José Miguel Cobián Elías | 18 agosto 2025
Tribuna
Libre.-
El cerco de Estados Unidos contra México se va cerrando día con día. La segunda lista de capos solicitados por
Estados Unidos que merecieron el destierro ilegal pero necesario, indica
claramente que el gobierno del norte tiene muy definida su hoja de ruta.
Para los norteamericanos, el gobierno
mexicano es un narco gobierno. El estado mexicano es un narco estado que no controla la mayor parte
del territorio nacional, un gobierno que no proporciona seguridad ni física ni
jurídica a sus habitantes, un gobierno dedicado no sólo a saquear las arcas
públicas, sino también dedicado a hacer negocios o cuando menos solapar
empresas criminales.
Esa narrativa para consumo del votante
americano permite que paulatinamente sea más sencillo aceptar alguna intervención
en México, ya sea mediante ataques de drones o misiles contra personajes
específicos, e incluso operaciones encubiertas en las cuales fuerzas especiales
lleguen a algún lugar del país, enfrenten a guardias hostiles y secuestren a
personajes que la justicia americana, los militares o los marines decidan.
La situación empeora para la presidenta,
porque por un lado debe mantener el discurso de soberanía nacional, pero se
vuelve muy complicado cuando no está enterada previamente de las acciones a
tomar por los norteamericanos. Y no puede estarlo porque ellos saben que el
grupo de seguridad está infiltrado, y pondría en riesgo el resultado de sus
operaciones. La experiencia indica que cuando se avisa al gobierno mexicano de
una acción contra un criminal, éste recibe el aviso previamente y evita que
tengan éxito.
Es muy difícil pensar en una invasión como
las que conocemos históricamente, ya que el pueblo norteamericano es cada vez
más reacio a aceptar bajas norteamericanas en acción. Así que la intervención
si es que se lleva a cabo, será con tiros de precisión y con alta tecnología,
al grado de que en muchas ocasiones ni siquiera el pueblo mexicano se enterará
de lo que sucedió. Un misil caído en el
triángulo dorado, o en la sierra de Sinaloa pasará desapercibido para el gran
público. Lo cual simplificaría un poco las explicaciones que habría de dar la
presidenta.
Pero
el problema es que Estados Unidos vendrá por unos cuantos, quizá menos
de cien personajes de primer nivel. Pero
sus acciones tendrán un efecto muy fuerte que va a obligar a recomponer tanto a
las empresas criminales como sus objetivos.
Imagina que eres el segundo de una
organización criminal, y ya no puedes traficar drogas a Estados Unidos. Pierdes una rama de tu negocio, y además se
llevaron al jefe de jefes. Ahora tú
estás al mando, o diez como tú, y el grupo se fracciona. ¿Cuáles serían las consecuencias?
Primero una guerra entre las distintas
facciones para buscar consolidar otra vez el poder en los territorios que
consideran propios. Veamos hoy a
Sinaloa y entenderemos la gravedad del problema. Pero no es el único, el
siguiente problema es la diversificación.
Acostumbradas las empresas criminales a generar un flujo importante de
recursos que les permite pagar a todos los personajes que de dicha organización
dependen, tendrán que buscar otras fuentes de financiamiento.
La lógica es el tráfico de personas, pero
parece que ese negocio también dejará de florecer. Así que no les quedará más opción que voltear
al mercado nacional. Y con ello incrementar la venta de drogas en todos lados,
continuar con el cobro de piso y extorsión y desarrollar cualquier otro tipo de
actividad criminal que ayude a compensar los ingresos que perdieron por no
llevar drogas ni personas a los Estados Unidos.
Para las personas comunes y corrientes, esto
implica que habrá incremento brutal en la inseguridad, de la cual pocos podrán
escapar. Para las autoridades un reto
aún mayor, ya que si hoy no pueden (y creo que no quieren), controlar a las
bandas delictivas, ¿Qué van a hacer cuando se fragmenten e incrementen sus
actividades en territorio nacional?
Sabemos que la incapacidad del gobierno es enorme, y crecerá aún más.
Así, sin policías estatales y municipales que
no estén al servicio de los criminales, fiscalías inoperantes y sin recursos,
administración de justicia con personajes comprables como es la mayoría de los
nuevos jueces, y con áreas como el ejército y la guardia nacional contaminadas
parcialmente por el crimen, tendrán el reto de proporcionar seguridad y
justicia a los mexicanos, a sabiendas de
que son incapaces de lograrlo.
La reacción de la población puede ir desde no
hacer nada, a pasar a protestas con cierto grado de violencia, con el fin de
obligar al gobierno que reaccione. Pues
quedará claro que la acción de los vecinos del norte va únicamente en contra de
aquéllos que les incomoda. La suerte de
los mexicanos ante las amenazas presentes y futuras que van a surgir de sus
operaciones es algo que no les importa en lo
más mínimo.
Sólo falta esperar y ver si la presidencia de
la república está consciente del reto que se avecina y si será capaz de tomar
las medidas adecuadas para prevenirlo o minimizar sus efectos.
Mientras tanto, al ciudadano común solo le
queda cuidarse, y en caso de hacer justicia por su propia mano, ser muy
cuidadoso para borrar la evidencia y pasar a ser una estadística más de la
impunidad que impera en el país.
elbaldondecobian@gmail.com
@jmcmex
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