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Organizaciones civiles y partidos de
oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas
inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.
*La
minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de
peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan
Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del
extranjero.
Ciudad de México. | 05 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Organizaciones civiles y partidos de
oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas
inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.
La minuta será mañana discutida por el Senado
de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen
las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y
del extranjero.
En entrevista, el General Francisco Gallardo
Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de
carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que
tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el
Ejército no podrá realizar funciones”.
Sin embargo, la lista de
inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó
entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de
seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se
pueden suspender las garantías individuales.
“Creo que de origen es inconstitucional y en
consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los
diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema
Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.
La Organización de Naciones Unidas también
manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la
Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios
que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema
Interamericano de derechos humanos”.
En una misiva enviada al Senado de la
República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una
reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no
aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de
seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los
incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la
consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha
reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.
Y criticó que “la ley utiliza conceptos
ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y
arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad
interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad
interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el
concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar
de su relevancia.
Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación
debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles.
“En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas
en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y
graves violaciones a los derechos humanos”.
En su visita a México en 2015, la Comisión
recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y
desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.
En el sexenio foxista se presentaron mil 135
quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas
armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos
Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron
más de 10 mil 751 quejas.
La CIDH reiteró la recomendación hecha antes
en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan
concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones
asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al
crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional
eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los
derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y
el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el
Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las
recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales.
Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública,
adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un
sistema de justicia autónomo e independiente”.
RIEGOS
CONTRA LA LIBRE PROTESTA
Esta mañana organizaciones de la sociedad
civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y Mexicanos
Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de Seguridad
Interior a la libre protesta.
El próximo julio México elegirá 3 mil 400
cargos a nivel local y federal, incluida la Presidencia de la República.
“Esta ley de seguridad interior es parte de
una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral.
Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando
desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”,
sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos
General Gallardo A.C.
Una óptica con la que concuerda el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el
derecho a la libre manifestación. El Presidente quiere que nos manifestemos sin
decir nada. ¿Cómo vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando
alguien se manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el
Diputado federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de
Defensa.
Al preguntársele por qué no hubo
participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de Gobernación, explicó que
“Se pidió más bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio
otro tinte y jerarquización porque en la de Gobernación están todos los
coordinadores”.
La ONU en su anexo a la carta enviada a la
Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No obstante que la ley regula
tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el ‘riesgo a la seguridad
interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro
del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea
considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.
Además, el hecho de condicionar las
movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente-
del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y
necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica
puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su
aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la
autoridad”.
Para el Diputado federal, la discusión en el
Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en la Cámara baja,
y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó dividido a la hora de
votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.
El Diputado panista Jorge Ramos Hernández,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que su bancada lamentó
que la aprobación de la ley de Seguridad Interior no fuese acompañada con la
aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a ciertas policías
municipales bajo el mando estatal.
“[Los del PRI] se quieren congraciar con las
Fuerzas Armadas aún cuando no represente una solución de fondo al país.
Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que
presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura
generalizada de abstención”, indicó.
La minuta ahora deberá ser discutida por el
Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa Nacional,
Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.
En redes sociales, doscientas organizaciones
civiles que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra iniciaron una
recolección de firmas para que los senadores no den luz verde a la iniciativa
presentada por el PRI, además de una campaña de correo electrónicos a los 128
legisladores que conforman el órgano legislativo para que voten en contra.
(sinEmbargo)