El Plan “B” y “C” del repudiado rector de la UV, Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Claudia Guerrero Mtz | 18 junio 2025
Tribuna
Libre.- Tristeza que la Universidad Veracruzana esté secuestrada por una mafia
universitaria, bajo las órdenes del aún rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
El mismo, quien toda su vida se ostentó como experto en el estudio de los
Movimientos Sociales en México y no ve, haber creado un nuevo movimiento
universitario de repudio en su contra, por querer mantenerse en un nuevo
periodo, cuando la normatividad de la UV lo descarta por sobrepasar la mayoría
de 65 años. Así como una Junta de Gobierno integrada por mafiosos que pretenden
seguir gozando de privilegios, plazas de investigador y pago de dádivas. Y por
fin, la gobernadora Rocío Nahle, en una conferencia de prensa, le pide a Martín
Aguilar que se emita la convocatoria para aspirantes y candidatos a la Rectoría
de la UV, en un claro mensaje y detener argucias, violación a la Ley Orgánica y
excusas antijurídicas para apoyo a Aguilar Sánchez y sus aspiraciones para un
nuevo periodo, mismas, quedaron enterradas.
UV, el
rector y la mafia universitaria, vaya combinación.
Es
importante señalar, más allá de la autonomía universitaria, existe un conjunto
de leyes que regulan el contexto de la vida universitaria y el Dr. Martín
Gerardo Aguilar Sánchez omite una serie de derechos, que tiene acceso la
comunidad universitaria y todo indica olvidar el principio de legalidad que le
obliga a cumplir con la ley, desacatando el hecho de no cumplir con el
requisito de 65 años para asumir la responsabilidad.
Y
vergonzosamente, el todavía rector asume la interpretación de la Ley
Universitaria para su beneficio y comete varias faltas penales y
administrativas, como es la usurpación de funciones, pues en su encargo no puede
interpretar las leyes, ya que es una autoridad administrativa, esta facultad es
propia del Congreso de Veracruz. Sus declaraciones son prueba suficiente para
acreditar esta falta.
Claramente
comete el delito de abuso de autoridad, pues al negar el derecho de audiencia a
la comunidad universitaria, violenta los derechos humanos que dice promover y
nunca cumplió durante su encomienda, interponiendo sus intereses personales o
del grupo que lo acompaña en su gestión universitaria. Al solicitar la prórroga
de manera directa, cancela la posibilidad tanto a los aspirantes, como la
comunidad de ejercer su derecho de audiencia, lo cual, daría oportunidad a la
procedencia del amparo indirecto, lo que de manera inmediata suspende todo el
proceso de designación del rector para el periodo 2025-2029.
Y esto
provoca, que llegado al 1o de septiembre, pudiera continuar Martín Aguilar por
el litigio de este recurso constitucional.
Adicionalmente
se acredita el conflicto de intereses, pues realiza un consejo universitario
general para atender un interés propio del rector y desvirtúa el sentido colectivo de las
resoluciones de este organismo universitario. Así que, en conjunto, estaría
acreditando las siguientes faltas administrativas y penales: Abuso de
autoridad, usurpación de funciones, conflicto de intereses y la violación
colectiva de los derechos humanos de la comunidad universitaria.
La
única manera de entender esta atrevida e ilegal acción por parte del rector,
obedece a lo que José Manuel Naredo, economista español, autor de “La taxonomía
del lucro” (2019) denomina la corrupción del mundo académico, la cual, surge de
la relación entre la estructura política y el sistema económico mercantil, esto
es, al rector no le interesa el desarrollo académico de la institución, como se
ha acreditado en los últimos años, pues al parecer solo le mueve el sentido de
mantener los privilegios económicos y políticos de él y su grupo, además de
posicionarse para los futuros escenarios políticos.
Este
interés de grupo lo condujo a no aceptar la recomendación de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, que señaló a la Directora General de Desarrollo
Institucional, Dra. Jaqueline del Carmen
Jongitud Zamora, de violentar los derechos humanos de una trabajadora, a pesar
de ser abogada y tener una maestría en la materia.
Esta
funcionaria, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, no solo es parte de su
camarilla, es el plan “B” del rector y su grupo de interés para seguir
sangrando a la UV para su beneficio. Por lo anterior, surge un dilema para la
Junta de Gobierno, de cómo justificará la designación de Jongitud Zamora,
cuando pesa sobre ella, la recomendación y ratificación de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, la misma que no aceptó en su momento, violentando el
derecho de la víctima trabajadora de la UV.
Si
estuviéramos en el imaginario escenario “B”, en el supuesto que la Junta de
Gobierno eligiera como próxima rectora a la Dra. Jongitud, autora del libro:
“Corrupción académica en Educación Superior: Cómo identificarla y cómo hacerle
frente”, pesaría en su imagen la recomendación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, ratificando la resolución número 04 de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora tendría que dejar el encargo, pues sería
causa suficiente para destituirla del mismo, junto con las afectaciones
institucionales y descrédito social de la UV en los temas laborales que se desprenden
de ésta.
Por lo
pronto, el rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez ha logrado lo impensable e
increíble: Organizar a la comunidad universitaria, pero en su contra. Jaqueline
del Carmen Jongitud Zamora está convocados a exconsejeros universitarios y
maestros para el apoyo de Martín Aguilar, quien de no quedar en la contienda,
pretende imponer a la Dra. Jongitud Zamora, quien tiene la virtud de tener
muchos enemigos y afectados, a su paso como funcionaria de la Universidad
Veracruzana.
Y sobre
el plan “C”, Martín Aguilar ve con desesperación imponer a Jorge Genaro Vicente
Martínez, quien fue nombrado el 8 de noviembre de 2024 como nuevo
vicerrector de la Zona Veracruz, sin
importante trayectoria académica y sólo ser el protegido del Dr. Juan Manuel
Pinos Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno y quien actualmente es
protegido por el improductivo senador
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien interviene en los criterios del
aún rector Martín Aguilar.
Los
Derechos Humanos y Universitarios no son respetados por esta mafia de pillos,
culpables de la debacle de nuestra máxima casa de estudios. Y son los mismos
que prometieron cuidar y honrar a la Universidad Veracruzana, cuando en
realidad, como dice el sabio refrán popular: “Ya les salió el cobre”.
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