UV no cumple con requisitos básicos necesarios para garantizar la seguridad de la población en sus instalaciones
*** Preocupación, porque los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre el Riesgo de Desastres se limitan a aspectos generales y superficiales, sin abordar las necesidades reales de seguridad por parte de la Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora.
Claudia Guerrero Mtz | 13 mayo 2025
Tribuna
Libre.- En esta entrega, compartimos esta preocupante carta a la redacción:
Somos un colectivo de trabajadores afiliados al Sindicato Estatal del Personal
Académico de la Universidad Veracruzana, conocido como FESAPAUV. A través de
este comunicado, queremos hacer pública nuestra denuncia sobre diversas
irregularidades que hemos observado dentro de la institución. Nuestro objetivo es
instar a nuestras autoridades a que tomen medidas efectivas para garantizar la
seguridad laboral y la integridad física de todos los trabajadores y de la
comunidad universitaria en su conjunto.
Las
leyes existentes obligan a la Universidad Veracruzana a cumplir con las
normativas que existen en materia de protección civil, siendo una de estas el
mantener una coordinación permanente con las dependencias de los tres niveles
de gobierno asentadas en la Entidad, debiendo en su caso, realizar campañas que
informen y orienten a la ciudadanía sobre las emergencias y situaciones de
riesgo que puedan afectarle. Como esto último no se da de ninguna forma,
suponemos que tampoco existen esos vínculos de coordinación, por lo que
consideramos que la Universidad Veracruzana actúa de manera aislada,
discrecional y errática, descuidando los temas de seguridad y de protección
civil considerados actualmente como derechos humanos universales.
Estos
señalamientos que ahora hacemos del conocimiento público, los conocemos por los
reportes que continuamente recibimos de muchos de nuestros compañeros
agremiados, quienes manifiestan que contrariamente a lo que la ley de
protección civil obliga, la Universidad Veracruzana no cumple con la gran
mayoría de los requisitos básicos necesarios para garantizar la seguridad de la
población que utiliza sus instalaciones; resulta además notorio que a pesar de
haber cumplido 80 años de haber sido creada, esta Casa de Estudios carece de un
área estratégica, necesaria y por ley obligatoria, como es el caso de la Unidad
Interna de Protección Civil, misma que es responsable de formular y operar el
Programa interno de Protección Civil, también inexistente; observamos que,
dentro de ningún inmueble universitario, existen Unidades Internas de Protección Civil con sus
correspondientes Programas Internos y Externos debidamente autorizados;
tampoco, se cuenta con los tan necesarios Análisis de Riesgos emitidos por
especialistas, Dictámenes de Ingeniería
Eléctrica y Estructural formulados por peritos en la materia y Dictámenes Técnicos de Riesgo previos a la
construcción de obras universitarias, para evitar que estas se asienten en
zonas de riesgo; ya no se diga de tantos expendios de comida que existen dentro
de las distintas facultades universitarias, los que sin duda manejan Gas L.P. y
electricidad para el equipamiento que utilizan y tienen comúnmente una gran
afluencia de personas; desde luego que estas instalaciones no cuentan con las
certificaciones de peritos en la materia y menos aún con los dictámenes de
riesgo que pudieran prevenir incidentes de consideración; todas estas carencias
que son el resultado de la negligencia institucional, son constitutivas, de
acuerdo a la ley, de delitos graves y por ende pueden ser sancionadas con
prisión de tres a diez años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo
vigente en la capital del Estado.
Por su
parte, es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo Institucional,
actualmente bajo la dirección de la Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora,
tiene la responsabilidad de gestionar el Sistema Universitario de Gestión
Integral de Riesgo, conocido como SUGUIR. De acuerdo con la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana, este Sistema debería ser el responsable de guardar las
condiciones de seguridad de la institución. Sin embargo, hemos observado con
preocupación que los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre
el Riesgo de Desastres se limitan a aspectos generales y superficiales, sin
abordar las necesidades reales de seguridad y prevención de riesgos. Esta falta
de cumplimiento con las normativas vigentes mantiene situaciones de riesgo y
vulnerabilidad que podrían poner en peligro la integridad física de los
miembros de nuestro sindicato y, en general, de toda la comunidad universitaria.
Sabemos que el SUGIR ha sido robustecido en su estructura operacional, aunque
pareciera que solo se ha tratado de contratar personas recomendadas sin ninguna
experiencia, ya que a pesar de esto su pobre desempeño sigue siendo
prácticamente el mismo.
Por si
fuera poco, se observa en la generalidad de las edificaciones universitarias,
una alarmante falta de equipamientos y dispositivos esenciales para la
seguridad, tales como hidrantes, extinguidores, equipos contra incendios, y
señales informativas, preventivas y restrictivas y de obligación y luces de
emergencia, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados
Internacionales aplicables; tampoco existen salidas o escaleras de emergencia,
rutas de evacuación formales y seguras e instructivos y manuales donde se
consignen las reglas y orientaciones que deben observarse en caso de una
emergencia y en los que deberían señalarse las zonas de seguridad o los puntos
de reunión, mismos que no se encuentran actualmente definidos y marcados.
Los
simulacros de evacuación, como el que se llevó a cabo el 29 de abril pasado, se
realizan de manera superficial, casi como un espectáculo circense, donde se
presume romper récords de velocidad en el desalojo del personal. Sin embargo,
estas prácticas se llevan a cabo por rutas que no son de emergencia, ya que no
existen tales, y se desarrollan en un ambiente de desorden y de caos, guiadas
torpemente por los mismos trabajadores quienes fungen como brigadistas
oficiales, los que mediante un silbato y un gran vozarrón dan instrucciones a
diestra y siniestra acentuando la histeria y el pánico que suele darse en estos
casos. Esta situación se agrava aún más por la falta de protocolos adecuados y
la ausencia de señalización que indique las inexistentes rutas de evacuación,
lo que se traduce en desorden y caos total cuando realmente ocurre un temblor
donde cada persona debe buscar su propia salvación.
El tema
de la protección civil en esta institución se ha convertido en un asunto tabú;
pocos se atreven a mencionarlo o a discutirlo abiertamente. Se argumenta que no
hay recursos financieros suficientes para implementar las medidas requeridas
por la ley. No obstante, es importante señalar que la solución no se limita
únicamente a la disponibilidad de fondos; muchos de los instrumentos que se
hacen necesarios para mejorar la protección civil, podrían haber sido
desarrollados por los propios trabajadores administrativos, alumnos y
académicos de las diversas regiones de la UV, a través de programas de trabajo
que para el caso se hubieran implementado. La ausencia de partidas
presupuestales específicas para la protección civil dentro de los presupuestos
anuales autorizados en la UV, evidencia un desinterés total por parte de las
autoridades y demuestran la falta total de voluntad política que ha existido
durante la presente administración para atender este importante tema, lo que
plantea interrogantes serios sobre el compromiso de la institución con la
seguridad de sus miembros.
La
comunidad universitaria es consciente de que la Institución enfrenta una crisis
financiera sin precedentes, la cual está impactando de manera significativa la
realización de sus funciones esenciales. Muchas de estas han sido suspendidas o
se llevan a cabo de manera incompleta y deficiente, como es el caso de aquellas
vinculadas a la protección civil. El déficit financiero que actualmente afecta
a la Universidad Veracruzana se debe, en gran medida, al incumplimiento de los
subsidios que por ley le corresponden, como el famoso 4% que el Gobierno del
Estado no aportó en su pasada administración. Esta situación, que fue aceptada
de manera implícita, cobarde e irresponsable por las autoridades y la comunidad
universitaria, ha generado un impacto económico considerable, representando
entre 2023 y 2024, cerca de 1,800 millones de pesos anuales, equivalente al 30%
del presupuesto anual autorizado. Este panorama ha tenido repercusiones
negativas en múltiples aspectos de la vida universitaria.
Además,
esta difícil realidad se ha convertido en un pretexto para suspender, retrasar
o incluso anular diversas acciones universitarias que no son de interés para
las autoridades, mientras que se priorizan aquellas que garantizan el pago de
nóminas, bonos y otras compensaciones que estas reciben de manera generosa. Es
importante señalar que tales erogaciones son desproporcionadas en comparación
con las condiciones laborales del resto de los trabajadores, quienes son los
que realmente realizan el trabajo arduo y necesario. A su vez, se observa un
cuidado excesivo en cubrir gastos superfluos que buscan mejorar la imagen y
proyección de la Universidad Veracruzana y su Rector, a través de eventos
ostentosos y poco relevantes, así como de aportaciones a medios de
comunicación, un manejo exagerado de redes sociales, y un uso desmedido de
vehículos oficiales y rentados. Todo esto se complementa con viajes constantes,
tanto a nivel nacional como internacional, que parecen más enfocados en la
ostentación que en el bienestar de la comunidad universitaria.
A pesar
de los discursos oficiales que diariamente se emiten desde la Rectoría sobre la
supuesta austeridad republicana aplicada al gasto universitario, la realidad es
bastante diferente. El Director del SUGUIR disfruta de ingresos desmesurados
que, aunque no justifican su labor, le permiten llevar un estilo de vida
ostentoso. Este incluye viajes alrededor del mundo y la posesión de varios
automóviles, entre los cuales destaca un lujoso Mercedes Benz, Clase CLA 250,
cuyo valor supera el millón de pesos. Sin embargo, se repite el mismo discurso
de que no hay recursos disponibles. La situación se ve favorecida por la falta
de un registro patrimonial de los servidores públicos en la Universidad
Veracruzana, lo que exime a estos altos funcionarios de presentar una
declaración de sus ingresos. Esta opacidad les permite actuar con total
discrecionalidad, beneficiándose de manera desmedida y en función de sus
propios intereses.
Este
contexto sugiere que, bajo las políticas nefastas aun impuestas en la UV por
Cuitláhuac García Jiménez, el Rector y sus allegados impulsados y cobijados por
este, están dispuestos a hacer lo que sea necesario para perpetuarse en el
poder. Su ambición es tal que como lo hemos visto, han recurrido a prácticas
indignas y cuestionables para asegurar su continuidad en esta más que decaída
casa de estudios. Esto se hizo evidente en acciones como la entrega de premios
injustificados a supuestos inventores, en la manipulación burda de la Ley
Orgánica en componenda con el Consejo Universitario, o tratar de sorprender al
Congreso del Estado para que en fast track, se aprobaran sus pretendidas y
convenientes reformas y favorecer con todo esto sus mezquinas aspiraciones de
reelección. Creemos que ni los legisladores actuales ni la Gobernadora del
Estado, solaparan estas inmorales e indignas pretensiones.
¿Nos
cuestionamos, en donde están la Junta de Gobierno y la Contraloría Interna?,
instancias que deberían proteger los intereses de la universidad y garantizar
el cumplimiento de las leyes, aquellas que creemos que alguna vez juraron
respetar. ¿Asimismo, donde están los sindicatos universitarios, incluido el
nuestro?; estos parecen haber caído en una complacencia alarmante, priorizando
intereses personales sobre la defensa de sus agremiados. Esta situación se
agrava al observar que aquellos que deberían velar por el bienestar de la
comunidad universitaria están más preocupados por sus propios intereses y
conveniencias. A pesar de su aparente desconocimiento de la ley, es evidente
que son conscientes de las carencias en materia de seguridad que se dan en su
entorno laboral. Estos individuos, que ostentan posiciones privilegiadas, se
benefician de un sistema de trueque en el que intercambian favores y prebendas,
encubriendo abusos y omisiones que los convierten en cómplices de una conducta
que, a todas luces, se aproxima a lo criminal.
Sin
duda, surge la inquietud sobre la permisiva inacción de la Secretaría de
Protección Civil estatal, que ha estado ausente en el cumplimiento de sus
responsabilidades legales, no solo en la Universidad Veracruzana, sino en todas
las instancias de la Administración Pública, ya sea estatal, federal o
municipal. La falta de preparación y de una cultura sólida en materia de
protección civil es alarmante, especialmente cuando recordamos el devastador
sismo que vivimos en 1985 en la Ciudad de México, un evento que dejó cicatrices
profundas y que evidenció la fragilidad de nuestras estructuras y protocolos de
seguridad.
A casi
cuatro años de esta administración universitaria, la ausencia de iniciativas
concretas para implementar políticas de prevención de riesgos es preocupante.
La inacción parece ser la norma, y no se vislumbra ya ningún cambio en el
horizonte. La historia nos ha enseñado que, lamentablemente, solo se actúa ante
la inminencia de un desastre o después de este. La expectativa es que, en algún
momento, un evento significativo nos obligue a reaccionar, y será evidente
quiénes son los responsables de estas negligencias. La identificación de los
actores que han permanecido inertes ante esta situación será crucial, ya que su
indolencia podría tener consecuencias devastadoras para aquellos que menos
pueden afrontar el impacto de un desastre. Esta carta representa un testimonio
claro para el futuro.
Dudas y
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