Mussio
Cárdenas Arellano| 07 septiembre 2026
Tribuna
Libre. – Si no fuera político, Dante sería legista. Hunde el bisturí y hace la
necropsia anticipada de Rocío Nahle, exhibiendo el uso faccioso del aparato
judicial, el asedio a sus enemigos, la cárcel como destino, la persecución.
Resultó peor que Cuitláhuac, reseñó.
Alza la piel y el hedor cunde. Toca la entraña
y aflora la inmundicia. Nahle usa el gobierno para saciar venganzas, someter a
sus críticos, violentar la contienda electoral, robar alcaldías, negar la
disidencia, convertir el diferendo político en carpetas penales, desaforar
presidentes municipales, aterrorizar al político y al ciudadano común.,
Dante
Delgado Rannauro, el ex gobernador de Veracruz, el fundador y líder moral de
Movimiento Ciudadano, abre en canal al proyecto Nahle. Lo destaza. Extirpa
tumores y gangrena, los signos de un cuerpo que no llega a dos años y ya se
pudrió.
Lapidario,
el discurso de Dante sacude al Consejo Político de Movimiento Ciudadano, el 30
de agosto, en Boca del Río, y hace crujir a Morena, a la banda que circunda a
Nahle, la gober, a los Martínez Marié, a las Margaritas Corro, a los Ramírez
Zepeta, a los Romero Aquino, a la prensa rastrera, potenciando la paranoia, el
desvarío, la bajeza y la diatriba. Y la que se agazapó fue Nahle.
“La
gobernadora ha utilizado su voz y su cargo para construir una condena política
previa a cualquier procedimiento institucional”, fustigó Dante Delgado.
“¿Qué
diferencia hay entre el gobierno anterior y el actual? -agregó-. Que en menos
tiempo la gobernadora lo ha hecho peor”.
Peor
que Cuitláhuac García Jiménez es una proeza. Y Rocío lo pudo hacer.
“En
nuestro estado la justicia lleva décadas sometida a los intereses del poder
–apuntó Dante–. Se han utilizado las instituciones de procuración de justicia
como instrumentos personales y políticos: para perseguir adversarios, intimidar
voces críticas y proteger a quienes forman parte de su grupo.
“Han
cambiado los nombres y los partidos, pero esa práctica se ha mantenido. Con el
paso de los años, la persecución se ha vuelto más abierta y desvergonzada.
“Primero
se acusa desde el micrófono, se condena ante los medios y después se inventa el
expediente. El discurso desplazó a la investigación y, en un proceder así,
nunca habrá justicia”.
Luego
vino lo crucial.
“En
diciembre de 2021 –dijo Dante Delgado–, durante el gobierno anterior de Morena,
José Manuel del Río Virgen fue detenido y encarcelado sin pruebas. José Manuel
es un veracruzano de bien, fundador de este Movimiento.
“Fue
un preso político. Salió de prisión como entró: siendo inocente. Aquel
atropello debió marcar el final de una época, no convertirse en antecedente de
nuevos abusos.
“A
casi 2 años debo decirle que gobernar Veracruz exige entender algo elemental:
se gobierna para los 212 municipios, no únicamente donde gobierna Morena; y se
protege a todas las personas, no sólo a quienes aceptan alinearse con el poder.
“Hasta
ahora, la gobernadora ha actuado de la misma forma intimidante y golpista que
su antecesor.
“Movimiento
Ciudadano no pide impunidad para nadie. Si una persona comete un delito, debe
ser investigada, juzgada y, si existen pruebas, sentenciada.
“Lo
que exigimos es exactamente lo contrario a la impunidad: investigaciones
serias, presunción de inocencia, debido proceso y la misma ley para todos.
“Una
acusación de la gobernadora —que suena más a amenaza — no sustituye una
sentencia, y un desacuerdo político no debe convertirse en una carpeta penal.
“Durante
la elección municipal de 2025, diez de nuestras candidaturas denunciaron
amenazas en su contra. No recibieron protección del estado.
“En
mayo, Avisack Douglas fue asesinada durante un ataque a nuestra candidata en
Juan Rodríguez Clara. Ante ese clima de violencia, la obligación del gobierno
era proteger vidas, atender las amenazas y garantizar una elección libre.
“Pero
la respuesta de la gobernadora no estuvo a la altura de esa responsabilidad.
“En
lugar de actuar con prudencia y neutralidad, utilizó su voz y su cargo para
desacreditar a Movimiento Ciudadano y agraviar a nuestro coordinador nacional,
Jorge Álvarez Máynez.
“En
Papantla y Poza Rica ganamos en las urnas, a la buena.
“Lo
que Morena no pudo obtener con votos nos lo arrebató a la mala: detuvieron los
cómputos, trasladaron los paquetes electorales a Xalapa, aparecieron paquetes
violados y bolsas abiertas, anularon miles de votos y utilizaron su poder para
presionar al tribunal hasta revertir los resultados.
“En
Poza Rica incluso nos retiraron una constancia de mayoría que ya había sido
entregada.
“Fue
el primer gran fraude electoral de Morena en Veracruz.
“El
mismo patrón apareció fuera de la contienda. Cuando brigadas de Movimiento
Ciudadano auxiliaron a familias afectadas por las inundaciones, la gobernadora
nos acusó de mezquindad.
“Cuando
habitantes de Poza Rica marcharon para exigir justicia por el asesinato del
doctor José Antolín Montero, redujo la movilización a un “grupito” vinculado
con nuestro movimiento.
“Para
este gobierno protestar, exigir seguridad y hasta ayudar, se vuelve sospechoso
si lleva un color distinto al de su partido.
“El
5 de agosto, en sesiones a puerta cerrada, el Congreso retiró el fuero a Raúl
González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero,
alcalde de Úrsulo Galván.
“Las
acusaciones deben investigarse con apego a la ley, pero el desafuero no
acredita culpabilidad y ninguna mayoría legislativa puede cancelar el derecho
de defensa.
“También
se han denunciado presiones para que alcaldes, síndicos y regidores abandonen
Movimiento Ciudadano y se incorporen a Morena.
“El
caso de Jesús Uribe en Las Choapas exhibe el modus operandi: la gobernadora
utilizó el aparato del poder para presionarlo judicialmente, hasta que anunció
que se sumaría a Morena.
“La
gobernadora ha utilizado su voz y su cargo para construir una condena política
previa a cualquier procedimiento institucional.
“No
sólo ataca a sus adversarios: degrada la dignidad del cargo que representa”.
Golpista,
maniquea de la ley, no sólo ataca a sus adversarios, sino que degrada la
dignidad del cargo, defraudadora electoral, manipuladora de los tribunales y de
la ley.
Es
la disección de Rocío Nahle. Es la necropsia anticipada de un gobierno corroído
por dentro, putrefacto, que hiede y pudre, generoso donde manda Morena,
implacable donde huele a oposición.
Dante
destazó a Nahle. La guerra estalló.
METADATO
Pedro
Miguel le solapa todo a la cervecera, la titular de los permisos para vender
alcohol en el malecón. Le solapa que los bares y cantinas, restaurantes donde
se bebe a granel y depósitos de cerveza en el bulevar de Coatzacoalcos, operen
sin haber cubierto el pago anual. Por lo menos hasta julio pasado, quien
detenta esos permisos, la empresa de los González Salvador, concesionaria de
Grupo Modelo, que incluye a marcas como Corona, Victoria, León, Budweiser y
otras más, había incumplido el pago a la Tesorería Municipal, generando
inquietud y zozobra entre los titulares de los giros negros, restaurantes,
bares y cantinas por el riesgo a ser clausurados. Entre el alcalde Pedro Miguel
Rosaldo García y los González Salvador hay familiaridad. Pero una cosa es que
haya tolerancia y otra que la Dirección de Ingresos de la Tesorería se haga de
la vista gorda. La indolencia de Pedro Miguel Rosaldo García tiene doble
efecto: hay privilegios para los familiares del alcalde y hay daño al erario al
dejarse de cobrar los permisos para que operen los negocios cuyo principal
ingreso es la venta de alcohol en el malecón de Coatzacoalcos… Tres años y
cinco meses después, el exjuez Florencio Hernández Espinoza deja la prisión.
Rehén de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, pudo vencer la tozudez, la
inquina y el uso abusivo de la ley para lograr un cambio de medida cautelar. El
juez de consigna, René Ortiz Sartorius, adscrito a Coatepec, ya no aguantó más.
Hacía meses que se negaba a acatar el amparo tramitado por el exjuez Florencio
Hernández, que instruía que la prisión preventiva justificada en un penal de
Tapachula, Chiapas, debía cesar. Se vencieron los tiempos legales y el juicio
por cohecho, delito por el que acusan a Florencio Hernández a partir de una
acusación vinculada al encarcelamiento de dos familiares de la alcaldesa de
Xalapa, Daniela Griego, no avanza. Ortiz Sartorius ignoró reiteradamente el
amparo emitido por la jueza federal Flor de María Meléndez Sánchez hasta que
fue multado. Florencio Hernández podrá continuar su juicio en arraigo
domiciliario. Lo que enfrenta es una venganza política. Se negó a acatar la
línea que le transmitió Aurelia Jiménez, vía su secretario particular, David
Cardeña –o Cerdeña–, cuando ella presidía el Poder Judicial de Veracruz. Debía
manipular el caso Jesús Uribe, hoy alcalde de Las Choapas, denunciado entonces
por el crimen de un militar. Florencio Hernández se negó. Alegó que el juez
tiene independencia y autonomía. No tardó en recibir respuesta. Le armaron
carpetas administrativas y al final, la acusación por cohecho. Su caso se
volvió mediático. Su caso exhibió la podredumbre del Poder Judicial de
Veracruz, las trastadas de Aurelia Jiménez, el uso político para fabricar
culpables. Y fue la justicia federal, la decisión de la jueza Flor de María
Meléndez, lo que derrumbó la inquina y, así, podrá dejar la prisión y continuar
el proceso bajo arraigo domiciliario… El juez Cristóbal Hernández vuelve a las
andadas. Lo acusan de negarse a se niega sistemáticamente a acordar la
devolución del billete de depósito en un juicio correspondiente al expediente
112/2025, en el Juzgado Segundo Civil, en el puerto de Veracruz. Incurre en
retención indebida y abuso de autoridad, y será denunciado en breve. Las mismas
chicanas que solía usar en el Juzgado Primero Civil de Coatzacoalcos, donde aún
se halla la podredumbre que dejó. A ver si su protector y padrino, el
magistrado Ricardo Sobrevilla Castillo, lo sigue encubriendo. Tarde o temprano
van a caer. ¿Quién es ese alcalde que pagó 4.8 millones de pesos por la mansión
en que habita? Dos pistas: es del sur y la vivienda se la compró a un expolicía
Federal de Caminos…
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