Plantea Judith Pineda que se castigue en Veracruz los delitos informáticos

*La legisladora panista señaló la importancia de adherir y actualizar tipos penales en el Código Penal.

Xalapa, Ver. | 26 enero de 2018
Tribuna Libre.- La diputada Judith Pineda Andrade, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal de Veracruz a fin de prevenir los delitos informáticos por alterar, robar o destruir información a bases de datos de instituciones públicas.

Durante la décima tercera sesión ordinaria, la legisladora señaló que es necesario la inclusión y actualización de nuevos tipos penales, por lo que se adicionan artículos para sancionar a las personas que sin autorización conozcan, copien o utilicen información contenida en sistemas o equipos de informática  del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad y se hagan acreedoras a de uno a tres años de prisión y de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Al que sin autorización modifique, destruya o provoquen pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún  mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 200 a 600 UMA.

Además, a quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500 a mil UMA.

Pineda Andrade abundó que si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Mientras que las sanciones previstas se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.


La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.
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