Tribuna Libre.-El magistrado de la Sala Superior del TEPJF
dijo que los cambios se observan en la construcción del conocimiento y las
opiniones, así como en las formas de participación política.
Señaló, al participar en el Foro
Internacional de Santo Domingo, que el reto de las instituciones es encontrar
las herramientas legales que permitan tutelar la libertad de expresión y el
principio de equidad
El magistrado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis
Vargas Valdez, aseguró que las nuevas tecnologías y, en especial, las redes
sociales están cambiando, lo que plantea nuevos retos para garantizar el Estado
de Derecho y la legitimidad democrática.
Al participar en el IV Foro Internacional de
Santo Domingo “El estado de la democracia en América Latina: 40 años desde la
tercera ola de la democracia”, el magistrado Vargas Valdez señaló que dichos
cambios se pueden observar en la construcción del conocimiento y las opiniones,
en las formas de participación y activismo político; así como en los valores
que subyacen a la visión de un Estado liberal.
“Estos cambios magnifican, a su vez, el
fenómeno de la post verdad o la tendencia a difundir y creer datos falsos con
fines propagandísticos. Todo esto influye en los procesos democráticos y
plantea nuevos retos para garantizar el Estado de Derecho y la legitimidad
democrática”, sostuvo al participar en la “Sesión 6: Impactos de las Redes
Sociales / Post Verdad en la democracia”, del foro organizado por el Instituto
Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y
la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Respecto de las noticias falsas (fake news) y
los efectos de la post verdad, el magistrado del TEPJF señaló que se trata de
un fenómeno complejo que no puede quedar al margen de la ley, porque trastoca
la vida pública e influye negativamente en el sistema democrático al pretender
manipular la voluntad popular.
“Ante este problema el reto de las
instituciones es encontrar las herramientas legales que permitan tutelar la
libertad de expresión de los ciudadanos y el principio de equidad en las
contiendas, para lo cual el sistema legal y sus operadores deben despejar
interrogantes como quién tiene la responsabilidad de los efectos nocivos de las
noticias falsas, qué jurisdicción debe imperar y tener presente el grado de
irreparabilidad del daño”, afirmó.
Por otro lado, continuó Vagas Valdez, la
información creada y compartida a través de redes tiene múltiples autores, lo
que hace difícil encontrar su origen e identificar a los responsables de
ilícitos electorales; además de que los bots y trolls pueden posicionar un
tema, sin que sea posible verificar la fuente o la veracidad de la información,
por lo que el fenómeno de la post verdad puede magnificar el problema.
“Esto podría afectar la equidad en la
contienda y facilitar que agentes externos influyan en las campañas y sus
resultados, porque si bien hay más disponibilidad de información, en realidad
los usuarios tienden a recibir solamente información relacionada con sus
intereses y comportamientos, lo que fortalece el fenómeno de la post verdad y
dificulta medir y probar el impacto de la información en las elecciones”,
aseveró ante académicos, ex Jefes de Estado, funcionarios públicos y actores
políticos de América Latina.
Durante su participación en el foro que se
lleva a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, el magistrado
José Luis Vargas Valdez destacó que entre los dilemas jurídicos que se pueden
presentar en una elección, en relación con el uso de las nuevas tecnologías,
está el conflicto entre la libertad de expresión, la equidad en la contienda y
los derechos a la veracidad en la información electoral.
También, concluyó el magistrado de la Sala
Superior del TEPJF, se puede presentar un conflicto entre la libertad de
comercio y la equidad en la contienda, cuando se trata de garantizar el acceso
igualitario de todos los competidores en las redes sociales; además de que se
presenta la dificultad para probar los efectos de la interacción virtual en la
competencia electoral e identificar a los responsables de cometer infracciones.