*Determinan presunto daño patrimonial por 163
millones 990 mil pesos en 46 ayuntamientos, la SIOP, 3 Organismos Públicos
Descentralizados y un Fideicomiso.
* Ayuntamientos de Martínez de la Torre y
Soconusco solventaron de último momento.
Xalapa, Ver. | 30 enero de 2016
Tribuna Libre.- La LXIII
Legislatura local aprobó el Dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta
Pública 2014 de los entes fiscalizables del estado, en el que se detectó un
presunto daño patrimonial en 46 ayuntamientos por un monto de 116 millones 963
mil 192.83 y en una dependencia, 3 organismos públicos descentralizados y un
fideicomiso por un monto de 47 millones 27 mil 183.40.
En la décima
segunda sesión ordinaria, del tercer año de labores, el Pleno avaló con 47
votos a favor y la abstención del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, este
Informe, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS)
que resume las actuaciones que fundan y motivan la determinación de las
observaciones y recomendaciones en la gestión financiera de los entes
fiscalizables.
De los 48
ayuntamientos con presunto daño patrimonial, los responsables de la
administración de Martínez de la Torre y Soconusco solicitaron a la Comisión
Permanente de Vigilancia (instancia dictaminadora) les fuera recibida la
documentación para valorar la comprobación que no hicieron ante el ORFIS. La
comisión lo determinó viable y avaló sus cuentas públicas.
Por lo tanto se
determinó que en 46 ayuntamientos se advierten 179 observaciones por un monto
de 116 millones 963 mil 192 pesos que adquieren el carácter de presunto daño
patrimonial y un posible desvío de recursos. Esto da a lugar a la fase de
determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones contra los
responsables.
Los ayuntamientos
son Acultzingo, Agua Dulce, Atoyac, Atzacan, Calcahualco, Cerro Azul,
Chiconquiaco, Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Coacoatzintla,
Coatepec, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Coxquihui, El Higo,
Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes,
Ixhuatlán del Sureste, Jamapa, Las Choapas, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán,
Nogales y Omealca.
También Ozuluama,
Playa Vicente, Pueblo Viejo, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soledad Atzompa,
Soledad de Doblado, Tamalín, Tampico Alto, Tecolutla, Tierra Blanca,
Tlachichilco, Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Villa Aldama y
Zozocolco de Hidalgo.
En los que también
se detectó un presunto daño patrimonial fue la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP) con 14 millones 531 mil 229 pesos; los Institutos
tecnológicos de Acayucan, 5 millones 866 mil 468 pesos, y el de Naranjos con
113 mil 639 pesos, y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) con 25
millones 623 mil 840 pesos.
Al Fideicomiso Irrevocable
de Administración, Inversión y Garantía denominado Fideicomiso para el
Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER) se le encontró un presunto
daño patrimonial por 892 mil 5 pesos.
Para el resto de
los entes fiscalizables como la Universidad Veracruzana, los poderes Ejecutivo
y el Judicial, así como diversos institutos y fideicomisos no se detectó la
existencia de presunto daño patrimonial, pero si inconsistencias de índole
administrativos que deberán ser atendidas por sus respectivos órganos de
control interno.
De acuerdo a la
ley en los casos donde se detectó presunto daño patrimonial se instruyó al
ORFIS inicie la fase de determinación de fincamiento de responsabilidades y
sanciones en contra de quienes presumiblemente afectaron la hacienda pública
estatal.
Posicionamientos:
En los
posicionamientos, el diputado del Partido Alternativa Veracruzana (AVE) y
presidente de la Comisión de Vigilancia, Francisco Garrido Sánchez subrayó que
los miembros de esta instancia revisaron este informe para abonar a la
transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en la entidad.
Sostuvo que
conocer en qué y cuando fueron aplicados los recursos es un derecho de los
gobernados y resulta una obligación para cualquier gobierno transparentar esta
acción. Se debe castigar a los culpables que por omisión o cualquier otra
índole hicieron mal uso de los recursos del erario, añadió.
Por el Partido
Acción Nacional (PAN) el diputado Jorge Vera Hernández dijo que el poder
legislativo no debe perder de vista que la fiscalización de los recursos
públicos es un papel importante para responder a la confianza de los
veracruzanos.
Necesitamos ir más
allá para cambiar los formatos y conocer con mayor precisión el uso y destino
de los recursos públicos. Se requiere un informe estructurado que no dé lugar a
dudas sobre los resultados, manifestó.
Al participar en
la discusión en lo general, el diputado Julen Rementería del Puerto manifestó
que la revisión del Informe no permitió un análisis profundo, por ello enviaron
al ORFIS 329 preguntas respecto a 70 entes fiscalizables y que obtuvieron
respuesta pero –calificó- como limitadas.
Se requiere un
apartado para sancionar las malas prácticas gubernamentales. Exhortó a las
dependencias que no actualizaron su información contable para corregir de
inmediato esta falla, concluyó.
