“Veracruz
en la ilegalidad”
Héctor
Yunes Landa | 17 Julio de 2017
Tribuna Libre.- El primer requisito para que un país, un
estado o un gobierno funcionen eficazmente es que se desempeñe en un marco de
legalidad, es decir, que sus decisiones encuentren un fundamento en la ley y no
en la voluntad unipersonal de la autoridad.
Cuando esta legalidad se rompe, se abre la
ventana a la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Y si el gobierno no
respeta las leyes, entonces los ciudadanos no respetan al gobierno, generando
un círculo vicioso que vulnera la convivencia pacífica de los ciudadanos. La
gobernabilidad se rompe y se recrudece la violencia y la delincuencia.
Uno de los actos más importantes de
legalidad, es el respeto a la división de poderes. El Estado, en cualquier
sociedad democrática, está construido para establecer poderes y contrapesos que
eviten por un lado, el abuso del poder por parte del gobierno, y por el otro,
asegure la participación directa de los ciudadanos como sujetos de la función
pública, garantizando al mismo tiempo un pleno derecho a la justicia.
En Veracruz es indispensable garantizar la
división de poderes. Particularmente, el Congreso Local –dominado por los
grupos legislativos de los partidos en el gobierno-, tal parece se ha
convertido en una extensión del poder ejecutivo, lo que da lugar a que se
privilegien los intereses políticos del gobernador del estado sobre los que
representan, incluso, compromisos de carácter institucional.
En este escenario, se ha presentado
recientemente casos de dilación en asuntos tan importantes como la armonización
del Sistema Estatal Anticorrupción, el nombramiento del responsable de la
Comisión Ejecutiva para la Atención de Víctimas y del comisionado del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información. Temas que resultan del mayor interés de
los veracruzanos, pero tal pareciera que no para el gobierno, quien observa en
estas instituciones verdaderos contrapesos a sus decisiones.
En cambio, los grupos legislativos del
Congreso del estado de Veracruz afines al Gobernador se percibe han decidido
incumplir con las funciones que les corresponden para la vigilancia y
transparencia en el ejercicio del presupuesto estatal. La semana pasada, la
Comisión de Hacienda del Estado solicitó al Ejecutivo Estatal que informara
sobre el manejo del presupuesto correspondiente al presente ejercicio fiscal,
así como las razones de su incumplimiento de ajustar el gasto público.
La respuesta fue ilegal y autoritaria por
parte de la propia de Junta de Coordinación Política, quien propuso la remoción
del Presidente de dicha Comisión, sin que se haya observado el proceso
legislativo correspondiente.
Por primera vez en su historia, el gobierno
de Veracruz no cuenta con un presupuesto formalmente aprobado. Está ejerciendo
recursos sin que haya vigilancia en el Congreso Local, en virtud de que el
mandatario estatal ha incumplido con los artículos transitorios de la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Las dependencias del gobierno no cuentan
con un presupuesto fijo, lo que permite que se ejerza con absoluta
discrecionalidad.
Pero esto no es nuevo. Desde el inicio de los
trabajos de esta LXIV Legislatura, se han aprobado acuerdos que también carecen
de legalidad. Los ejemplos sobran. Uno de ellos fue el nombramiento de Jorge
Winckler Ortiz -abogado cercano al gobernador Miguel Ángel Yunes- como Fiscal
General del Estado, obviando el requisito indispensable de contar con mínimo de
experiencia en la materia. Los resultados todos los conocemos.
Así mismo, se nombró como Presidente de la
Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno del Congreso, a un
diputado que carece de formación política y sólida preparación académica.
Como consecuencia, el Congreso Local se ha
visto envuelto en una serie de conflictos, como el incumplimiento en sus
mecanismos de transparencia, el uso personal de recursos públicos en fiestas y
servicios sexuales –como lo han denunciado responsablemente algunos de los
propios legisladores-, la contratación discrecional de medios de comunicación,
entre algunos otros.
Hace unos días se hizo pública la decisión de
despedir a más de un centenar de trabajadores, argumentando una falta de
recursos, la que no existe. Por un lado corren a trabajadores de confianza del
Congreso y por otro, de acuerdo a la diputada Lobato Calderón, el coordinador
de la diputación panista desvía un millón y medio mensuales para fiestas,
drogas y prostitución.
Hoy vemos que muchos de los problemas de
nuestro querido Veracruz obedecen precisamente a que un número importante de
las decisiones gubernamentales se encuentran al margen de la ley, lo que ha
provocado que la crisis institucional, económica y de seguridad se vuelva cada
día más grave.
Si realmente queremos salir de la crisis,
debemos restablecer la legalidad y garantizar una verdadera división de
poderes.
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