Abusos y detenciones ordenadas por Verónica Hernández Giadans: La historia de Samantha y su pequeño hijo
***Policías
ministeriales de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro
Coordinación en Coatzacoalcos, Veracruz, quienes sometieron al menor a tratos
crueles e inhumanos.
Claudia Guerrero Mtz | 01 julio 2025
Tribuna
Libre.- Nadie da una explicación lógica por la permanencia de Verónica
Hernández Giadans, como titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Y creemos, que la gobernadora Rocío Nahle la trata con precaución, ya que
Verónica ha escalado como una operadora de líderes criminales. Y ser la
responsable de la debacle de la Policía Ministerial, quienes se dedican a
torturar, detener a víctimas y acatar lo que los lideres de plaza ordenan. Tan
sólo observan cómo Verónica Hernández Giadans es prima hermana de una operadora
del Comandante H en Coatzacoalcos y la misma fiscal general se rodea de
comprobados delincuentes, entre ellos el conocido como “El Pámpano”, uno de los
más aventajados asesores de la fiscal general.
También, usan a la FGE de Veracruz como institución al servicio y
venganzas de grupos criminales y cárteles asentados en este Estado.
En esta
entrega, daremos a conocer el caso de “Samantha” y su hijo de cinco años.
Con
denuncias interpuestas en contra de elementos y funcionarios de la FGE de
Veracruz, así como también, las quejas entregadas ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y en la Comisión de Víctimas del Delito en el Estado de
Veracruz por abuso de autoridad, fabricación de carpetas de investigación y
detención ilegal, pero sobre todo, la desaparición de un niño de cinco años,
quien durante días, los familiares buscaron incansablemente y la FGE no daba
respuestas, hasta que fue localizado con graves secuelas por haber presenciado
la tortura y violencia en contra de su madre, por parte de policías
ministeriales.
Y son
los policías Juan Antonio Peña Ruiz, Diego Yahir Córdoba Macías, María del
Rosario González Zamora y Luis Yair Fuentes Hernández, quienes se desempeñan
como elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada en
el Combate al Secuestro Coordinación en Coatzacoalcos, Veracruz y bajo la orden
directa de la fiscal general Verónica Hernández Giadans, así como José Alberto
Hernández Zamora, quien actualmente se desempeña como fiscal séptimo adscrito a
la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en Xalapa, Veracruz.
El tema
central de esta entrega es la exposición de motivos al haber privado de su
libertad a un menor de cinco años y ocho meses con las iniciales “PETF” y haber
sido torturado física y psicológicamente. Y vergonzosamente, haber estado
presente cuando torturaban a su madre de nombre “Samantha N”, quien fue
sometida a amenazas, torturas y abuso policiaco, para luego, ser golpeada y con
evidente tortura, fue ingresada al Penal de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.
El
inicio de esta historia llena de anomalías y abusos policiacos, como “hecho
punitivo”, ocurre el sábado 21 de junio del año 2025, cuando Samantha fue
detenida, junto con sus suegros Leticia “N” y Ramiro “N”, en un lugar muy
diferente al que se informó, durante un operativo perpetrado por la Policía
Ministerial, mismo, se dio a conocer ante los medios de comunicación y las
redes sociales. Se aseguró, presuntamente les habían "encontrado"
drogas y presuntamente habían atentado en contra elementos de la Policía
Ministerial, en la zona sur del Estado. Lo indignante, que durante el
operativo, nunca se definió la localización del menor hijo de Samantha.
El
calvario de la madre de Samantha se hizo evidente, cuando acudió a las
diferentes dependencias y nadie le daba referencias para localizar al menor de
edad con las siglas “PETF”. Y nos relata: "Ese mismo día por la tarde, me
trasladé hasta las instalaciones de la Unidad de Combate al Secuestro por sus siglas UESC, oficinas ubicadas en
Arco Sur, justamente a un lado del Centro Comercial “Walmart”, pero se
desconocía el paradero del niño. Al llegar a esas oficinas, se me informó por
parte del guardia de la entrada, que en efecto ahí se encontraban mis
familiares que buscaba, pero del niño no se sabía dónde podía localizarlo y no
se me permitió hablar con mi hija, diciendo el guardia que debía esperar a que
el fiscal, de nombre José Alberto Hernández Zamora, me recibiera en sus
oficinas”.
La
madre de Samantha “N” acudió a las oficinas del fiscal José Alberto Hernández
Zamora sin tener suerte y luego a la Fiscalía, sin que nadie le dé informes del
menor de edad, cuando es primordial la entrega del niño de cinco años, a un
familiar directo, en este caso, la abuela materna. La madre de Samantha fue
asesorada por un abogado, ya que los detenidos estaban incomunicados y fue
cuando se interpuso un amparo federal
con el juicio número 564/2025.
Y
abuela del menor abundó: “Al trasladarme de nueva cuenta a las oficinas de la
UESC, observé un operativo de varias patrullas de la Policía, quienes salían custodiando
a mis familiares en calidad de detenidos, esto lo supe porque el mismo guardia
de esa corporación, me indicó que mis familiares ya iban para el Penal de Pacho
Viejo, Veracruz, pero aún no conocía el paradero del niño. En ese momento, una
persona del sexo masculino me abordó y me dijo que él era el fiscal y mi nieto
se encontraba en el DIF municipal o estatal, que no me preocupara porque ya
estaba a disposición de esa autoridad en un lugar llamado “CONECALLI,” que era
un lugar seguro para mi nieto, pero que fuera hablar con el encargado o
procurador de ese lugar, proporcionándome su número de teléfono. Hasta ahí, aún
desconocía la causa por la cual mi hija estaba detenida y sus familiares”.
La
madre de Samantha se trasladó para ver al procurador o encargado del DIF y éste
le dijo que no me podía entregar a su nieto, afirmando que el menor estaba
bien, pero resguardado y tenía que autorizarlo el mismo fiscal, haciéndola dar
muchas vueltas, pues le dijeron que su nieto debía ser valorado por psicólogos
y demás personal especializado, así como le pidieron documentos para acreditar
el parentesco con el menor.
Y fue
hasta el día lunes 23 de junio, que la abuela pudo recuperar a su nieto y al
estar con él, no dejaba de llorar y nos relata: “Me dijo que los señores habían
secuestrado a su mamá y a sus abuelos, lo vendaron de los ojos y no lo dejaba
respirar las vendas colocadas en la nariz; que él lloraba mucho y les pedía a esos señores destaparle la cara.
porque no podía respirar, estos sujetos y una mujer, le decían groserías como:
“Cállate puto mocoso, no llores, no estes chingando y quédate acostado”, entre
otras frases intimidatorias a un niño de cinco años.
Y va
más allá: “A mi nieto, esas personas a las que les llama “señores”, lo tiraron
al piso de la camioneta y que le jalaban de los pelos para que se callara y
dejara de llorar, también me dijo que a su mamá, mi hija Samantha, le decían
que callara al niño, porque de lo contrario lo iban a matar y que lo iban a
tirar. Que dejara de llorar, mi hija les suplicaba a los señores no hacerle
daño a su hijo, que era un niño y no lo maltrataran, pero estos policías
ministeriales no le hacían caso y al niño lo trajeron vendado de su cara por
muchas horas, es decir desde el lugar que los detuvieron hasta esta ciudad de
Xalapa”.
Un
inocente niño, sin ninguna maldad, tuvo que ser sometido a esa tortura por
parte de la Policía Ministerial e independientemente del trabajo que esa
policía realice, debe cuidar la integridad no solo de las personas, también la
de los niños, quienes no tienen nada que ver en esos temas. Deben existir
protocolos de actuación en los eventos cuando existen menores de edad o
incapaces, para no traumatizarlos, aunque se encuentren en el lugar donde las personas son aprehendidas y trasladadas.
Después
de esta traumante experiencia, el menor no duerme, tampoco come y está
sumamente asustado, pues los policías ministeriales lo afectaron a su
desarrollo personal. El niño narra, en lo poco que duerme, sueña con los abusos
de estos policías, reclama la presencia de su mamá y piensa que estos señores
la mataron, porque ellos así se lo decían para callarlo y si no lo hacía,
matarían a su mamá y a sus abuelos, en claro abuso de autoridad y sobre todo,
crueldad a un menor de edad.
Cabe
mencionar que en la audiencia de control ante el juez Roberto Santos, dentro
del Proceso Penal con el número 342/2024 imputando a Samantha “N” y a sus
suegros Leticia “N” y Ramiro “N”, quienes manifestaron de viva voz sobre el motivo de su detención, siendo
totalmente arbitraria, al haber torturado al menor de edad por parte elementos
de la Policía Ministerial, al momento de la detención y se menciona en el
informe policial homologado, que se encuentra inserto en actuaciones del
proceso penal en mención, siendo los policías ministeriales quienes sometieron
al menor a tratos crueles e inhumanos.
Y se
advierten los nombres de estos abusivos policías ministeriales, porque están
integrados dentro de la carpeta de investigación ministerial con el número
FIM/F7°/048/22025 y son ellos los elementos que aprehendieron a Samantha y a
sus suegros, así como son estas personas quienes físicamente torturaron al
menor de edad.
La
madre de Samantha expone: “Señalo directamente al señor fiscal José Alberto
Hernández Zamora, quien impidió en todo momento tener comunicación con mi hija,
impidió darme la oportunidad de que estuviera yo al tanto de mi nieto, siendo
este señor quien por ser el coordinador de la investigación y abusando de sus
funciones, tuvo la obligación de salvaguardar los intereses de mi nieto,
pudiendo haberse comunicado con algún familiar cercano de mi nieto, ya que como
se desprende del audio y video de la audiencia celebrada en el juzgado de
control, mi hija y sus suegros refieren puntualmente que el fiscal y los
policías nunca les permitieron tener un defensor de su confianza, no los
dejaron comunicarse con sus familiares desde su detención, también mencionan
que ellos pedían hablar con un familiar, siendo el mismo fiscal quien dejaba
pasar el tiempo y practicó diligencias a modo”.
Y como
denuncia ciudadana, expone la fabricación de la carpeta de investigación:
“Observo con atención ahora las diligencias ministeriales e informes que
practicaron los ahora denunciados, siendo que es totalmente falso su actuar, mi
hija y sus suegros no fueron detenidos en el lugar que ellos señalan, ellos
estaban saliendo del Penal la Toma, después de ir a visitar al hijo de los
detenidos en Amatlán, Veracruz y fueron metros más adelante que los detuvieron,
esto me consta porque yo sabía que mi hija y sus suegros estaban en ese lugar
visitando a su familiar, tan es así que mi hija entró al penal a ver al padre
de su hijo, quien se encuentra internado en el Penal La Toma y ese día jueves
19 de junio del año 2025 se celebraría una audiencia en donde estarían
presentes mi hija y sus suegros, siendo la misma audiencia que fue suspendida y se realizaría
en la Sala 5 de ese penal”.
Un
caso, que a todas luces fue fabricada y ser los policías de la Unidad
Especializada en el Combate al Secuestro Coordinación en Coatzacoalcos,
Veracruz lo culpables de tanto abuso y sobre todo, exponer a un menor de cinco
años a un trauma terrible y una abuela buscando a su nieto, ante una evidente
omisión por parte de los funcionarios de la FGE de Veracruz.
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