* Según
la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Javier Duarte abrió una
cuenta para recibir recursos y generar intereses.
Veracruz, Ver. | 04 Julio de 2017
Roxana Iraís Aguirre
Tribuna Libre.- Durante la titularidad de
Arturo Bermúdez Zurita como Secretario de Seguridad Pública, no sólo se
registraron problemáticas en materia de seguridad, sino también un evidente
desvío de recursos tal como evidencia la revisión de la Cuenta Pública 2015 de
la Auditoría Superior de la Federación.
A pesar de que en 2015 ya
existían problemas en materia de seguridad en el estado, de acuerdo con la
auditoría número 1469-GB-GF consultada por E Consulta Veracruz, el gobierno
estatal desvió 59 millones 972 mil 800 pesos, lo que implica un daño a la
Hacienda Pública Federal más los intereses de esta cifra.
El Gobierno federal envió 95
mil 369 millones de pesos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con el informe de
la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Veracruz en 2015
(todavía bajo el mandato de Javier Duarte de Ochoa) abrió una cuenta para
recibir esta ministración.
El interés que generó el
monto al estar depositado fue de 20 millones 200 mil pesos, sin embargo
comenzaron a realizarse traspasos a otras cuentas bancarias a nombre del
gobierno estatal.
De acuerdo con el informe de
la ASF se desconoce a dónde fueron a parar estos recursos.
Además se determinó un
faltante de 59 millones 972 mil 800 pesos y quedaron pendientes las
determinaciones de los intereses generados a marzo del 2016.
Dentro de las observaciones
de la cuenta pública se determinó que no fueron debidamente devengados 48
millones 278 mil 300 pesos que debían ser aplicados como lo indica el
secretariado, en temas de seguridad y prevención del delito.
A este monto se le añaden
los 20 millones 200 mil pesos de impuestos que generó el dinero mientras estuvo
depositado sin ejercerse, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de
la Federación y no se remitió la cancelación de la cuenta bancaria donde se administraron
los recursos del subsidio.
Las contralorías generales
del estado y de la Fiscalía General de Veracruz
iniciaron los procedimientos a través de los expedientes números
240/2016 y PDA/10/2016.
De acuerdo a ellos las
dependencias responsables son no sólo es la SSP sino la Secretaría de Finanzas
y Planeación. En 2015 la secretaría estuvo a cargo los tres primeros meses de
Mauricio Audirac, sustituido por Antonio Gómez Pelegrín, que se mantuvo hasta
el final de la administración.
Fuentes de la Contraloría
confirmaron que este proceso debió avanzar durante la administración pasada,
sin embargo quedó parcialmente detenido.
Actualmente, el proceso se
ha reactivado y espera que pronto haya resultados que podrían derivar en la
inhabilitación de funcionarios y daño patrimonial.
De acuerdo con el Órgano de
Fiscalización del Estado, se determinó un faltante en la cuenta bancaria
establecida para la administración de los recursos de 59 millones 972 mil 800
pesos, misma cifra dada a conocer por la ASF, y la instancia responsable de
solventar era la Sefiplan.
Fiscalía veracruzana también
incurrió en daño patrimonial
Mientras la Fiscalía General
del Estado - entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras - tendría que
solventar un millón 111 mil 500 pesos, debido a que lo que se envió como gastos
comprobables no corresponde a los objetivos del Subsidio para las Entidades
Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública
en Materia de Manejo Policial.
A este monto se le sumarían
los intereses correspondientes.
Este recurso de acuerdo con
la ASF fue ejercido en el módulo de “Policía de Investigación Acreditable” y en
la partida específica denominada “Evaluaciones de Control de Confianza”.
El Gobierno de Veracruz
comprobó gastos de operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza de
la Fiscalía General del Estado, sin embargo éstos no cumplen el objetivo del
subsidio.
Este monto fue cobrado en
efectivo, por lo que la ASF no reconoce de dónde salieron los recursos para
pagarlo.
Además "Unidades de
Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Formación inicial y
continua”, del concepto “becas”, se verificó que la entidad pagó con recursos
del subsidio becas de 35 elementos; sin embargo, éstas no fueron pagadas sino
hasta el 28 de diciembre de 2015, aun cuando se contaba con recursos del
subsidio para cubrir el gasto
La Contraloría de la
Fiscalía General del Estado inició el expediente PDA/10/2016 donde se
determinan estas observaciones y las siguientes:
El Gobierno de Veracruz
adjudicó de manera directa la partida llamada "Unidades de Policía de
Investigación Acreditable-Investigación-Formación inicial y continua”, sin
embargo no fueron acreditados los criterios para realizar esta acción.
Además se pactaron servicios
y conceptos, los cuales no se consideran alineados con los objetivos del
subsidio, pero el gobierno estatal proporcionó aclaraciones para justificar la
adjudicación directa.
Otra acción detectada,
aunque fue solventada, es la de las "Unidades de Policía de Investigación
Acreditable-Investigación-Equipamiento Institucional”, del concepto “Vestuario
y Uniformes”, pues se invitó a participar a tres personas.
Al no acreditar los
criterios para la excepción a la licitación se inició un proceso.
En materia de vehículos, el
Gobierno de Veracruz adquirió 16 unidades Pick up’s por 5 millones 360 mil
pesos a través de un a adjudicación directa.
También se compraron a
través de una adjudicación directa 17 vehículos Sedán para la misma área, 3
millones 361 mil 800 pesos
El destino era las
"Unidades de Policía de Investigación
Acreditable-Investigación-Equipamiento Institucional”, sin embargo para la ASF
no se acreditaron los criterios para realizar el trámite de esta manera y no a
través de una licitación.
También se contrataron
servicios de capacitación por 5 millones 445 mil pesos a través de las
"Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Formación
inicial y continua”, del concepto “Formación Continua en Nuevo Sistema de
Justicia Penal”.
Una vez más el gobierno
veracruzano lo adjudicó de forma directa sin que se acreditaran los criterios
para hacerlo.
El Gobierno de Veracruz
contribuyó solo como participante con los objetivos establecidos en la política
pública y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional de
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de
Telecomunicaciones, a pesar de la demanda de seguridad de la ciudadanía.
Además el gobierno no
atendió lo establecido en la norma en materia de adquisiciones.
Al 31 de diciembre de 2015,
la entidad federativa pagó el 29.4 por ciento de los recursos transferidos y al
31 de marzo de 2016, pagó el 37 por ciento.