Título de la Columna: Crece inconformidad contra la Fiscal de Violencia de Género en Edomex
Autor: Víctor Hugo Arteaga | 03 marzo 2026
Tribuna
Libre.-
Vaya momento el que vive el Fiscal
General del Estado de México José Luis Cervantes, a quienes grupos del Congreso
del Estado de México comienzan a cuestionar por los bajos resultados en el
combate a la delincuencia y procuración de justicia.
La
justicia no puede ser un péndulo. Mucho menos cuando se trata de la violencia
de género.
En el
Estado de México, grupos de empresarios varones han comenzado a buscar asesoría
del más alto nivel debido a lo que consideran un abuso constante de Dilcya
Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal General para la Atención de
Delitos Vinculados a la Violencia de Género.
La
figura de la fiscal se ha convertido en una de las más visibles, y también más
debatidas, dentro del aparato de procuración de justicia que depende de José
Luis Cervantes.
No es
un cargo menor. El Estado de México arrastra, desde hace años, cifras
alarmantes en feminicidios, desapariciones y violencia familiar.
En ese
contexto, la fiscalía especializada nació como una respuesta institucional a
una deuda histórica con las mujeres. Nadie puede minimizar esa necesidad.
Pero en
la aplicación de la justicia, el riesgo no está solo en la omisión, sino
también en el exceso.
En
distintos colectivos de padres de familia, particularmente aquellos inmersos en
litigios por custodia o convivencia, comienza a crecer una narrativa incómoda:
la percepción de que existe una tendencia a criminalizar de manera automática a
hombres denunciados en contextos familiares, incluso antes de que exista una
investigación sólida o una resolución judicial firme.
La
pregunta es obligada: ¿es una política institucional o casos aislados? ¿Es
percepción o patrón? ¿Hay denuncias formales contra la fiscal o contra su
actuación?
Hasta
donde consta en información pública disponible, no existen sentencias
judiciales ni resoluciones firmes que acrediten responsabilidad penal o
administrativa directa contra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros
por un esquema sistemático de criminalización de padres de familia. Tampoco
hay, a la fecha, una sanción emitida por órganos de control que la inhabilite o
la responsabilice por violaciones graves al debido proceso.
Eso no
significa que no haya inconformidades. Las voces comienzan a sumarse y a
organizarse y pronto estará en el escritorio de la Gobernadora, pues al parecer
se han descubierto prácticas irregulares dentro de esa fiscalía.
Amenazas,
chantajes, extorsiones, asaltos en lugares públicos, y lo peor, la utilización
de agentes de esa fiscalía plenamente identificados para atacar a empresarios
en el Estado de México, sin órdenes legales, y enviados, como sicarios, desde
el nivel más alto de esa fiscalía especializada.
En
redes sociales y en foros de litigantes se documentan señalamientos sobre
presuntas actuaciones desproporcionadas en casos de denuncias por violencia
familiar o abuso, donde los imputados aseguran que las medidas cautelares se
dictan con base en criterios amplios y con escasa posibilidad inmediata de
defensa. Pero una cosa es la crítica pública y otra muy distinta una denuncia
formal con sustento jurídico que haya prosperado.
El
debate es delicado.
Por un
lado, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional y convencional de
proteger a mujeres y menores frente a la violencia. Las fiscalías
especializadas surgieron precisamente porque durante décadas la justicia fue
omisa, lenta o indiferente ante agresiones que terminaban en tragedias.
Por
otro lado, el principio de presunción de inocencia no es negociable. Ni
siquiera en causas legítimas. La justicia con perspectiva de género no puede
convertirse en justicia sin debido proceso.
Si hay
casos de abuso en la aplicación de medidas, deben investigarse. Si existen
denuncias formales contra la fiscal o su equipo, corresponde a los órganos
internos de control y, en su caso, a instancias judiciales revisarlas con
transparencia.
En
temas de familia, las emociones se desbordan y las narrativas se polarizan.
Pero la política pública no puede construirse desde la anécdota ni desde el
rumor.
Lo que
sí parece evidente es que el cargo que ocupa Dilcya Samantha García Espinoza de
los Monteros exige un equilibrio quirúrgico: proteger sin prejuzgar, investigar
sin criminalizar, acompañar sin sustituir al juez.
Porque
cuando la justicia se inclina demasiado hacia un lado, pierde credibilidad. Y
cuando pierde credibilidad, pierde su fuerza.
Y en el
Estado de México, donde la violencia de género es una herida abierta, lo que
menos se necesita es que la fiscalía especializada se convierta en otro frente
de confrontación social.
La
discusión no debe ser hombres contra mujeres. Debe ser justicia contra
impunidad.
Y esa
es una diferencia enorme.
Las
voces que buscan mostrar las malas prácticas de la Fiscal Dilcya Samantha
García Espinoza de Los Monteros ya no son pocas y la pregunta para el Fiscal
General es si ¿está enterado de los procesos poco legales que desde esa unidad
se manejan?
Muchos
empresarios y sus equipos legales se preguntan ¿por qué José Luis Cervantes la
protege a costa del decremento de su imagen pública?
¿Por
qué prefiere hacerse de la vista gorda en ese sentido y permitir los abusos en
contra de muchos padres varones sólo por haber nacido hombres?
En las
próximas semanas este delicado tema comenzará a detonarse, y quienes se saben o
sienten afectados han comenzado a reunir sus pruebas periciales y sus datos de
prueba, para mostrar el grave patrón en muchos casos, sin aparente
justificación legal.
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