*Avalan diputados, por unanimidad, el Dictamen de
la Iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, para castigar la “mordida”.
Xalapa, Ver. | 31 julio de 2015
Tribuna Libre.- Con sanciones de
cinco a diez años de prisión y multa de hasta 700 días de salario mínimo se
castigaría en Veracruz a los servidores públicos que reciban dádivas, dinero o
servicios por su desempeño laboral, lo que se conoce como “mordida”, luego de
que el Pleno de la LXIII Legislatura del Estado modificó las leyes de
Responsabilidades de Servidores Públicos, la del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y el Código Penal.
Aprobada durante
la Decimacuarta Sesión Ordinaria, última del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones, esta modificación prevé penas severas a quienes incurran en delitos
como coacción, amenazas, cohecho y extorsión, y se aumentan las sanciones
administrativas para tal caso. El objetivo es erradicar las malas prácticas de
servidores públicos que abusan de sus cargos o comisiones para recibir
beneficios personales.
Resultado de la
Iniciativa que envió el Ejecutivo estatal, este Dictamen considera que en Seguridad
Pública la remoción del cargo se dará cuando alguno de sus integrantes solicite
o acepte compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a las de su sueldo,
o también cuando no se oponga, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción
de la cual sea testigo.
Aunado a las
sanciones administrativas de ley, el servidor público que cometa actos de
extorsión se hará acreedor a la destitución o inhabilitación de tres a seis
años para desempeñar empleo, cargo o comisión alguna. Para los elementos de Seguridad
Pública, corresponderá a su Comisión de Honor y Justicia determinar el proceso
correspondiente.
Estas
modificaciones legales promueven una cultura de legalidad, con la participación
de todos los sectores de la sociedad, en un esfuerzo encabezado por los
servidores públicos, quienes deberán ser ejemplo de eficiencia y honradez.
Durante la sesión,
los diputados aprobaron con 30 votos a favor este Dictamen, que abonará a
evitar actos de corrupción y sancionará a quienes caen en la práctica denominada
“mordida”.
APRUEBAN MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LO PARTICULAR
El Pleno aprobó
las modificaciones propuestas por el diputado Domingo Bahena Corbalá, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) a los artículos 59 y 63, que se
reservó para su discusión en lo particular.
En un caso, pidió
añadir la frase “los titulares de las dependencias o entidades”, para
especificar que estos funcionarios tienen responsabilidad administrativa al
omitir, de manera injustificada, a los infractores de la ley.
Por cuando al
segundo artículo, el cambio consistió en incluir “al Contralor General del
estado, los titulares de las dependencias y los servidores públicos”, como
sujetos facultados que no podrán abstenerse de sancionar a quien infrinja este
ordenamiento.