José Manuel Pozos Castro es señalado de ser la cabeza del "Cártel Inmobiliario" en el norte de Veracruz
Poza Rica, Ver. | 23 febrero 2026
Tribuna
Libre.- Parece ser que al actual Sub-Secretario de la SEGOB, José Manuel Pozos
Castro, quien como la caca de loro "Que Ni huele, Ni hiede" en la
administración estatal, pues le están sacando sus trapitos sucios por corrupto,
esto quienes lo conocen bien allá por la zona norte de la entidad veracruzana.
Y es
que la prestigiosa familia GIBB (propietarios del periódico La Opinión de Poza
Rica) el de mayor tiraje en el norte de la entidad, le dedican a José Manuel
Pozos Castro las 8 columnas de la edición el pasado viernes 20 de febrero de
2026 donde lo señalan de ser el CAPO del Cártel Inmobiliario en la zona norte
de la entidad veracruzana, específicamente en Tuxpan donde el ahora funcionario
estatal ha hecho de las suyas con total impunidad para llenarse los bolsillos
de forma ilegal y corrompiendo todo tipo de autoridades estatales.
Habrá
que ver qué acciones toma la Gobernadora Nahle ante esta clara evidencia de
corrupción por parte de su subordinado, al cuál como mínimo se le debería pedir
su renuncia para que como cualquier ciudadano enfrente dichos señalamientos,
así como a la justicia por los actos delictivos, de corrupción, e ilegales que
cometió al amparo de la "plenitud del pinche poder" como dijera el
bien recordado Tío Fide.
POZOS
CASTRO: CAPO DEL CÁRTEL INMOBILIARIO EN LA ZONA NORTE
*Un
grupo de criminales de cuello blanco opera comandado por el actual
subsecretario de la SEGOB.
El
subsecretario de Gobierno de Veracruz, José Manuel Pozos Castro, enfrenta una
acusación directa por fraude inmobiliario por ocho millones de pesos y una
presunta red de corrupción notarial, judicial y de intimidación contra una
mujer, a la que según la denuncia habría despojado de 15 hectáreas mediante engaños,
manipulación de contratos y uso faccioso del poder público, un peligroso cártel
inmobiliario operado en el norte de Veracruz.
No se
trata solo de política, se trata de una acusación directa de fraude
inmobiliario y persecución contra ciudadanos vulnerables, orquestada desde las
sombras de su asociación Juntos Más Poder, A.C. (José Manuel Pozos) y amparada
por su red de complicidades notariales.
EL
ENGAÑO: LA TRAMPA DE LOS 8 MILLONES
La
historia del despojo comienza el 8 de junio de 2016. Bajo la promesa de una
compraventa legal, Pozos Castro y su hijo, José Manuel Pozos del Ángel,
pactaron la adquisición de 15 hectáreas en el ejido La Ceiba (parcela 26
Z1P1/1), propiedad de la Sra. Maricela Rivera Mendoza. El monto acordado:
$8,000,000.00 (Ocho millones de pesos).
Sin
embargo, la legalidad fue solo el anzuelo. Utilizando la Notaría 10 de Tuxpan,
a cargo de Carlos Alberto Blanco Oloarte (señalado como pieza clave en este
engranaje de corrupción), Pozos Castro citó a la propietaria bajo condiciones
de aislamiento, mediante una artimaña tecnológica, mostraron en pantalla un
contrato con el monto correcto, pero al momento de la firma física impidieron
la revisión del documento bajo presión y falsas promesas de
"confianza".
EL
“AJUSTE” MÁGICO: DE LA PROMESA AL FRAUDE
Tras
retener el documento por tres años mediante evasivas, en 2020 la máscara cayó.
El contrato que Pozos Castro presentó no era el que la Sra. Rivera firmó
visualmente. El monto de 8 millones de pesos fue reducido arbitrariamente a tan
sólo $2 millones 355,311 pesos.
Este no
es solo un error administrativo, es un fraude civil y penal ejecutado con dolo,
donde el actual subsecretario pretendía quedarse con un patrimonio de alto
valor comercial por una fracción de su costo real, alegando “abonos”
inexistentes para cerrar la pinza del robo.
PODER,
SOBORNOS Y PERSECUCIÓN: LA LEY DEL MÁS FUERTE
Lo más
alarmante no es el fraude inicial, sino la maquinaria de terror que Pozos
Castro ha desplegado tras ser descubierto:
**Corrupción
judicial: Se le acusa de comprar la lealtad de los abogados defensores de la
víctima, dejando a la Sra. Rivera en la indefensión técnica.
**Soborno
a peritos: Testimonios señalan la entrega de dinero en efectivo y bienes
—incluyendo vehículos de modelo reciente— a peritos para que dictaminen a su
favor.
**Manipulación
de magistrados: Utilizando su peso político como exalcalde y actual funcionario
estatal, ha interferido en veredictos para truncar el proceso legal.
**Amedrentamiento:
La violencia ha escalado al ámbito familiar, con reportes de personal siguiendo
a los hijos de la afectada, en un claro intento de quebrar la voluntad de la
familia mediante el miedo.
“NADIE
ME GANA”: EL ORGULLO DE LA IMPUNIDAD
Fuentes
cercanas al proceso aseguran que Pozos Castro se jacta de que este conflicto no
es de dinero, sino de “orgullo”, afirmando que “nadie le gana”. Esta
declaración no es la de un servidor público, sino la de un cacique corrupto que
se siente por encima de la Constitución, dejando un historial de extorsiones.
Mientras
la Sra. Maricela Rivera ha buscado justicia por lo que legítimamente le
pertenece, el subsecretario de Gobierno utiliza el aparato estatal para
aplastarla. La permanencia de Pozos Castro en el servicio público es una
afrenta directa al Estado de Derecho y una amenaza para cualquier propietario
de tierras en la región.
El caso
de la parcela 26 en Tuxpan no es solo un proceso legal entre particulares, es
la prueba de cómo el poder político se utiliza para el enriquecimiento ilícito
y el despojo patrimonial. La justicia en Veracruz tiene una deuda pendiente con
la familia Rivera Mendoza.
Veracruz
no puede normalizar que un funcionario señalado por fraude y persecución se
escude en el cargo, mientras una ciudadana pelea sola por su patrimonio.
La justicia
no admite jerarquías: o se investiga hasta las últimas consecuencias o se
confirma que en el estado la ley sigue teniendo dueño.
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