Xalapa, Ver. | 24 abril 2024
www.tribunalibrenoticias.com
Tribuna
Libre.- La
Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso judicial contra Joana
Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración del Poder
Judicial de Veracruz (PJEV), en relación con una denuncia por la presunta
contratación de empresas fantasma dentro de la institución, desvío de recursos,
corrupción, e incumplimiento de un deber legal.
Por lo que este miércoles 24 de abril Joana
Bautista Flores, fue citada a comparecer ante un juez local para ser imputada
por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de incumplimiento de un
deber legal.
Cabe destacar que este caso podría involucrar
a otros exfuncionarios del PJEV y afecta a cinco empresas y a un proveedor
irregular contratado directamente por Bautista Flores para desviar recursos.
La audiencia contra la ex servidora pública
forma parte del proceso penal 448/2024 y deriva de una carpeta de investigación
radicada en la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la FGE. La
audiencia comenzaría a las 15:00 horas de este 24 de abril en los juzgados de
Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
Bautista Flores fue citada para comparecer en
una audiencia de imputación la cuál fue cancelada porque la indiciada no se
presentó alegando un problema médico. En su lugar, asistieron sus
representantes jurídicos (abogados) quienes presentaron un justificante médico
para justificar la ausencia de la demandada.
La audiencia fue programada en el marco de la
investigación 144/2023 por el delito de incumplimiento de un deber legal.
Manuela Saldaña Ríos, quien fungió como
subdirectora de Recursos Financieros del PJEV, también fue citada a comparecer.
Al igual que Bautista Flores, designó a sus asesores jurídicos para
representarla en la audiencia y también presentó un "justificante
médico" para no asistir a los juzgados ubicado en "Pacho Viejo".
Por lo que se espera que la audiencia sea
reprogramada para los próximos días.
Está denunciada por actos de corrupción,
saqueo, desvío de recursos, empresas fantasmas, enriquecimiento ilícito e
inexplicable, e incumplimiento de un deber legal.
La denuncia, presentada el 9 de febrero por
la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, involucra delitos como abuso de autoridad,
incumplimiento de un deber legal y peculado.
Hay que destacar que se detectaron presuntos
desvíos por 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023.
Los exfuncionarios señalados en la denuncia
son Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración; Ofir
Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez
Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos exjefes del Departamento de Servicios
Generales.
Estos exfuncionarios son señalados por
contratar presuntas empresas fachada. Una auditoría aplicada al primer semestre
de 2023 reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que estas
empresas operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.
Según la denuncia del Poder Judicial, el
gasto público destinado a estas supuestas comercializadoras asciende a 47
millones, 448 mil 701 pesos.
Entre las empresas con inconsistencias se
encuentran proveeduría y servicios cafha, s.a. de C.V., crisan tecnologías
móviles s.a. de r.l. de C.V., cisa capacitación e innovación social s.a. de c.
v. y alecasser comercializadora S.A.S.
Además, se detectaron irregularidades en la
contratación de Edgar Omar Simbrón Ortega para el arrendamiento de fotocopiado por
6 millones 273 mil 396 pesos.
La actual presidenta del Poder Judicial
señaló que hay 4 denuncias por actos de corrupción, cometidos en el periodo que
Joana Bautista fue administradora de dicho organismo.
Jiménez Aguirre refirió que las 4 denuncias
están soportadas con una auditoría realizada por la Contraloría Interna del
Poder Judicial. Entre los posibles actos constitutivos de delito, destaca la
probable existencia de una red de empresas fantasma mediante las cuales el
Poder Judicial contrató servicios por casi 50 millones de pesos.
De acuerdo con la también presidenta del
Consejo de la Judicatura, las denuncias se presentaron desde octubre de 2023
ante la Fiscalía de investigaciones Ministeriales (FIM) y serán las autoridades
encargadas de procurar justicia quienes delimiten responsabilidades.
También la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) tiene en la mira a Bautista Flores por más de 80 millones de
pesos.
En marzo de 2024, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) concluyó que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar
una observación por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados
en la cuenta pública de 2021. Lo anterior, cuando Joana Marlen Bautista Flores
fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado.
