* La
ICC México presenta 14 recomendaciones clave para una ley moderna, eficaz y
alineada con estándares internacionales
Ciudad de México| 10 junio 2025
Tribuna
Libre.- La International Chamber of Commerce México (ICC México) reconoce que
las iniciativas actualmente en discusión en el Congreso de la Unión para
reformar la Ley Federal de Competencia Económica avanzan en una dirección
correcta; no obstante, identifica importantes áreas de oportunidad que, de ser
atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en
México y aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer al país.
Entre
los hallazgos más relevantes del Foro convocado por la ICC México el pasado 29
de mayo, destacan 14 recomendaciones clave y, en este sentido, el capítulo
mexicano de la organización mundial de las empresas expresa su plena
disposición para colaborar técnicamente con las y los legisladores, con el fin
de enriquecer la deliberación parlamentaria y lograr una legislación moderna,
eficaz y alineada con las mejores prácticas internacionales.
El foro
fue convocado por la Comisión de Competencia Económica de la ICC México,
presidida por el Miguel Flores Bernés, y contó con la participación de
destacados abogados y economistas expertos en la materia, entre quienes figuró
la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE), Andrea Marván, quien además de realizar la inauguración del evento,
subrayó la relevancia de escuchar al sector técnico y académico para fortalecer
los procesos legislativos.
Las
iniciativas analizadas incluyen la propuesta enviada por la presidenta electa,
Claudia Sheinbaum Pardo, así como otras iniciativas promovidas por legisladores
y, todas ellas, comparten el objetivo de mejorar el sistema de competencia en
México mediante la creación de una nueva autoridad con facultades más claras,
procesos más ágiles y una estructura más sólida.
Principales
conclusiones del foro
Los
especialistas coincidieron en que las reformas proponen avances sustantivos
como:
•
Fortalecimiento de la independencia técnica de la autoridad de competencia.
•
Creación de un órgano colegiado con separación de funciones entre investigación
y resolución.
•
Reducción de plazos para mayor eficacia procesal.
•
Alineación de sanciones con estándares internacionales.
Sin
embargo, también señalaron 14 áreas prioritarias de mejora como son:
1.
Blindaje de la autonomía técnica, evitando interferencias políticas o
empresariales.
2.
Nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos,
designados por diferentes titulares del Ejecutivo.
3.
Inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones
competitivas.
4.
Certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva
autoridad.
5.
Multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias
internacionales.
6.
Aprovechamiento del capital humano especializado de la COFECE e IFT.
7.
Mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y
transformación digital.
8.
Precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones
administrativas.
9.
Claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o
“limitar indebidamente”.
10.
Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas.
11.
Extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos.
12.
Certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de
investigación.
13.
Mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo
caución.
14.
Transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y
operativa.
La ICC
México reitera su vocación como espacio técnico y plural para el análisis
riguroso de políticas públicas que inciden en la vida económica del país, por
lo cual hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para abrir espacios
de diálogo con organizaciones especializadas y aprovechar el conocimiento
acumulado en materia de competencia económica.
México
se encuentra ante una oportunidad histórica de fortalecer su entorno
regulatorio para estimular la inversión, proteger a los consumidores y
garantizar un campo parejo para todas y todos los participantes del mercado.
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