Ciudad de México. | 04 noviembre 2023
Tribuna
Libre.- La
Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso
Ayotzinapa (CoVAJ) condenó esta noche el cambio de medida cautelar de prisión
domiciliaria al exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado de los delitos de
tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un comunicado, la comisión criticó que
argumentando motivos de salud, el juez de Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, usó el
encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa
3072022, Edmundo Manuel Perusia, para cambiar la medida cautelar a prisión
domiciliaria con brazalete electrónico para el ex procurador.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y
presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso
Ayotzinapa (CoVAJ), señaló que, con esta determinación, no se exonera de cargo
alguno al exprocurador Murillo Karam, quien continuará sujeto a prisión
preventiva justificada por tortura y desaparición forzada, que se siguen en
otra carpeta de investigación ante un juez en el Reclusorio Sur.
“Estaremos atentos a que se respete la
legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la
justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Medina Padilla lamentó que que se haya
emitido esta determinación en día inhábil de manera similar a los ‘sabadazos’,
un procedimiento que, señaló, no es el más adecuado, pues "viola el curso
regular de la justicia y que “se usara como distractor la festividad del Día de
Muertos”.
Además lamento que el juez de guardia se haya
aprovechado del sistema de turnos para evadir la determinación del juez que
conoce de la causa.
“Y, sorprende aún más que se haya fijado la
audiencia en un plazo de tres horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones
la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser
solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días”.
Señaló que esta “condenable decisión” manda
un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad.
“De acuerdo con lo informado por la Fiscalía
General de la República (FGR), durante la audiencia el juez hizo comentarios
ideológico-políticos que exceden la argumentación jurídica y comprometen la
imparcialidad”.
Adelantó que la CoVAJ dará seguimiento a la
impugnación que presente la Unidad Especial de Investigación y Litigación para
el Caso Ayotzinapa (Ueilca), perteneciente a la Fiscalía General de la
República (FGR), y solicitará que se interponga una queja ante el Consejo de la
Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez al quebrantar el principio de
legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las
disposiciones legales vigentes.
“Además, que se revise la argumentación
emitida por el juez durante la audiencia que tuvo como propósito fijar una postura
más allá de la motivación judicial para justificar el cambio de medida
cautelar”.
La Comisión afirmó que el juez no prestó
atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi)
de la FGR en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto, y que no
habían cambiado las condiciones bajo las cuales le habían impuesto la medida
cautelar ni los resultados de las siete entrevistas a distintos médicos que han
atendido al exprocurador, en las que aseguran que su estado de salud es estable
aunque, de requerirse, continuará recibiendo la atención médica necesaria.
