Xalapa, Ver. | 27 nov. 2024
Tribuna Libre.- Las
diputadas Naomi Edith Gómez Santos, Dulce María Hernández Tepole y Dorheny
García Cayetano, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, recibieron la comparecencia del
titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Miguel Ángel Olivares
Martínez, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.
El contralor integró su presentación en seis ejes:
Fortalecimiento, Fiscalización, Ética Pública, Responsabilidades
Administrativas, Transparencia y Género.
Las principales herramientas para el fortalecimiento
institucional mencionadas por el funcionario son: El Sistema de Control Interno
para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz,
los 33 Comités de Control de Desempeño Institucional (Cocodis) en diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, constituidos en
este año, y los Comités de Contraloría Ciudadana presentes en los 212
municipios del estado.
Estas y otras acciones, manifestó, permitieron que la
Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación otorgaran a Veracruz en dos años consecutivos el Premio
Nacional de Contraloría Social: En 2023, como reconocimiento a las buenas
prácticas del Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto Tecnológico
Superior de Perote, y en 2024, a la Universidad Tecnológica del Centro de
Veracruz.
En el ámbito de la fiscalización de la aplicación de los
recursos federales, dijo, por primera vez, la SFP determinó cero pesos
observados al ejercicio 2023 de lo transferido por el Ejecutivo federal al
Gobierno de Veracruz para atender educación, salud, seguridad pública y
asistencia social. Durante esta administración, se logró reducir 98.6 por ciento
en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al
Gobierno de Veracruz en relación con ejercicios de las administraciones
pasadas.
En cuanto a Responsabilidades Administrativas, prosiguió,
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev)
determinó sanciones económicas por un monto superior a mil 600 millones de
pesos (mdp), correspondientes a faltas cometidas en administraciones
anteriores.
Durante esta administración, se logró una reducción de 54
por ciento en los procedimientos de responsabilidades administrativas por
faltas graves relacionadas con actos de corrupción. Al mismo tiempo, señaló el
contralor, las sanciones impuestas corroboran, no sólo el combate a la
corrupción, sino la cero tolerancia a la impunidad.
En materia de transparencia, recordó que la información
relativa a las funciones gubernamentales está al alcance de la sociedad en la
página web de la CGE, que permite obtener información pública en tiempo real y
de forma gratuita.
Durante la presente administración, añadió el titular de
la Contraloría estatal, no se presentó ninguna queja o denuncia relacionada con
hostigamiento y/o acoso sexual en esta dependencia y se capacitó a casi 17 mil
personas servidoras públicas en materia de género.
Miguel Ángel Olivares Martínez concluyó su participación
enfatizando que el actual gobierno pasó de recibir una administración con 7 mil
mdp observados por la SFP a entregarla con cero pesos observados al último
ejercicio auditado, logrando además una reducción del cien por ciento de las
observaciones relevantes de las auditorías directas a los estados financieros y
la disminución del 98.6 por ciento en los montos observados por la ASF.
Participación de diputadas y diputados
En la primera ronda, participaron el diputado Diego
Castañeda Aburto (Morena) y las legisladoras Estefanía Bastida Cuevas (PVEM) y
Dulce María Hernández Tepole (PT) con preguntas referidas al total de
auditorías realizadas en la presente administración y las implementadas por la
ASF; las acciones y resultados del caso del sistema de videovigilancia para la
entidad; de qué manera el Manual de Ética garantiza la prevención de actos de
corrupción y la medición que se hace al respecto, así como los resultados de
los comités de Contraloría Ciudadana y Social.
También, la simplificación del trámite de No
Inhabilitación, criterios aplicados para determinar la inexistencia de
observaciones y las medidas para subsanar las deficiencias previamente
señaladas; las estrategias para prevenir el hostigamiento o acoso sexual; los
beneficios de contar con comités de Contraloría Ciudadana y el avance
registrado a partir de la implementación de manuales y reglamentos.
La diputada Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y los
legisladores Enrique Cambranis Torres (PAN) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada
(MC) cuestionaron acerca de las acciones implementadas por el Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) respecto de
las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) por
obras inconclusas; postura de la CGE para sancionar o desmentir declaraciones
de funcionarios federales sobre actos de corrupción en la SIOP y la
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA); de las seis
observaciones relevantes sin solventar derivadas de las auditorías directas
realizadas de las cuentas públicas 2022 y 2023; resultado de la investigación
por presuntas responsabilidades administrativas y las sanciones que se
aplicarían.
Preguntaron también sobre el monto invertido en las 135
auditorías realizadas por despachos externos y prestadores de servicios
profesionales, quiénes son éstos y cómo fueron elegidos; avance en las
observaciones detectadas por la ASF al DIF Estatal y el Hospital de Nautla;
investigaciones por el alto costo por el servicio de grúas; si existen
sanciones por la vía administrativa por la participación voluntaria u obligada de trabajadores del gobierno
estatal en actos proselitistas en horario laboral.
Además, denuncias interpuestas por hostigamiento o acoso
sexual; seguimiento a la veracidad de las declaraciones patrimoniales
realizadas por funcionarios de nivel jerárquico alto; responsabilidades para la
administración entrante de las investigaciones iniciadas en este año; la
responsabilidad del funcionario o ente público por obras que no se encuentran
en operación; seguimiento y supervisión para la contratación del elenco
artístico para el Festival Salsa Fest; responsabilidad de la SIOP por obras
entregadas de baja calidad; entes o funcionarios a los que se les ha comprobado
daño patrimonial en las cuentas públicas 2020, 2021 y 2022, cuánto se ha
devuelto a la Federación por subejercicio y acciones para sancionar a los
funcionarios.
Concluida la única ronda de preguntas, a las 19:15 horas,
la presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, diputada Naomi
Edith Gómez Santos, dio por terminada la comparecencia.
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