*Congreso
provoca crisis en ayuntamientos
*La
deuda del Estado con los municipios
*Destituir
a Sergio Hernández de la JCP
Marco
Antonio Aguirre Rodríguez | 18 agosto de 2017
Tribuna Libre.- El congreso del estado de Veracruz por querer
tapar un hoyo forjó otro mayor, que puede generar una crisis para los
ayuntamientos del estado, tan grande y tan grave, que podrá repercutir en los
ingresos de los próximos gobiernos municipales.
Y la muestra de que la bola de nieve crece y
amenaza con arrasar con los gobiernos municipales, fue la reunión urgente que
15 alcaldes le pidieron a la delegada de la Sedesol, Anilú Ingram, y al
delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Issac Ochoa, para buscar una
salida.
Cierto, el problema se origina en el gobierno
de Javier Duarte, cuando se dejan de entregar los recursos correspondientes a
los municipios por parte del gobierno del estado y estos son desaparecidos,
como decenas de miles de millones de pesos más.
Pero se deja sin resolver y se le permite
crecer.
En marzo de este año el Congreso de Veracruz
autorizó de manera indebida a los ayuntamientos a utilizar recursos del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 para el pago de obras del 2016
y como soporte utilizó el supuesto aval del Auditor General del Estado, Antonio
Portilla Vásquez.
La crisis se veía venir desde entonces, pues
el 23 de marzo el mismo Antonio Portilla se deslindó de ese aval, supuesto o
real, y declaró que la autorización para el uso de fondos del 2017 para el pago
de obras 2016 "la dio el Congreso local" y que el ORFIS sólo
verificaría que el dinero no se utilizase para otros fines distintos a esa
autorización, y que incluso se le pidió a los alcaldes que entregaran el
listado de obras y acciones cuya deuda iban a cubrir.
Antonio Portilla sabía en el pantanal en el
que entraban, por eso nunca quiso hablar de las reglas de operación de los
recursos federales del FISM.
En ese entonces el inefable diputado Sergio
Rodríguez, fue de los pocos que dijo que este acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, era ilegal.
LA DEUDA DEL ESTADO CON LOS MUNICIPIOS.
Sergio Hernández Hernández, el coordinador de la fracción legislativa del PAN,
ahora rechaza la ilegalidad con el simple argumento de que se trataba de una
emergencia económica.
No reconoce lo indebido del acto, porque él
es quien preside la Junta de Coordinación Política, mismo órgano donde se
autorizó lo indebido.
¿Y porqué es ilegal?.
Simplemente porque el Congreso del estado no
puede modificar el presupuesto federal. De hecho los recursos del FISM desde
que se aprueban les ponen una etiqueta del uso que se les deberá dar.
Precisamente, el desviar estos recursos para
un fin distinto al que fueron autorizados, es lo que podrá meter en problemas
de liquidez a los próximos ayuntamientos, porque las observaciones en el desvío
y malversación de los recursos se las harán a ellos, y sobre los siguientes
gobiernos municipales recaerá el recorte de sus participaciones por este mal
uso.
Sergio Hernández, alfil de Miguel Ángel
Yunes, defiende la aberración legislativa diciendo que los ayuntamientos deben
pagar a los proveedores por las obras del 2016.
Pero nunca, absolutamente nunca, se le ocurre
reclamarle al gobierno del estado que le pague a los municipios los casi 2,500 millones
de pesos que les adeuda.
Si Miguel Ángel Yunes hubiera entregado
aunque sea una parte de lo que se debe a los municipios, muy probablemente,
esta crisis no existiría.
La crisis ya es evidente, y se hizo pública
cuando se difundió que Ariel Álvarez Fernández, director general de Desarrollo
Regional de Sedesol, presentó un análisis legal y determinó que los diputados
locales veracruzanos cometieron una ilegalidad al autorizar a los alcaldes
tomar dinero del FISM 2017, para obras del año pasado.
O sea, el reclamo vino desde las oficinas
centrales.
DESTITUIR A SERGIO HERNÁNDEZ. Pero Sergio
Hernández prefiere negar la realidad y tratar de desviar la vista al pasado
para encubrir su pifia, su gran idea, su ideota, que resultó fatal.
Incluso busca la manera de echar la culpa a
otro y acusa que Antonio Portilla hasta un dictamen le dio avalando la medida.
Pues bueno, para que sea otro el que se queme en esta hoguera, que muestre el
documento.
Y si no lo hace, por el tamaño de la crisis
que crece, lo mínimo que se le debe hacer a Sergio Hernández es quitarlo de la
coordinación de la fracción legislativa del PAN y de la Junta de Coordinación
Política, como ya han pedido algunos diputados de su partido y hasta del PRD.
Sergio Hernández en lugar de tomar una posición
de defensa de los intereses de los municipios, protegió los del gobernador
Miguel Ángel Yunes, y promovió la contratación de nueva deuda para varios
municipios.
El 9 de mayo el Congreso del Estado validó
que doce ayuntamientos adquieran créditos por más de 350 millones de pesos y el
27 de julio aprobaron otro paquete de endeudamiento y de privatización de
servicios de alumbrado público.
Algunos de estos municipios a los que se les
autorizó más deuda son gobernados por eminentes panistas o aliados del actual
régimen.
Por ejemplo, a Miguel Ángel Yunes Márquez,
alcalde de Boca del Rio, le autorizaron contratar un préstamo por 100 millones
de pesos.
Para Pánuco, donde al alcalde es Ricardo
García Escalante –hermano del ahora diputado panista Rodrigo García Escalante-,
le autorizaron dos acciones de deuda, una para la realización de obras de
pavimentación por 99 millones de pesos, y el crear una asociación
público-privada (APP), para cambio de luminarias, con la empresas Operadora
PIA, SA, por un monto de 97 millones 150 mil pesos.
Casi 200 millones de pesos para un municipio
que este año tiene un presupuesto de 229 millones 313 mil 585.96 pesos.
También está el caso de Emiliano Zapata,
donde el presidente municipal es Daniel Olmos García, papá del diputado panista
Daniel Olmos, al cual se le concedió permiso para obtener un crédito por 15
millones de pesos para la realización de 8 obras, que se pagarán en una década.
REUNIÓN URGENTE DE SEDESOL CON ALCALDES. Los
presidentes municipales poco a poco vislumbran que la situación es
problemática.
Este jueves aprovecharon el evento de los 25
años de la Sedesol, para pedirle a los delegados de la Sedesol, Anilú Ingram
Vallines y de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa, una reunión urgente para tratar
el tema.
Eran los alcaldes de San Andrés
Tlalnelhuayocan, Coscomatepec, Hueyapan de Ocampo, Tlachichilco, Ángel R.
Cabada, Zongolica, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, Jilotepec, Huayacocotla,
Atzacan, Puente Nacional, Oteapan, Teocelo y Soledad de Doblado.
El encuentro se hizo en el palacio municipal
de Xalapa, aún cuando éste ayuntamiento no tiene éste problema.
Ahí el alcalde Américo Zúñiga, recordó que
fue algo inédito y extraordinario que los Ayuntamientos dejaron de recibir
fondos y recursos que les envío la federación, por lo que algunos municipios
tuvieron que utilizar recursos del 2017 para cumplir con el pago por obras y
acciones realizadas en el 2016.
Anilú Ingram reiteró que al ser dinero
federal, es a la Sedesol la que le corresponde resolver los lineamientos de
ley, mientras que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público maneja lo
relativo a los recursos federales.
El resultado fue que Ingram Vallines acordó
una reunión con el Director de Desarrollo Regional de la Sedesol, Ariel Álvarez
Fernández, para el próximo 24 de agosto en la ciudad de México, en la que
estarán presentes los presidentes municipales.
Américo Zúñiga, previamente había mencionado
que Xalapa tiene finanzas sanas y en las mejores condiciones, proque se atendió
a la deuda directa bancaria desde 2014, además de varios laudos y compromisos
laborales de esta y otras administraciones.
Dijo que su administración tomó previsiones
para no tocar los fondos federales que tenían un principio de anualidad, es
decir, que deben invertirse en el año en que son ministrados. “La disciplina
financiera que hemos implementado nos ha valido que calificadoras crediticias
independientes como Fitch Ratings den a esta administración una calificación
A+, otorgada solamente a cien de los más de dos mil 500 municipios del país”.