Xalapa, Ver. | 31 julio de 2014
Samuel Aguirre Ochoa
Tribuna Libre.- Una
característica de los gobiernos en decadencia consiste en que en lugar de
atender los planteamientos de sus gobernados se les ignora, y si éstos se
organizan y se atreven a exigir lo que por derecho les corresponde, se les
reprime con la fuerza pública, con el objetivo de que desistan de su lucha y
todo se mantenga igual que antes. Esto está probado a lo largo de la historia
de todo el planeta. En cambio, los gobiernos progresistas se esfuerzan por
atender a los ciudadanos y hacen todo lo posible por buscar el progreso y el
desarrollo de sus conciudadanos, para lo cual se esfuerzan por llevar una
administración transparente de los recursos que recaban por la vía de impuestos
y de las utilidades que dejan las empresas que pertenecen a la nación.
Ya
lo he dicho en otras ocasiones, en Veracruz existe represión política, pero con
una peculiaridad que consiste, en instrumentar actos de provocación, utilizando
a grupos encubiertos, que maneja el propio gobierno estatal, grupos que asumen
nombres de partidos políticos de oposición, pero que todo mundo sabe son manejados
desde las altas esferas del poder; también se utiliza a grupos de delincuentes
para montar estas provocaciones en contra del pueblo que exige mejores
condiciones de vida y progreso para sus comunidades. Dos ejemplos de esto:
Ramiro Bautista Ramírez, excandidato panista en el municipio de Soteapan, quien
desde el inicio de la campaña electoral
pasada operó con actos violentos, que fueron denunciados en tiempo y forma, sin
que hasta el momento se le haya llamado a cuentas por alguna autoridad, por el
contrario, después de haber perdido la elección está haciendo obra pública en
el municipio, como un gobierno alterno, con recursos del gobierno estatal. Lo
mismo está haciendo Esteban Bautista Hernández, originario de Tatahuicapan de
Juárez, representante del PRD en la Sierra de Santa Marta, quien también fue
brazo derecho del famoso oaxaco, personaje que recibió contratos millonarios
por parte del gobierno para realizar obras, obras que nunca se construyeron, a
pesar de que fueron pagadas. Ambos realizan acciones fuera de la ley en contra
de los antorchistas del Sur de Veracruz y actúan con toda impunidad porque
tienen protección política.
A
partir de que los antorchistas iniciamos las movilizaciones para exigir
solución a los planteamientos hechos por las colonias y pueblos afilados a este
Movimiento, de que se han firmado minutas tras minutas y de que las soluciones
son casi nulas, se han incrementado estos actos de provocación que tienen como
propósito intimidar y sembrar terror entre nuestros compañeros.
En
anteriores escritos he mencionado varios casos, en esta ocasión sólo citaré 4
ejemplos de los más recientes: primero, el día de ayer 30 de julio, cuatro
personas armadas irrumpieron en la dirección de la telesecundaria Rafael
Ramírez, ubicada en la colonia Rafael Hernández Ochoa de la ciudad de Xalapa,
golpearon a las maestras, les pusieron el arma en la cabeza, les robaron sus pertenencias y 70 mil pesos
en efectivo del pago de las inscripciones. De
inmediato se llamó a la policía, a quien se le dio el número del taxi en el que se escaparon los ladrones
(el 701), a pesar de lo cual no lo rastrearon y se notó nula preocupación de
encontrarlo; segundo, el pasado sábado 26 de julio un comando de la policía
ministerial y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encapuchados y
armados hasta los dientes con armas de alto calibre irrumpieron en el Centro
Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 136 de San Sebastián, Mpio. de
Tantoyuca, sin presentar ninguna orden de cateo o de registro en dicha Institución,
pretextando que iban a detener a una persona de nombre Darío, quien no trabaja
y mucho menos vive en esa escuela; tercero, el pasado 18 de junio durante un
acto en el que los padres de familia y alumnos de todas las instituciones
educativas de la colonia 13 de diciembre en el Mpio. de San Rafael, se
reunieron para festejar la construcción de unas aulas del Bachillerato José
Vasconcelos, justamente en el momento en el que un servidor hacía uso de la
palabra, unos malandrines incendiaron la casa de una familia, pegada al lugar
en donde se realizaba el evento. La casa se consumió en cuestión de minutos,
pues se pudo ver que utilizaron algún solvente. Es obvio que los jefes de
dichos malandrines pretendían boicotear el acto de festejo, sin importarles la
presencia de los niños de todas las edades que se encontraban presentes y
cuarto, el 27 de junio fue violada y asesinada la estudiante de secundaria de
16 años de edad, Abigail Bautista Luna, en la Colonia Unidad Antorchista en el
Mpio. de Córdoba, acto criminal que hasta el momento se encuentra impune.
En
los cuatro casos se trata de instituciones que fueron gestionadas por nuestra
organización, por lo cual los directores, maestros, padres de familia y
alumnos, simpatizan con nuestra organización.
La
represión no es exclusiva contra los antorchistas, muchos otros grupos se han
quejado de lo mismo. Incluso se ha pretendido confrontarnos con otros
movimientos, como por ejemplo con los maestros inconformes con la reforma
educativa y con algunos periodistas a quienes se les ha hecho creer que nuestra
organización trae algo contra ellos, pero todo ha sido parte de lo mismo, de la
perversidad de funcionarios de la actual administración.
A
los antorchistas no nos asusta la represión abierta o enmascarada, desde que
decidimos organizarnos para luchar contra la pobreza en México, pues sabíamos
las consecuencias que conlleva esta lucha, nos quedaba claro que aquéllos que
se han adueñado de la riqueza nacional y los gobiernos que ellos mismos se
encargan de imponer, reaccionarían con violencia para defender sus privilegios.
Por tanto, amparados en los derechos constitucionales de libre manifestación,
seguiremos exigiendo soluciones a los problemas de servicios básicos para los
sectores pobres de la población, al problema de la vivienda, al de la falta de
espacios educativos, falta de hospitales
y centros de salud y los problemas en el campo, para que los campesinos
produzcan más y a menores costos, de forma que tengan lo indispensable para
vivir.
El
próximo 7 de agosto volveremos a instalarnos en plantón en la Plaza Lerdo para
que se cumplan los compromisos establecidos en las minutas firmadas, pues hasta
el momento los asuntos resueltos son muy pocos y las acciones intimidatorias
persisten. Exigimos también, alto a la represión.