Xalapa, Ver. | 30 enero de 2020
Tribuna
Libre.- La situación de
quiebra financiera que presenta actualmente el Sistema de Pensiones de
Veracruz, representa uno de los problemas más graves que vive el Estado y se
evidencia de manera indiscutible en la dificultad para poder pagar a tiempo y
en la forma debida las pensiones a los cerca de 30 mil pensionados y jubilados,
y para incorporar en tiempo y forma a los nuevos solicitantes que cada año se
suman. Ello debido a los montos que ha alcanzado el déficit anual que ha venido
creciendo desde su aparición en 1992 y que, en 2020 es de un valor superior a
los 3,000 mdp. El Gobierno del Estado se ha encargado de cubrirlo mediante
subsidios, pero también para éste se convirtió ya en un enorme compromiso
financiero, cada vez más difícil de cubrir.
Con un déficit tan elevado no existe forma de
que el Instituto de Pensiones del Estado, pueda, por sí mismo, garantizar el
pago a los pensionados actuales y a los casi 100.000 trabajadores en activo,
quienes en un ritmo creciente harán aumentar en los próximos años el número de
jubilados que demandarán una pensión. El problema se vuelve más grave cada vez
que ingresa un nuevo trabajador, pues el sistema no le está garantizando el
pago de la pensión en el largo plazo, ya que para que eso suceda, deberá haber,
después, más trabajadores que serán quienes financien a estos que ahora
ingresa.
La existencia del déficit implica un riesgo
para la existencia del IPE, que sólo puede eliminarse en el corto plazo
reduciendo la brecha existente entre los egresos y las aportaciones, la cual
requiere incrementar las aportaciones que realizan trabajadores y patrones, en
una magnitud que, en los próximos 20 años, garantice que se puedan cubrir los
beneficios de los hoy beneficiados con una pensión y los que se acumulen. De lo
contrario, el déficit deberá ser cubierto con recursos presupuestales del
gobierno del estado, lo cual representa una seria amenaza para la estabilidad
de las finanzas públicas estatales.
Esta brecha entre ingresos y egresos se puede
observar en la siguiente gráfica, que ilustra el comportamiento de los pagos
futuros de pensiones y las aportaciones futuras como proporción del valor de la
nómina de pensionados. Y donde se observa que dicho diferencial (déficit
actuarial) se agranda en la medida que los ingresos por aportaciones permanecen
constantes, y los egresos se incrementan, formando una “joroba” que alcanza sus
puntos más altos en el período 2025-2040, momento en que las pensiones
representarán un monto muy superior a lo recaudado por cuotas y aportaciones.
Esta tendencia duplicará el déficit actual en
2025, cuando sería de 6,015 millones de pesos y lo cuadruplicará en 2045 al
llegar a 16,675 millones de pesos, monto que se alcanzará cuando el trabajador
que hoy está iniciando a cotizar, tenga la antigüedad suficiente para
jubilarse. Es decir, con un déficit de esa magnitud y sin modificar las
condiciones actuales en que se financia el pago de las pensiones, un trabajador
que inicie a cotizar hoy, no tendrá asegurado el pago de su pensión cuando
obtenga la antigüedad y la solicite.
Hasta el momento, el único mecanismo que ha
garantizado el pago del déficit de pensiones ha sido el uso de recursos
presupuestales del Gobierno del Estado. Sin embargo, continuar así pone en
riesgo las finanzas públicas estatales porque entraña problemas en la
asignación y uso del presupuesto, ya que año con año, esa cantidad es mayor y
el Gobierno se ve obligado a obtenerla
reduciendo el presupuesto de otras dependencias o programas públicos, como
atención a la salud, educación, infraestructura, atención a los pobres,
mejoramiento del bienestar, seguridad pública, etcétera; lo que en la práctica
significa dejar de construir escuelas, clínicas, hospitales, carreteras,
puentes, infraestructura en general y limitar la compra de medicamentos,
subsidios a los pobres y adultos mayores, dejando de favorecer, con ello, a
millones de veracruzanos y provocando un fenómeno de regresividad en el gasto
público porque el beneficio de los recursos públicos se concentra en una
reducida cantidad de personas, muchas de las cuales obtienen pensiones muy
elevadas. Así, por ejemplo, en 2018 el pago de 610 pensiones mayores a 50 mil
pesos representa un monto de 470.8 millones de pesos, lo cual equivale a 21%
del subsidio que otorga el Gobierno del Estado al IPE, que este mismo año es de
2,261 millones de pesos.
Asimismo, una mayor asignación de recursos
públicos para el pago del déficit de pensiones también limita la posibilidad de
ampliar el empleo público por la vía de una mayor contratación de personal o la
basificación de quienes hoy trabajan por contrato o son eventuales, y por lo
mismo, restringe la posibilidad de ampliar la base de contribución y el
fortalecimiento de la capacidad de pago de las pensiones presentes y futuras,
dado que son los empleados de gobierno los que con sus cuotas y aportaciones
contribuyen a dicho pago. Esto ubica al sistema de pensiones en un “círculo
vicioso” que lo pone en riego de un colapso, porque la lógica del sistema de
pensiones basado en la solidaridad intergeneracional exige que crezca
permanente el número de trabajadores en activo, pero si los recursos para
contratación se ven limitados, (porque rivalizan en su uso con el pago de las
pensiones) ese número no crecerá y tampoco lo harán el monto de cuotas y
aportaciones, lo cual debilita la capacidad financiera para pagar pensiones y
amplía la necesidad de utilizar recursos presupuestales del gobierno estatal
para tal propósito.