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Miguel Ángel Osorio Chong alista sus maletas
para dejar la Secretaría de Gobernación y enfilarse rumbo al Senado de la
República.
Ciudad de México. | 10 enero de 2018
Tribuna Libre.- El fallido aspirante a la candidatura
presidencial por el PRI lleva más de cinco años al frente de una dependencia
que se reformó a su llegada –convertida en una “súper Secretaría”– para
concentrar las tareas de seguridad interior del país.
Especialistas en derecho y analistas de
seguridad ven que el regreso de Osorio Chong al Congreso de la Unión es un pago
para que apoye a José Antonio Meade en su carrera por la Presidencia en este
2018, pues entrega “muy malas cuentas”.
Las cifras de homicidios, tortura y
desaparecidos impusieron nuevos niveles históricos en el país; nunca se
materializaron los cuerpos de seguridad élite, como es el caso de la
Gendarmería Nacional y, entre otro compromisos incumplidos, no se concretaron
las reformas para renovar a los cuerpos policíacos.
Era 17 de diciembre de 2012 y se celebraba la
segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública. El Presidente
Enrique Peña Nieto, acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), prometía que durante su gestión se trazarían
objetivos claros para disminuir los homicidios y secuestros en México.
“El país enfrenta un alto nivel de violencia,
la población percibe a la inseguridad y la delincuencia con el problema más
importante que hay que resolver, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros
[…]. Homicidio, extorsión, secuestro y robo con violencia son algunas de las
conductas delictivas que más lastiman a la sociedad ”, dijo en ese evento un
Osorio Chong que parecía tener claro cuáles eran las prioridades en el tema de
la inseguridad.
Cinco años después, el político hidalguense
ha entregado las peores cuentas en la historia del registro oficial de los
homicidios dolosos. Los primeros 11 meses de 2017 sumaron 23 mil 101 carpetas
por homicidio doloso, una cifra sin precedente en los últimos 20 años.
El 3 de enero de 2013, la Secretaría de
Seguridad Pública desapareció para ser absorbida por la Secretaría de
Gobernación. Así, la llamada “súper Secretaría” del titular Osorio Chong
concentró las decisiones políticas y de seguridad pública.
“No fue una buena decisión”, consideró Edgar
Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD). “Ha resultado una Secretaría demasiado grande, y al final,
y después de cinco años no tenemos resultados positivos en términos de
seguridad”, planteó en entrevista con este diario digital.
El otrora subsecretario de Seguridad Pública
en la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, Gabriel Regino García, explicó que la
unificación de estas dependencias es un modelo europeo que ha dado resultados
en España, Alemania y Francia. Sin embargo, destacó, esas realidades
socioeconómicas y criminales son distintas a las de México.
“Estimo que tener las cárceles y la policía
debajo del control político, no es una idea efectiva. La razón es la siguiente:
la política demanda un 100 por ciento, y la seguridad, un mil por ciento”,
sostuvo Regino García, también Doctor en Derecho Procesal Penal por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las cifras de desaparecidos y tortura han
roto ya los récords acumulados durante los seis años de la gestión del
Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. En los primeros cuatro años y
medio del Gobierno de Peña Nieto se acumularon 19 mil 155 desapariciones entre
el fuero federal y común, mientras que con Calderón Hinojosa sumaron 13 mil 681
en el sexenio.
En seis años, Calderón Hinojosa acumuló 374
averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto
acumuló 5 mil 521 entre 2013 y 2016: un aumento de mil 376 por ciento.
Además, en el sexenio de Calderón se
contabilizaron 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en
tanto que con Peña Nieto la cifra es de 5 mil 521 entre 2013 y 2016: un aumento
de mil 376 por ciento.
En aquella sesión del 17 de diciembre de
2012, al comienzo del actual sexenio, fue el propio Osorio Chong quien criticó
la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, quien inició la guerra frontal
contra el narcotráfico en diciembre del 2006.
“Los niveles de violencia en las regiones del
país están relacionadas con el mercado del narcotráfico y variables
estructurales, pobreza, marginación, deficiente cultura de la legalidad, falta
de coordinación y debilidad institucional. La captura de grandes líderes
criminales provocó un proceso de fragmentación de grupos que hoy operan con una
lógica distinta. Pasamos de liderazgos verticales a uno horizontal que los hace
más violentos y más peligrosos”, dijo entonces.
Pasado un lustro, el ex Gobernador priista
presumía la neutralización de 108 de los 122 criminales establecidos como
objetivos prioritarios por la gestión del PRI.
“Yo creo que el principal deficiencia fue que
no idearon un plan o no corrigieron el plan que ya existía sobre seguridad. Se
dedicaron a llevar el barco con las mismas herramientas que la administración
pasada”, opinó Vidal Romero León, investigador del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM).
Los analistas cuestionaron la creación de la
Gendarmería. Desde el Pacto por México –consensuado por el PRI, Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática– se prometió la creación de
este cuerpo de seguridad.
Pese a que la intención fue la de crear un
cuerpo de élite que aglutinara 40 mil elementos, hoy está integrado por 5 mil
efectivos y con tareas limitadas.
“Se planteaban 40 mil elementos, reclutados
en poco tiempo, y entonces sí con posibilidades de hacer frente a muchos
rubros. Cuando se quedaron con 5 mil, decidieron concretarse en eso [zonas
económicas y turismo], pero finalmente sin lograr una percepción de que se
estuviera renovando la Policía nacional”, criticó Cortez.
Esta falta de materializar un nuevo cuerpo de
seguridad no es nuevo, recordó Carlos Galindo López, investigador del Instituto
Belisario Domínguez. “Lo mismo pasó cuando se creó la Policía Federal
Preventiva, esta policía de élite, como poner énfasis en su militarización, con
entrenamiento de avanzada. Y los datos muestran que el gasto de la Policía
Federal Preventiva, luego en la PF [en el 2008] se multiplicó en 14 veces sólo
en el sexenio pasado hasta el día de hoy. Y la gran pregunta es de qué ha
servido. Pues de nada”.
El 25 de diciembre, la Secretaría de
Gobernación publicó el “Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de
las entidades federativas”. El think thank México Evalúa alertó que hacen falta
115 mil 943 elementos policíacos, es decir el 50.86 por ciento, para alcanzar
el estándar mínimo internacional de 1.8 policías por cada mil habitantes.
Por su parte, Regino señaló que el Gobierno
federal debió haber apostado en incrementar las capacidades de investigación,
para paliar la impunidad.
“Se cometen delitos, que no se previenen ni
se castigan. Entonces, ¿la policía es eficaz para prevenir delitos? No. Pero sí
debería de ser capaz de investigarlos”, explicó el abogado.
El 1 de diciembre de 2014, Peña Nieto envió
la iniciativa para crear el Mando Único Policial al Senado, en la que los
alcaldes del país deberían supeditar sus policías al mando estatal.
La propuesta se estancó. Pese a que el PAN
decidió apoyarla en el Congreso bajo la forma de Mando Mixto, en la que serían
ya sólo algunos municipios los que cederían a sus policías, la iniciativa no
contó con el suficiente respaldo político.
Apenas el 30 de agosto, el Presidente Enrique
Peña Nieto reiteró su intención de que los mil 800 cuerpos policiacos del país
se transformaran en 32. Tampoco encontró eco.
Para Cortez, Osorio Chong tampoco supo
cabildear los objetivos del Gobierno federal en materia de seguridad. “No vimos
al Secretario Osorio Chong, como un operador político en el Congreso para sacar
asuntos como la reforma policial, generar el acuerdo sobre cómo tenía que ser”.
A nivel personal, Osorio Chong tampoco logró
su proyecto, pues pese a que las encuestas lo colocaban como el más fuerte
candidato del PRI a las presidenciales de 2018 terminó por ser relegado.
“La tarea de seguridad del Gobierno es una de
las tareas fundamentales y prioritarias del Estado, y al dar malas cuentas y
mostrarse incompetente en el desempeño de esa tarea, tiene que traducirse en un
castigo”, apuntó Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UAM).
Ahora, ha trascendido que el Secretario
estaría perfilándose para pedir licencia y buscar un eventual escaño en el
Senado de la República.
El premio no se basaría en su efectividad
como funcionario en materia de seguridad, consideró Edgar Cortez: “Si es por
los resultados creo que no habría justificación ni parecería una propuesta que
se derive de eso. Mi lectura es que en ese re juego dentro del PRI tenían que
darle una vía para continuar su carrera política, una escuela que han seguido
los priístas, que estos políticos destacados dentro del partido los mandan a
estos ámbitos, pero nunca en función de méritos sino de acuerdos políticos, supongo,
que para que él y sus demás compañeros respalden al candidato presidencial”.
(SinEmbargo)