Ciudad de México. | 06 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- El ciclo de la corrupción tiene su punto de
origen en las campañas electorales, a través del financiamiento ilícito a
candidatos y partidos, advirtieron especialistas y académicos mexicanos e
internacionales.
En un foro realizado por el INE, expusieron
que el reparto de dádivas, las empresas fantasma para desviar recursos, el
flujo de dinero en efectivo y el uso clientelar de programas sociales son
problemas que se incrementan en los procesos electorales, tanto en México como
en otros países del continente.
Iván Velázquez, comisionado internacional
contra la impunidad en Guatemala, cuyas investigaciones permitieron que en 2015
se enjuiciara y renunciara el entonces Presidente guatemalteco Otto Fernando
Pérez Molina, argumentó que en las campañas proliferan compañías fantasma para
desviar fondos y evadir impuestos.
El jurista colombiano advirtió que, al
recibir financiamiento ilícito, los candidatos, que a la postre llegan al
poder, se comprometen a beneficiar con contratos a empresas y benefactores, lo
cual genera un círculo de corrupción.
“Podemos afirmar como hecho concreto que el
financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”,
aseveró Velázquez.
“Que es la puerta de entrada al círculo
vicioso de la corrupción a la sustitución del bien común por intereses sectoriales
y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder”.
Velázquez indicó que, en el caso de México,
debe haber una fiscalización más exhaustiva sobre los recursos que perciben los
partidos.
Destacó que, para combatir la corrupción, es
imperante lograr procesos en contra de empresas y servidores públicos.
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coincidió en que la corrupción en
las campañas electorales es la “cadenita” que genera la corrupción política de
los gobiernos.
Sostuvo que los candidatos se comprometen a
otorgar contratos a aquellos que los beneficiaron. Un ejemplo de eso, dijo, es
que en México el 75 por ciento de los contratos son por adjudicación directa.
Añadió que en las campañas suele haber desvío
de fondos y violación a las leyes electorales: MCCI, por ejemplo, investiga
cómo en periodos electorales aumenta en un 36 por ciento la entrega de tinacos
y se han detectado flujos de 33 mil millones de pesos en efectivo en meses
previos a los comicios.
Más que nuevas reformas electorales, Casar
propuso sanciones y castigos “que duelan”, evitar que la Secretaría de Hacienda
haga ampliaciones presupuestales a espaldas del Congreso, que las dependencias
y gobiernos no puedan manejar dinero en efectivo y que se acaben las
adjudicaciones directas.
“A lo mejor la solución no es la reforma
electoral, a lo mejor la solución es castigar y prevenir la corrupción en el
poder”, apuntó.
Luis Pérez de Acha, integrante del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, coincidió en que
las empresas fantasmas aumentan en los procesos electorales, lo que debe ser
combatido por las autoridades fiscalizadoras.
Gonzalo Hernández Licona, secretario
ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), subrayó que, con base en la medición que realiza dicho
organismo, se tiene un inventario de 152 programas federales sociales, 2 mil
528 estatales y 3 mil 811 municipales.
Es decir, subrayó, casi 6 mil 500 programas
sociales en todo el País, de los cuales muchos son duplicados y se utilizan con
fines clientelares.
Apremió que el siguiente Gobierno debe
insistir en la independencia de las mediciones de pobreza y de evaluación de la
política social para evitar que a los programas sociales se les dé un uso
clientelar.