*Detectan presunto daño patrimonial en 70
ayuntamientos, una dependencia, un fideicomiso y dos entidades paramunicipales,
por un total de 804.5 millones de pesos.
*Se instruye al Orfis iniciar la fase de
determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones e indeminizaciones.
Xalapa, Ver. | 31 enero de 2015
Tribuna Libre.- Con la
determinación de un presunto daño patrimonial de 70 ayuntamientos, dos
entidades paramunicipales, una dependencia y un fideicomiso, por un total de
804 millones 502 mil 578 pesos 35 centavos, el Pleno de la LXIII Legislatura
del Estado aprobó –por mayoría de votos– el Informe de Resultados de la Cuenta
Pública 2013.
Los miembros de la
Comisión Permanente de Vigilancia elaboraron el Dictamen, tras analizar el
Informe de Resultados que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(Orfis) presentó al Congreso del Estado en diciembre.
No aprobaron las
cuentas públicas de 70 ayuntamientos, en los que se detectaron 55 observaciones
que hacen presumir un daño patrimonial por un total de 533 millones 392 mil 698
pesos con 64 centavos.
También se detectó
que las comisiones municipales de Agua y Saneamiento de Coatepec y Fortín
presentaron irregularidades en su gestión financiera. La primera, por un millón
895 mil 92 pesos con 80 centavos, y la segunda, por un millón 295 mil 602 pesos
con 76 centavos, lo que hace un total de 3 millones 190 mil 698 pesos con 56
centavos.
El Dictamen, con
el voto en contra de los diputados Julen Rementería del Puerto, Fidel Robles
Guadarrama, Ana Cristina Ledezma López y Édgar Hugo Fernández Bernal, considera
que la Secretaría de Comunicaciones del estado (Secom), ahora Secretaría de
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tuvo un presunto daño patrimonial por
12 millones 545 mil 581 pesos con cinco centavos.
También, el
Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de pago
para la operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre
el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y de Construcción, Supervisión,
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de
Coatzacoalcos, presentó un supuesto daño por 255 millones 374 mil 105 pesos con
10 centavos.
Para estos casos,
el Congreso del Estado instruyó al Orfis iniciar la fase de determinación de
responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en contra de
los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implicó irregularidad o
ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos durante 2013, y que
presumiblemente afectaron la Hacienda Pública.
Sobre las cuentas
públicas del Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH),
el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), el Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información (IVAI), la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas y el propio Orfis, no se detectaron irregularidades ni
inconsistencias.
En el caso de los
Poderes Ejecutivo y Judicial, entidades paramunicipales, 142 ayuntamientos y
organismos autónomos, sólo presentaron inconsistencias de carácter
administrativo, que deberá atender e informar al Orfis su Órgano Interno de
Control.
POSICIONAMIENTOS
Por el Partido
Alternativa Veracruzana (AVE) el diputado Francisco Garrido Sánchez expuso que
el análisis de la Cuenta Pública 2013 se realizó por todos los integrantes de
la Comisión de Vigilancia, lo que se debe entender como el producto que la
sociedad reclama, con base en el principio de la transparencia y la rendición
de cuentas.
Este análisis y
dictamen –añadió–, es un mandato constitucional que a través del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis), como ente técnico coadyuvante,
determina si los entes fiscalizables se ajustaron a las medidas para la
comprobación de los recursos públicos que ejercieron.
Por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Gudiño Corro explicó que en el
análisis de la Cuenta Pública 2013 el Orfis verificó que los entes
fiscalizables se ajustaran a los parámetros transparencia. Auditó obras
públicas con base en los programas, planes y presupuestos, y constató que los
actos, contratos o convenios realizados se apegaran a la legalidad.
Los diputados
Julen Rementería del Puerto y Fidel Robles Guadarrama manifestaron su voto en
contra, por considerar que el Informe de Resultados que presentó el Orfis no
está fundado y que se requirió mayor información para un análisis completo por
los integrantes de la Comisión de Vigilancia.
Para el petista
Fidel Robles, es extraño que algunas dependencias no presenten irregularidades
o faltas administrativas, que a su consideración tuvieron, al no ejercer
recursos públicos, de lo que encontró referencia en el Informe.