* El ángulo muerto más peligroso de nuestras democracias
José
Luis Camba Arriola | Sociólogo, Politólogo y Abogado
| 03 marzo 2026
Tribuna
Libre.-
Para pilotar un avión comercial con doscientos
pasajeros se exige, además de miles de horas de vuelo, una evaluación
psicológica periódica que acredite que el piloto posee el juicio, la
estabilidad emocional y el contacto con la realidad necesarios para no poner en
riesgo vidas ajenas. Lo mismo se exige a controladores aéreos, operadores de
centrales nucleares y astronautas. Nadie considera que estos requisitos atenten
contra sus derechos laborales. Son, simplemente, condiciones razonables para
ejercer una responsabilidad extraordinaria.
Ahora
considere esto: un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado tiene bajo
su responsabilidad no doscientas vidas, sino millones. Sus decisiones pueden
desencadenar guerras, agravar pandemias, destruir economías o vulnerar los
derechos fundamentales de poblaciones enteras. Y sin embargo, no existe en
ninguna democracia del mundo un mecanismo que exija a quienes aspiran a
gobernar demostrar que poseen las capacidades cognitivas y psicológicas mínimas
para hacerlo. Ni uno solo.
Esta no
es una omisión menor. Es el ángulo muerto más peligroso de nuestras
democracias.
El
poder enferma
David
Owen, neurólogo, psiquiatra y exsecretario de Relaciones Exteriores británico,
dedicó décadas a estudiar lo que denominó el «síndrome de hibris»: un patrón
clínicamente reconocible que aparece en líderes políticos tras el ejercicio
prolongado del poder. Grandiosidad progresiva, desprecio por el consejo
externo, confianza excesiva en el propio juicio, pérdida de contacto con la realidad
ordinaria. Owen documentó estos cambios en líderes tan diversos como Tony
Blair, George W. Bush y Margaret Thatcher.
Dacher
Keltner, psicólogo de Berkeley, aportó la evidencia neurocientífica: el poder
sostenido reduce la empatía, incrementa la impulsividad y genera patrones de
conducta que replican, literalmente, rasgos de daño cerebral en la corteza
prefrontal. El poder, en otras palabras, puede producir en quien lo ejerce los
mismos efectos que una lesión en la parte del cerebro responsable del juicio y
el autocontrol.
El caso
histórico más ilustrativo es quizá el de Enrique VIII de Inglaterra. Antes de
sufrir un traumatismo craneoencefálico grave en una justa en enero de 1536, era
un gobernante razonablemente funcional. Después, se transformó en un tirano
errático, paranoico y cruel. Los historiadores clínicos han identificado un
cuadro compatible con lo que hoy llamamos encefalopatía traumática crónica. Las
consecuencias las pagó Inglaterra durante décadas. Si hubiera existido un
mecanismo de evaluación, el cambio habría sido detectable.
No es
un espectro difuso: hay consenso clínico
Una
objeción frecuente es que no sabemos qué significa «aptitud mental para
gobernar». Pero no necesitamos saberlo. No necesitamos un consenso clínico
sobre qué hace a un buen gobernante —esa es una cuestión política—. Lo que sí
existe, y con solidez, es un consenso clínico sobre qué trastornos comprometen
gravemente el juicio, el control de impulsos, la empatía cognitiva y el
contacto con la realidad. Ese consenso está codificado en el DSM-5, el manual
de la Asociación Americana de Psiquiatría, y en la CIE-11 de la Organización
Mundial de la Salud, con criterios operacionales explícitos y validados
internacionalmente. El trastorno antisocial de la personalidad implica una
indiferencia estructural hacia el daño ajeno. Los trastornos neurocognitivos
mayores erosionan la capacidad misma de razonar. Los trastornos psicóticos
distorsionan la percepción de la realidad. Las formas graves del narcisismo
convierten al gobernante en alguien incapaz de recibir información que
contradiga su autoimagen. Ninguno de estos diagnósticos es caprichoso ni
culturalmente arbitrario.
Y no,
la depresión de Lincoln o la de Churchill no son argumentos en contra. La
depresión es tratable y no compromete necesariamente el juicio ejecutivo. Usar
estos casos como argumento contra las evaluaciones es una trampa retórica: se
escoge la condición más benigna del espectro para sugerir que cualquier filtro
sería injusto. Lo grave no es la depresión. Lo grave es la sociopatía
gobernando, la demencia decidiendo, la megalomanía con acceso al botón nuclear.
La
falacia del derecho a ser votado
«Pero
eso atentaría contra el derecho de todos a ser votados.» Esta es la objeción
más repetida y, paradójicamente, la más débil. Ningún derecho fundamental es
absoluto. Ya exigimos edad mínima, nacionalidad y, en muchos países, ausencia
de antecedentes penales para ser candidato. Nadie llama a esos requisitos
«atentados contra el sufragio pasivo». Son condiciones razonables para una
función de responsabilidad extraordinaria. La aptitud psicológica mínima es,
como mínimo, tan relevante como la edad o la nacionalidad.
Además,
la propuesta más sofisticada ni siquiera plantea excluir candidaturas. Plantea
transparencia: que los resultados de la evaluación sean públicos y que los
electores —cada uno de ellos, individualmente— decidan qué peso otorgarles. Del
mismo modo que la transparencia patrimonial no prohíbe que un candidato sea
rico, pero permite saber qué intereses podrían influir en su gestión.
La
pregunta incómoda
Piénselo
así: si mañana descubriera que el piloto de su próximo vuelo no ha pasado
ninguna evaluación psicológica en su vida, probablemente no subiría al avión.
Pero aceptamos, sin pestañear, que quienes toman decisiones que afectan a
millones de personas —incluidas decisiones sobre guerra, pandemias y política
nuclear— operen sin ningún control equivalente.
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