***En ese tiempo el juez Anuar González Hemadi, fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras dejar en libertad a uno de los Porkys, supuesto violador de la menor de edad.
***"Los
Porkys de Costa de Oro", jóvenes exalumnos de un colegio católico y de
familias adineradas con vínculos políticos en el estado.
David Marcial Pérez. | 24 febrero 2026
Tribuna
Libre.- Junior’s es la manera de llamar en México a los hijos de familias ricas
e influyentes que se mueven con esa frivolidad, o más bien ese cinismo y
cobardía, que les da tener como escudo el poder de sus papás.
Hace
una década, el término volvió con fuerza a la conversación pública por el caso
de cuatro de estos junior’s —hijos de políticos y empresarios— que abusaron de
una menor en Veracruz.
El caso
de "Los Porkys de Costa de Oro" fue un mediático escándalo de abuso
sexual y pederastia ocurrido en Veracruz, México, en enero de 2015. El término
se refiere a un grupo de cuatro jóvenes de clase alta —Enrique Capitaine Marín,
Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez Acosta y Jorge Cotaita Cabrales— acusados
de abusar sexualmente de Daphne Fernández, una menor de 17 años en ese momento,
en el municipio de Boca del Río.
"Los
Porkys de Costa de Oro", jóvenes exalumnos de un colegio católico y de
familias adineradas con vínculos políticos en el estado.
La
denuncia de la víctima estuvo enterrada más de un año en la fiscalía estatal.
Solo gracias a la presión social, la Justicia se puso manos a la obra.
El caso
de Los Porkys —a los junior’s les suele gustar lo kitsch, aunque seguramente
ellos pensarán que esa palabra debe ser una marca de relojes caros— se
convirtió en un símbolo contra la violencia y la impunidad de los hombres
poderosos en México.
Pese a
todo, dos de ellos lograron fugarse sin problemas fuera del país. Apenas uno
pisó brevemente la cárcel.
La
sombra de los Porkys y de la impunidad de los junior’s planea sobre otro caso
reciente.
Una
joven se despertó en un cuarto de hotel de San Luis Potosí con un hombre que no
conocía y lesiones de violación.
El caso
se enreda más. Valeria, de 28 años, está diagnosticada como sonámbula desde los
seis.
Las
cámaras del hotel registraron cómo sale de madrugada de su habitación, avanza
desorientada por el pasillo hasta que una puerta de otro cuarto se abre y un
hombre la invita a pasar.
El
hombre, Guillermo Baeza, es sobrino de uno de los hombres más ricos de México,
fundador del Grupo Bafar.
Su
novio, con el que pasaba la noche en el hotel tras una boda, se despertó en
medio de la madrugada.
Al percatarse
de que no estaba, salió a buscarla, preocupado por sus episodios de
sonambulismo, donde pierde totalmente la conciencia, podían ponerla en peligro.
Cuando
el novio y el personal del hotel entran en la habitación de Baeza, ella
recuerda despertarse, oír cómo alguien mencionaba su nombre y darse cuenta de
que no sabe ni dónde está ni quién es ese hombre en boxers que está dentro del
cuarto.
Está
semidesnuda. Se tapa con una sábana y se va llorando a su habitación. Ahí se
mira por primera vez al espejo y se da cuenta de que su ropa interior está del
revés.
Mi
compañera Beatriz Guillen ha reconstruido el caso con documentos judiciales y
entrevistas con la víctima.
El
novio de Valeria le contó a mi compañera que mientras la joven estaba dentro de
la Fiscalía estatal contestando al primer peritaje psicológico, un “viejito” le
pide salir a hablar afuera.
“Yo ni
quería salir, porque no sabía a qué me estaba enfrentando. Ahí llegó otro señor
diciendo: ‘Oye, te aviso que al que estás acusando tiene una reputación
impecable’. Resulta que era su papá. Nos amenazó. Nos dijo que nos iba a
fregar”.
El
padre, Guillermo Baeza Fasar, es directivo de la empresa familiar, donde
también trabaja el hijo, de 27 años. Han pasado casi cinco meses desde que
ocurrieron los hechos.
Valeria
cuenta ahora con un dictamen médico —que señala lesiones sexuales— y uno
psicológico —que registra estrés postraumático compatible con una agresión
sexual— para enfrentarse a una de las familias más poderosas del país.
Ni el
acusado, ni la familia, ni la empresa han respondido a las preguntas de mi
compañera para conocer su versión.
Se
remiten a la posición de sus abogados, que primero lograron liberar a su
cliente en cuestión de horas, que había sido detenido en el hotel, por una
argucia formal.
Después
consiguieron que la Fiscalía de San Luis Potosí retire la denuncia penal por
entender que no está probado que Baeza forzara a Valeria y que los rastros de
actividad sexual tampoco están acreditados que correspondan con su cliente, ya
que no se encontraron restos de semen.
Los
peritos psiquiatras, sin embargo, insisten en que durante un episodio de
sonambulismo no cabe consentimiento alguno: “existe actividad motora sin
vigilia consciente y amnesia total del episodio”. Mientras que el código penal
es muy claro al establecer que no se necesita de eyaculación para considerarse
una agresión sexual.
La
defensa de Guillermo Baeza está a cargo del despacho Torsa Abogados, del que es
fundador e integrante el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe
Torres Sánchez.
A su
vez, la esposa del funcionario, Xitlálic Sánchez, es la vicefiscal jurídica del
Ministerio Público de San Luis Potosí. También su hermana, Silvia Torres
Sánchez, quien estuvo antes con él en el despacho, es magistrada del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado desde septiembre de 2025.
Este
vínculo con el poder preocupa a los asesores jurídicos de Valeria. Temen que se
repita el patrón de Los Porkys.
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