Xalapa, Ver. | 23 julio 2025
Tribuna Libre.- El diputado Omar Edmundo Blanco Martínez presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual exhorta a los tres órdenes de Gobierno, así como al sector empresarial de la entidad, para que fortalezcan e impulse políticas públicas y acciones afirmativas que promuevan la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad, bajo los principios de igualdad y no discriminación.
En su
intervención en la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Receso, el legislador
subrayó que lo anterior con base en lo dispuesto en el Artículo 21 de la Le y
para la Integración de las Personas con Discapacidad del estado de Veracruz.
El
diputado enlistó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) respecto a que en 2023 México registró aproximadamente 8.8 millones de
personas con discapacidad, de las cuales solo el 40.6 por ciento participa en
alguna actividad económica.
“Esta
desigualdad se vuelve aún más evidente al analizar las cifras por sexo; el 51.5
por ciento de los hombres con esta condición trabaja o busca empleo, mientras
el 31.3 por ciento de las mujeres participa en el mercado laboral; lo cual
refleja una doble barrera para este sector históricamente vulnerado”.
Agregó
que en Veracruz, estado con más de ocho millones de habitantes, el 8 por ciento
de la población de cinco años o más viven con alguna discapacidad, lo que
equivale a aproximadamente a 640 mil personas.
Indicó
que de los más de siete millones de negocios que operan en el país, solo el 1.5
por ciento reporta contratar activamente a personas con discapacidad, siendo
este un porcentaje incluso más bajo en el caso de las micro y pequeñas
empresas.
Por
otra parte, dijo que la magnitud del reto en materia de inclusión laboral aun
es mayor, toda vez que las personas con discapacidad aun enfrentan barreras
estructurales que les impiden acceder a un empleo digno y en igualdad de
condiciones. “Es muy común que los centros de trabajo no cuenten con
herramientas de apoyo como lectores de pantalla, rampas de acceso, materiales
en lectura fácil, ni otras adaptaciones necesarias para garantizar su inclusión
efectiva”.
Precisó
que el Artículo 21 de la Ley 822 para la Integración de las Personas con
Discapacidad de la entidad establece que los tres poderes del Estado, los
ayuntamientos y los organismos autónomos deberán reservar al menos el 3 por
ciento de las vacantes disponibles en plazas públicas para ser ocupadas por
personas con discapacidad, siempre que estas cumplan con los requisitos
técnicos y de aptitud necesarios para el cargo.
“Esta
disposición no es obligatoria para el sector privado, lo que deja un vacío
normativo importante en cuanto a la generación de oportunidades laborales en un
ámbito que concentra gran parte de los empleos”, añadió.
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