Marina dejará Veracruz entre violencia sin control

* La Semar protagonizó golpes a la delincuencia, pero también sufrieron bajas y cargan con señalamientos por delitos de alto impacto.

Xalapa, Ver. | 25 octubre de 2017
Tribuna Libre.- La retirada de la Secretaría de Marina (Semar) del territorio veracruzano se pronostica inminente para 2018. En seis años de trabajo, los elementos federales han protagonizado golpes significativos a la delincuencia organizada, pero también sufrieron bajas y cargan con señalamientos de haber participado en delitos de alto impacto como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Este lunes 23 de octubre, Miguel Ángel Yunes Linares reconoció que el convenio entre el gobierno del Estado de Veracruz y Semar no podrá renovarse en 2018, debido a que el encargado de la Secretaría de Marina, el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, concluirá su periodo el 30 de noviembre del año próximo.

Por su parte, Gregorio Gil Reyes, coordinador general de la Policía Naval en el sur de Veracruz, anunció el pasado 20 de octubre el retiro paulatino de las fuerzas federales de diversos municipios que hoy son escenarios de ejecuciones, robos y secuestros que mantienen a la entidad con cifras rojas a nivel nacional.

“El convenio está marcado hasta el 2018 y como una orden presidencial vamos a estar hasta esa fecha aquí. Más adelante tenemos que recibir la orden de retirarnos totalmente, ahorita está una retirada progresiva, poco a poco. Ya personal de seguridad pública ha sido entrenado y capacitado para hacer sus funciones”, refirió Gil Reyes en entrevista.

El arribo de la Semar a las calles de Veracruz, se concretó a través de un convenio celebrado en octubre de 2011 entre el gobierno federal, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

El refuerzo llegaba días después del abandono de 35 cadáveres frente al centro comercial Las Américas, a unos metros del centro de convenciones World Trade Center (WTC) en Boca del Río, donde ese día se llevaba a cabo el 11 Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia.

De acuerdo con lo estipulado en el comunicado 398/11 de la Semar, el objetivo era fortalecer las funciones de apoyo a la seguridad pública y policía preventiva en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Javier Duarte destacó que la alianza sumaría fuerzas en la cruzada nacional por la legalidad, abanderada por Calderón Hinojosa.

Otra meta de las tropas militares fue coadyuvar con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) para reducir la incidencia de homicidios dolosos y secuestros. Crímenes que, no obstante, el refuerzo, prevalecieron durante el sexenio de Duarte y alcanzaron la tasa más alta en el gobierno de Yunes Linares.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) las cifras de homicidios dolosos fueron: 890 crímenes en 2011; 968 en 2012; 863 en 2013; 487 en 2014; 565 en 2015; 1mil 258 en 2016; y 1mil 208 en nueve meses de 2017.

Fuentes de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) explicaron que la mayoría de los elementos que se hicieron cargo de la seguridad en la entidad no tenían formación policial. “Salvo los mandos, el resto no eran marinos de élite, sino cabos de bajo perfil; cocineros, carpinteros, mecánicos o choferes. Algunos con secundaria o bachillerato trunco”, refirieron a este medio.

Pasaron los tres primeros años del convenio y, si bien, la incidencia de asesinatos se vio reducida en un 50 por ciento, por otra parte, los secuestros pasaron de 60 a denuncias interpuestas ante la PGJE a 144, es decir, un incremento del más del 100 por ciento.

Dicho repunte en los secuestros hizo necesario un segundo convenio entre el gobierno del estado y la Semar firmado el 27 de junio de 2014. Las partes fueron, por la administración duartista Érick Lagos Hernández, exsecretario de Gobierno, hoy diputado federal por el PRI y por el gobierno federal el entonces Oficial Mayor almirante Armando García Rodríguez.

En el documento se lee: “Actualmente, el Estado de Veracruz presenta índices delictivos significativos en material del delito de secuestro, por lo que, a fin de mejorar las condiciones de seguridad en la región, se estableció el compromiso Presidencial Código CG-013; la Policía Naval seguirá velando por la seguridad de los habitantes de Veracruz, con posibilidad de expansión hacia un sistema integral para la atención de los otros delitos de alto impacto”.

Los plagios disminuyeron en 2015 con 97 casos, en 2016 se incrementaron a 132 y en nueve meses de 2017, ya en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, se han contabilizado 133 secuestros con un total 150 víctimas, lo que posiciona a Veracruz como la segunda entidad más reincidente en México, solo por detrás de Tamaulipas, con 165 víctimas.

Semar no vio ni olió la fosa clandestina más grande de Latinoamérica

De acuerdo con registros de madres del colectivo de desaparecidos Solecito Veracruz, entre 2010 y 2015, elementos de la delincuencia organizada en alianza con corporaciones policiales de la SSP inhumaron más de 280 cadáveres en el predio Colinas de Santa Fe, ubicado a unos 10 kilómetros del puerto de Veracruz y hoy reconocido como el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica

Fueron casi cinco años en que el terreno habría funcionado como sembradío de cadáveres con la implementación, incluso, de retroexcavadoras. De acuerdo con el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, el modus operandi no pudo llevarse a cabo sin la anuencia de autoridades, en ese entonces comandadas por la Semar.

En un reportaje publicado en el portal de noticias AVC, se mencionaron los cargos de los responsables de la seguridad en la zona conurbada Veracruz- Boca del Río hasta el día del hallazgo de Colinas de Santa Fe –el 03 de agosto de 2016- gracias a diligencias de las madres del colectivo Solecito.

De diciembre del 2011 a octubre del 2012, se expone en el reportaje, “el contralmirante Mauricio Crispín Hernández, fue comandante de la Policía Naval para encabezar el operativo Veracruz Seguro, después lo suplió el contralmirante José Pedro Ladino Bonilla, de octubre del 2012 a septiembre del 2013”.

“El contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, ocupó el cargo de septiembre del 2013 a enero del 2015; el capitán Antonio Morales Hernández, fue comandante enero del 2015 a marzo del 2016”. Y finalmente, Félix Quiroz Javier ocupó el mismo cargo dos meses antes del hallazgo en Colinas de Santa Fe.

A la fecha, las diligencias se han limitado a la identificación de cadáveres en dicho lugar, no obstante, la justicia para las víctimas indirectas no ha llegado, pues de la fosa más grande en América Latina no se ha derivado una sola sentencia.

Marina también señalada en desapariciones forzadas y ejecuciones

El 25 de septiembre del 2015 cuatro jóvenes fueron privados de su libertad en la avenida Universidad, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Entre las víctimas, de quienes a la fecha se desconoce su paradero, estuvo Jacob Vicente Jiménez González, de 27 años, quien ese día prestaba sus servicios en un taxi.

A la fecha, la madre Belén González Medrano, no suele hablar del tema, debido a que el caso permanece en investigación. No obstante, refirió en entrevista que, de acuerdo con un testimonio presencial, Jacob Vicente y los otros tres muchachos fueron interceptados por policías de la SSP y “navales”.

“Fueron bajados con lujo de violencia y subidos a las patrullas y luego llevados con rumbo desconocido hasta el día de hoy”, refirió la madre, quien a la fecha acompaña a otras 20 familias integradas en el colectivo Madres en Búsqueda Belén González.

El caso más reciente fue el de Levi Ramírez, Jaciel Ramírez Ramírez y Rafael Armando Ramírez Bravo, originarios del estado de Oaxaca, quienes desaparecieron el 05 de enero de 2017, cuando en el Puerto de Veracruz se cometían saqueos, en presunta respuesta al incremento de hidrocarburos, llamados “gasolinazos”.

Familiares de los tres jóvenes originarios de Huajuapan de León, reportaron sus desapariciones al enterarse que un cuarto familiar, Hugo Ramírez, había sido asesinado en las inmediaciones de la plaza comercial Las Palmas, en Veracruz.

Por este crimen, las víctimas indirectas señalaron como responsables a elementos de la Policía Naval, pues a raíz de peritajes el ministerio público confirmó que la Coordinación General de la Policía Intermunicipal falsificó documentos oficiales para presuntamente encubrir la responsabilidad de los policías federales.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, emitió un mensaje a medios, para declararse “absolutamente seguro de que ni en este tema, ni en ningún otro, la Marina tiene alguna participación”. El caso también fue desacreditado por la Semar mediante un comunicado, salió de la opinión pública y a la fecha ni siquiera aparece en los registros oficiales de la Fiscalía veracruzana, en el Registro Público de Personas Desaparecidas (Repupedes).

Tres marinos fueron “levantados” en el puerto de Veracruz

La inseguridad en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, alcanzó niveles insospechados con el plagio de tres elementos pertenecientes a esa institución en el Infonavit Buen Vista del puerto de Veracruz. La anterior, fue acreditado por la propia Semar en un comunicado.

“La Secretaría de Marina-Armada de México pondrá todos los medios y fuerzas disponibles siempre apegados al marco jurídico vigente para localizar y recuperar con vida al personal naval, no descansará en su búsqueda para llevar a la justicia a las personas responsables de este lamentable hecho”, se lee en el documento.

El hallazgo con vida de los oficiales no se logró. Su última referencia fue en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, en la parte trasera de un rancho, al pie de una laguna que desemboca en el Golfo de México. Allí se encontró una fosa clandestina con al menos 47 cadáveres, donde se presume fueron inhumados los oficiales.

Se cumplen seis años desde la llegada de la Semar a Veracruz y su inminente retirada se da en un pasillo lúgubre, donde son asesinadas 30 personas en 30 días -en Coatzacoalcos-, con un secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, amenazado de muerte por la delincuencia organizada, y con la baja del ex coordinador estatal de la Policía Federal Juan Camilo Castagné Velasco.

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