y su esposa realizaron las
denuncias ante distintas autoridades judiciales estatales y federales, además
de una serie de ellas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ellas son la 66117 y 66123 en el año 2021, la 45658 y 108814 en el 2022,
mientras que en 2023 levantó la queja 57398.
A cuatro meses de la supuesta muerte por un
“infarto al miocardio”, las imágenes de videocámaras de seguridad del penal
confirmaron la denuncia de la esposa del reo sobre el posible asesinato y echan
por tierra la versión de los implicados en el caso.
Entre los señalados e investigados por este
hecho se encuentra la ahora ex directora del Centro Federal de Reinserción
Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe, Jetzael Martínez Cisneros y custodios, quienes
fueron cesados del cargo y están bajo investigación de la FGR y la Fiscalía
General del Estado de Coahuila.
En tanto, las fotografías del fallecido con
evidentes huellas de golpes y hematomas en cabeza, rostro y cuerpo, que forman
parte de la indagatoria federal, ponen en duda informes médicos de la penitenciaría
y declaraciones de custodios, quienes han intentado hacer creer que el reo se
auto infligió las lesiones que le provocaron la muerte.
La cloaca en la sucursal del infierno
El escándalo al interior del Centro Federal
de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe estalló en mayo pasado, tras la
muerte del interno Oliver Eduardo Ramos Cardoza, quien de acuerdo a las
autoridades del penal falleció por un infarto al miocardio, pero su cuerpo
presentaba señales de abuso físico.
Ramos de 28 años de edad reportó en varias
ocasiones amenazas de muerte por parte del personal de seguridad y custodia del
penal, centro que más acusaciones por abuso a los derechos humanos de sus
internos tiene en México y cuya directora era Jetzael Martínez Cisneros.
El fallecido cumplía una sentencia tentativa
de 25 años, de los cuales cumplió 10 en diversos penales y estaba por iniciar
un proceso que de ganarlo recuperaría su libertad tres meses después del fallo
del juez.
La esposa de Ramos Cardoza, Guadalupe Abigail
Ávila, reveló en mayo pasado en entrevista con XPECTRO FM, que su esposo en
varias ocasiones recibió amenazas de muerte por parte del equipo de custodios
del centro penitenciario y aseguró que en el pasado fue violentado de manera
física por ellos.
El día de los hechos, asegura, le habían dado
de ultimátum para retirar las quejas y denuncias.
El certificado de defunción con folio
230045031, expedido por el médico certificante del mismo penal, José Alejandro
González Reséndiz, con cédula 898684, aseguró que la causa del deceso fue por
Síndrome Coronario Agudo (infarto).
En la sección en la que se pregunta si fue
defunción accidental o violenta el certificante marcó el espacio “se ignora” y
en el espacio en el que se cuestiona si el fallecido tuvo atención médica
durante la enfermedad o lesiones antes de morir, la respuesta fue “si”.
Luego de dar a conocer que el cuerpo del
interno presentaba severas lesiones, con hematomas visibles en su cara, cabeza
y cortes en sus brazos, las autoridades del penal cambiaron, tres días después
de la muerte de la víctima, su versión en medios de comunicación locales.
Las autoridades encabezadas por la entonces
directora Jetzael Martínez Cisneros, aseguraron que Ramos Cardoza tuvo un
ataque de ansiedad y se auto infligió las lesiones al golpearse contra las
paredes de su celda.
Ante las graves dudas y la emisión de tres
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la
directora, Jetzael Martínez Cisneros fue cesada de su cargo y es investigada
por la FGR por hechos graves.
La ahora ex funcionaria es señalada de ser ejecutora
y cómplice de actos crueles, amenazas, intimidaciones, actos deshumanizados
marcados como posibles acciones criminales junto con su primer círculo de
colaboradores en contra de internos del penal.
Con Martínez Cisneros en la dirección el CPF 18,
el centro sumaba dos años dentro de los peores evaluados del país y con mayores
denuncias, entre las que destacan posibles asesinatos de internos, violaciones
sexuales, tortura, agresiones físicas y malas prácticas en áreas médicas,
forenses, de seguridad y custodia.
Un “crimen” videograbado
Las imágenes que aparecen en los videos
obtenidos por XPECTRO FM, son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre lo
ocurrido en la vida de Oliver Eduardo Ramos Cardóza. En ellos se observa que
son custodios del penal, con equipos antimotines, quienes entran a la celda
para golpearlo por más de minuto y medio.
Momentos antes de las imágenes cruciales en
las investigaciones, se aprecia que la víctima tenía amarrada la puerta de su
celda con lo que parecen ser calcetines o tiras de toalla cortada, para impedir
el ingreso del personal del penal al interior. Ninguna autoridad ha explicado
por qué Óliver Ramos decidió mantenerse ese día en su celda y no salir al
patio.
En el video se ve a Oliver dentro de su celda
tranquilo y dialogando la mayor parte del tiempo con Juan Antonio Ilich
Coronado Reyes, un alto funcionario del equipo de la ahora ex directora Jetzael
Martínez Cisneros.
En ningún momento se aprecia que estuviera
alterado y se hiciera daño a sí mismo, como las autoridades del penal informaron
a los medios de comunicación en Coahuila.
Tampoco se golpeó la cabeza contra las
paredes, ni se hirió así mismo, como se comprueba en los cerca de 50 minutos de
grabaciones, cuyo momento crucial es cuando los custodios ingresan y se observa
cómo golpean en repetidas ocasiones al interno.
Se observa a los oficiales hablar por sus
radios de comunicación mientras que la cámara de videovigilancia se enfoca en
la celda del prisionero, que en todo momento mantuvo una relativa calma durante
la conversación con los oficiales.
Minutos después un custodio se aleja hablando
con su radio y regresa haciéndole señas con la mano en tono amenazante.
Instantes después llegan a la puerta de la celda siete elementos antimotines
con cascos, chalecos tácticos, toletes y escudos.
En el video se aprecia a Juan Antonio Ilich
Coronado ordenar al grupo anti motines ingresar a la celda para someter a
Oliver Eduardo y pide a otro custodio rociar gas a la cara del reo para
facilitar la entrada de los guardias.
Los antimotines cortaron las cintas hechizas
mientras que Ramos Cardoza sostiene un palo de escoba amarrado en su mano
izquierda; un elemento lo rocía con un gas, obligándolo a irse al fondo de la
celda.
En total seis elementos, tres antimotines,
uno de Seguridad Penitenciaria y dos más de Custodia Federal, entraron y el
detenido gira para dar la espalda evitando la confrontación a pesar de tener el
palo en la mano.
El primer elemento en ingresar lo golpeó con
el escudo en la parte izquierda del rostro y entre otros dos lo derribaron al
suelo y lo golpearon en reiteradas ocasiones.
En las imágenes se ve como un custodio
levanta su escudo en varias ocasiones para golpearlo, junto con cinco custodios
más, en el suelo. Es esposado de piernas
y manos atrás de su cuerpo.
Uno de los oficiales se sube en el cuerpo de
Óliver Ramos y lo golpea con toda la fuerza de sus piernas y botas anti asalto
en rostro, cráneo y pecho.
Una vez sometido, Óliver fue sacado de la
celda, cargado boca abajo por nueve custodios que lo bajaron por las escaleras
mientras patalea y se mueve en un intento de evitar que lo sacarán del
pabellón.
En la secuencia de videos se ve cómo los
custodios subieron a Ramos Cardoza a una camioneta tipo panel blanca, donde
viajaron tres custodios. Fue trasladado al área de hospitalización y durante
varios minutos en ese traslado, no se sabe qué fue lo que sucedió a bordo del
transporte.
Los videos vuelven a registrar el hecho,
cuando la camioneta arriba a la zona de hospitalización y Óliver es bajado,
ahora sólo por siete elementos, ya con el cuerpo flácido e inerte, con el
cuello sin respuesta y sin estar alerta a lo que sucedía a su alrededor. Su cara
y cráneo lucen lesiones severas y la cabeza presenta deformidades notorias.
Dentro de la zona de hospitalización se
observa que un médico les dice a los custodios hacia dónde dirigirse dentro del
área de internamiento, ya con el cuerpo desvanecido y flácido de Ramos Cardóza.
Las imágenes demuestran que son falsas las
dos versiones presentadas de manera oficial, tanto por las autoridades
penitenciarias encabezadas por Jetzael Martínez Cisneros, como por los
encargados de los equipos de custodios, seguridad y el área médica.
Contradicciones oficiales
Las imágenes de los videos de seguridad, que
fueron envíados a XPECTRO FM de manera anónima, muestran una realidad distinta
y tangible a la que ofrecieron funcionarios y custodios del penal en sus
declaraciones iniciales tras el fallecimiento de la víctima y ante autoridades
ministeriales federales.
Oliver Eduardo denunció, días antes de su
muerte, que fue amenazado por los custodios del penal, quienes le exigían
retirar las denuncias realizadas en contra del CFP No 18 de Ramos Arizpe ante
la CNDH.
Tras la muerte de Ramos Cardoza, la Fiscalía
General del Estado de Coahuila (FGEC) abrió la carpeta de investigación
00456/RAM/UAI/2023, en la que se informa que un perito investigador se presentó
esa misma tarde al área médica del penal para iniciar la investigación.
En el informe del perito se detalla el
trabajo de levantamiento de pruebas realizado entre la tarde y la noche del 15
de mayo en la que se presentan 184 fotografías del penal, el área médica y el
cuerpo del fallecido, pero ninguna de la celda en la que fue agredido.
En el apartado de observaciones el perito
Oscar Javier Briones Dávila, escribió “No omito mencionarle que al momento del
procesamiento se realizó, conforme al protocolo de Minnesota, sobre la
investigación de muertes potencialmente ilícitas”.
El mismo día de la agresión a Ramos Cardoza,
las autoridades del Cefereso llamaron a su esposa para informarle de la muerte,
pero le dijeron que se presentara hasta el siguiente día a recoger el cuerpo
porque no se podía realizar el trámite durante la madrugada.
Incluso en un oficio firmado por el Agente
del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de Ramos Arizpe, Pedro
Vasquez Garibaldi, se ordena a peritos en criminalística recabar “huellas
dactilares de la persona sin vida por suicidio”, cuando las pruebas rechazan
cualquier posibilidad de ello.
La viuda de Ramos Cardoza contó que las
autoridades del penal le impidieron reconocer el cuerpo de su esposo y que el
médico legista le informó que la muerte fue por un infarto por posible estrés y
le negó que el cuerpo de su esposo tuviera rastros de violencia física.
El médico forense en jefe de realizar la
necropsia fue José Alejandro González Reséndiz, quien firmó el certificado de
defunción de Oliver Eduardo, fue señalado por la esposa del fallecido de
mentirle al asegurarle que el cuerpo de su esposo no tenía rastros de violencia
física.
Los resultados de la necropsia realizada por
González Reséndiz en poder de la FGE y, a los que XPECTRO FM tuvo acceso,
afirman que durante el proceso encontraron una “ligera hemorragia cerebral que
no es causa de muerte”.
Sin embargo, en las conclusiones, en el
apartado de “Mecanismo de muerte”, explica que fallecido sufrió un síndrome
coronario agudo que consiste en una serie de afecciones que detienen el flujo
de sangre al corazón y señala que: “esto también puede influir en las
hemorragias cerebrales existentes”.
La señora Guadalupe Abigail Ávila confirmó
que en todos los estudios médicos realizados a su esposo, jamás se le detectó
ninguna afección cardíaca ni se le reportó ninguna anomalía médica y que
contaba con una salud plena.
Tampoco se le informó a la señora Abigail
Ávila que peritos de la FGEC estuvieron presentes la noche anterior para
iniciar la investigación sobre la muerte de su esposo, ni del operativo que se
realizó en su celda por parte de los custodios del penal.
En una de las declaraciones de los custodios
involucrados, que forman parte de la investigación, trató de desviar el caso,
asegurando que el interno “… comienza a ponerse agresivo ya que traía entre sus
manos un palo de madera con punta y una navaja, así mismo dicho interno también
se golpeaba en el rostro y cabeza con las rejas de la estancia”, cosa contraria
a las imágenes videograbadas.
Las declaraciones de los custodios, que ahora
se saben son falsas, fueron hechas a los agentes de la FGE, Manuel Malacara Peña
y Jesús Mario Reyna Baltazar, quienes fueron los encargados de presentarse en
el CPF 18 para dar fe de los hechos junto con el perito criminalista Oscar
Javier Briones Dávila.
Por las declaraciones realizadas por la viuda
de Oliver Eduardo se sabe que los agentes de la FGE, Malcara Peña y Reyna
Baltazar, no buscaron a Guadalupe Abigail Ávila para tomarle su declaración por
lo menos en las primeras 48 primeras horas tras la muerte de su cónyuge.
Centro repleto de irregularidades
El Centro Federal de Reinserción Social (CPF)
18 de Ramos Arizpe de Coahuila ha sido casi reprobado en todas las evaluaciones
a las que ha sido sometido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cada año
realiza una revisión a los centros penitenciarios del país y en ellos la
penitenciaría del infierno sale muy mal parada.
En el llamado “Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria”, en los dos últimos informes del Cefereso de
Saltillo, es colocado más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación
favorable.
De acuerdo al Sistema Informático,
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario
Número 18 (CPS) Coahuila obtuvo una evaluación de 7.42 en el 2020 y de 7.19 en
el 2021.
En el diagnóstico del 2020 la CNDH informó
que el Cefereso de Coahuila tenía una capacidad para internar a 2 mil 620 reos
y una población de mil 374 internos con una evaluación media y con tendencia a
la baja, detectando fallas en varios aspectos.
El organismo detectó fallas en rubros como
garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, insuficiencia
de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, además de
insuficiencias de vías para remisión de quejas de probables violaciones a los
derechos humanos.
También fueron detectadas fallas graves en
las condiciones de gobernabilidad del Centro, al observar insuficiencia de
personal de seguridad y custodia, además de insuficiencia o inexistencia de
actividades educativas.
Otro rubro en el que el penal de Ramos Arizpe
presenta graves fallas es en la deficiente separación entre procesados y
sentenciados, lo que afecta a la reinserción social.
La evaluación del año 2021 del Centro
Penitenciario Federal conocido como Ramos Arizpe, mostró que también tuvo un
nivel medio negativo con tendencia a la baja, pero con cerca de medio millar
más de internos al alcanzar los mil 871 internos de una capacidad de 2 mil 864.
Para el 2021 no se presentaron mejorías en
los rubros con fallas en el 2020 y sí un incremento al sumarse deficiencias en
la atención a adultos mayores e insuficiencia en los programas para la
prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
A pesar de las advertencias, las autoridades
federales encargadas de la operación de los penales y en especial del Centro
Federal de Reinserción Social (CPF) 18 de Ramos Arizpe de Coahuila nada
hicieron, lo que derivó en el presunto asesinato de Oliver Eduardo Ramos
Cardoza.
XPECTRO FM buscó a las autoridades penitenciarias
federales encabezadas por Hazael Ruíz Ortega, Comisionado del Órgano
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para conocer
su versión oficial de los hechos.
También el mismo 6 de septiembre se solicitó
otra entrevista con Sergio Alberto Martínez Castuera, Coordinador General de
Centros de Readaptación Federales, pero no se obtuvo respuesta del área de
Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, ni
tampoco del órgano desconcentrado.
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