*
Los tres estados más violentos del país, de
acuerdo con el Índice de Paz México 2017, comparten una característica: en la
actualidad son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Guerrero, Colima y Sinaloa –en este orden– lideran la lista de mayor incidencia
de delitos a nivel nacional, ya que en esos terruños, el combate a la
impunidad, el fortalecimiento de la policía, las estrategias para disminuir las
tasas de homicidio, y el papel de los gobiernos locales en la solución del
problema –que es lo que mide el índice–, no son suficientes.
*Para
los analistas consultados por SinEmbargo, el hecho de que el PRI gobierne los
estados más violentos no necesariamente indica que la violencia criminal esté
ligada, de manera directa, con los manejos del partido. Sin embargo, el aumento
general de la violencia en México [que este año, el país alcanzó un récord
histórico de homicidios] sí habla de una estrategia fallida en contra de la
criminalidad y de la violencia. Fracaso que, inclusive, ha llevado al
recrudecimiento del problema a nivel nacional.
Ciudad de México. | 11 diciembre de 2017
Tribuna Libre.- Las tres entidades más violentas de la
República mexicana [Guerrero, Colima y Sinaloa] son gobernadas por el PRI. Dos
de ellas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, presentan niveles
alarmantes de criminalidad: Guerrero es el menos pacífico por cuarto año
consecutivo, donde la violencia retornó a niveles de 2011 –62 homicidios por
cada 100 mil habitantes–. Y Colima, hoy día, tiene la tasa de homicidios más
alta a nivel nacional –77 muertes por cada 100 mil habitantes–.
En total, 11 entidades federativas tienen
alto grado de incidencia delictiva, refiere el Índice del Institute for
Economics and Peace (IEP), un think tank independiente. Cuatro de ellas son
manejadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); tres por Acción
Nacional (PAN); y tres más por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sólo una está en manos de un político independiente: “El Bronco”, en Nuevo
León.
El problema, en ese sentido, no radica
necesariamente en quién gobierna la entidad, sino en cómo se está aplicando la
estrategia nacional de seguridad pública, tanto a nivel local como nacional,
refieren analistas consultados por SinEmbargo. Empero, uno de los problemas centrales
del combate a la violencia se ve reflejado en “la debilidad institucional de
los gobiernos locales, tanto estatales como municipales”, mencionó el doctor
David Morales González, especialista en procesos políticos de la Facultad de
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Para él, la corrupción y la impunidad,
sumados a la “falta de una estrategia eficaz por parte de las fuerzas
federales”, hacen que el combate a la violencia esté fallando.
“No sólo se trata de una política policiaca y
de de fuerza, sino que tiene que ver con miras a las causas sociales de la
violencia”, explicó.
Este año, la sangría no se detendrá en
México. Incluso, el mes pasado, llegó a alcanzar niveles históricos desde que
en 2006, durante el mandato del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, diera
inicio la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
En el primer semestre de 2017, con más de 12
mil asesinatos, la administración de Enrique Peña Nieto, que se encuentra en la
recta final de su ejercicio, tuvo 16 por ciento más homicidios que durante ese
mismo periodo de 2011 -el más violento en los últimos once años… hasta hace
poco-, refieren datos de la organización civil Semáforo Delictivo.
México rompió un récord infame y las cifras
oficiales, asimismo, lo corroboran. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y octubre de
este año, se registraron cuando menos 20 mil 878 homicidios dolosos; esto es
ocho por ciento más que en el mismo periodo de 2011 [19 mil 347] y 15.3 por
ciento más que en 2012 [18 mil 102].
Sin embargo, la estrategia del Gobierno
federal sigue siendo la misma que la de 2006, sin que haya logrado
contrarrestar -de acuerdo con las cifras oficiales- los efectos de la violencia.
El “fuego contra fuego” es la dinámica vigente. La guerra interna tiene
impactos económicos abrumadores –3.07 billones de pesos en 2016, refiere el
IEP– y el Gobierno federal sigue destinando más recursos para combatir, con
plomo, al crimen organizado.
Entre 2013 y 2017, sólo el presupuesto de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el Programa de Seguridad
Pública tuvo un aumento presupuestal de 12.3 por ciento [una diferencia de 344
millones 169 mil 580 pesos], indican los montos aprobados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). A pesar de mantener a los soldados en la
calle, la tasa de homicidios dolosos en el país, hasta octubre de este año, fue
6.1 puntos superior a la del mismo periodo en 2006. Asimismo, las tasas de extorsión
y de secuestro aumentaron en 0.97 y 0.9 puntos, respectivamente.
No obstante, la tasa de delitos con violencia
ha disminuido a nivel nacional -este año fue 9.2 por ciento menor que el
anterior, según datos del IEP-. A pesar de ello, la situación de violencia en
nuestra nación es crítica.
“En la últimas décadas ha habido un
incremento significativo en el número total de muertes por conflictos internos”
a nivel mundial, refiere el índice Global de Paz de este año. “El segundo país
que más se ha violentado -después de Siria- es México”, recalca. Inclusive más
que países como Afganistán, Irak y Yemen.
En este clima de inseguridad, de las 14
entidades que gobierna el partido Tricolor en la actualidad, cuatro [Guerrero,
Colima, Sinaloa y Zacatecas] tienen niveles altos de violencia y cinco [Sonora,
Oaxaca, Jalisco, Estado de México y San Luis Potosí] se mantienen en nivel
medio, refiere el IEP.
Las entidades gobernadas por el PAN, empero,
no se quedan atrás. Baja California y Baja California Sur ocupan los lugares
cuarto y quinto como las más violentas del Índice, a nivel nacional. De los 12
estados blanquiazules, tres -incluyendo Chihuahua- tienen alto grado de
criminalidad y seis [Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Puebla, Aguascalientes y
Veracruz] presentan un nivel medio.
Asimismo, de los cuatro estados gobernadas
por el PRD -sin considerar aquellas en que gobierna en coalición con el PAN-,
tres son preocupantes por sus elevados márgenes de violencia [Morelos,
Michoacán y la Ciudad de México]; y una más [Tabasco] se mantiene en nivel
medio. Por lo demás, el único gobierno independiente a nivel federal –el de
Nuevo León– se posiciona como el octavo estado más violento del país.
Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa
de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, la relación entre la
violencia criminal y una determinada administración –en este caso, los
gobiernos de los estados– “es relativa”, ya que entran en juego diversos
órdenes de gobierno. En su opinión, es necesario establecer, primero, si existe
una relación entre el grado de criminalidad y de violencia, en una zona o
“dominio político” específico.
Sin embargo, reconoce que en México “tenemos
una visión primitiva del fenómeno [de la violencia criminal], en donde
solamente se persigue y se descabezan líderes de organizaciones, o se enmarca
un número determinado de objetivos para neutralizarlos”. Por ello, dice, “lo
que vemos es un fracaso de esta óptica. Y no solamente un fracaso, sino un
recrudecimiento del fenómeno de la violencia en el país”.
LOS GOBIERNOS MÁS VIOLENTOS SON DEL PRI
Guerrero, Colima y Sinaloa comparten
características similares: en la actualidad tienen administraciones priistas;
son los estados más violentos en el país –según el Índice de Paz México 2017–,
y la violencia, de acuerdo con las cifras oficiales, no ha parado de
asediarlos.
Para resolver la violencia ligada a la
criminalidad, “hay que actuar para resolver problemas añejos como la
marginación y el desempleo”, explicó el doctor Morales de la UNAM. También está
el tema de la administración de justicia. “Hay un grado elevado de impunidad;
el Estado de Derecho está débil y eso permite que no se inhiban las condiciones
del delito”, abundó.
Asimismo, dijo que la prevención es lo más
importante, aunque la están dejando de lado. “Eso tiene que ver con ir a las
causas del problema y no con atacar necesariamente al problema de manera
frontal con armas […]. Requerimos ir formando a las nuevas generaciones en una
cultura de la convivencia y de la paz; pero también de oportunidades [empleos y
combate a la pobreza], educación y una mejor formación”, comentó.
Guerrero es la entidad más violenta de México
y no ha dejado de serlo, por lo menos, desde 2013. Según la información del
SESNSP, del cierre de 2013 al de 2016, la incidencia delictiva se redujo en 7.8
por ciento. En contraste, entre 2007 y 2012, la criminalidad aumentó casi en 63
por ciento.
Lo anterior indicaría que las
administraciones del PRD [2012-2015] y del PRI [2015-presente], en el actual
sexenio, no han dado suficientes resultados en materia de combate a la
violencia a nivel local. Y el actual Gobernador de Guerrero, el priista Héctor
Astudillo Flores, no habría logrado sostener la promesa del Gobierno federal,
que en septiembre de 2015, en la voz del Secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, anunció mejoras a partir del fortalecimiento de la seguridad con
un aumento en la presencia de las fuerzas federales en la entidad.
Colima, de 2013 a 2017, no ha superado el
aumento en la violencia que sufrió a raíz de la guerra contra las drogas
–aunque ha dado pasos importantes, según las cifras–. Sin embargo hoy, al
estado que antes fuera orgullo de paz a nivel nacional, lo carcomen los
exabruptos. Desde 2013, ha sido manejado por tres priistas: Mario Anguiano
Moreno [2009-2015], Ramón Pérez Díaz [interino de 2015 a 2016] y José Ignacio
Peralta Sánchez [2016-presente].
El año en que Felipe Calderón dejó la
Presidencia de la República [2012], Colima tenía más incidencia delictiva que
en 2007 -el primer año de mandato del político panista-. En menos de seis años,
la criminalidad repuntó en 17.5 por ciento. Al cierre de 2013, durante la
gestión de Anguiano, los registros de delitos en la entidad decayeron en casi
un 11 por ciento. Para 2016, el decremento ascendió al 13.1 por ciento.
No obstante, entre 2012 y 2016, las tasas de
homicidios y de extorsión en la entidad, por cada 100 mil habitantes, han ido
al alza: en 29.35 y 7.43 puntos, respectivamente.
En Sinaloa, en cambio, existen resultados de
mejora en materia de combate al crimen, según el Índice de Paz y las cifras del
Secretariado. Entre 2007 y 2016, tiempo en que corrieron las administraciones
del priista Jesús Aguilar Padilla [2004-2010] y del panista Mario López Valdez
[2010-2016] –mejor conocido como “Malova”–, los ilícitos decayeron en casi un
14 por ciento. Asimismo, las tasas por cada 100 mil habitantes de homicidio
doloso, secuestro y extorsión han ido a la baja en los últimos cuatro años, en
9.06, 0.73 y 0.84 puntos porcentuales, cada uno.
(SiEmbargo)