*La
revisión de la Cuenta Pública 2016, por parte de la Auditoría Superior de la
Federación, advirtió que Petróleos Mexicanos no tiene información confiable
sobre el volumen del combustible que le roba el crimen organizado y, por tanto,
tampoco sabe a cuánto asciende el daño patrimonial a la empresa. La ahora
Empresa Productiva del Estado argumentó que no tiene los recursos humanos y
financieros para combatir a los llamados “huachicoleros”.
*Lo
anterior, alertó la ASF, no sólo genera pérdidas para la petrolera mexicana y
el Estado, sino que pone en riesgo las instalaciones de Pemex, al medio
ambiente y, en particular, a la población en general.
Ciudad de México. | 07 Julio de 2017
Tribuna Libre.- Si bien el Presidente Enrique Peña Nieto se
comprometió en mayo pasado a combatir el robo de combustible, una revisión de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que este delito ha crecido
sin contención oficial durante todo este sexenio, en el que el registro de
tomas clandestinas pasó de mil 620 en 2012, a 6 mil 537 el año pasado.
Este aumento, que es de un 400 por ciento,
indica que, en los primeros cuatro años del sexenio, se abrieron al menos 4 mil
917 tomas clandestinas; o un promedio de mil 229 por año, o más de tres cada
día.
La explicación de Petróleos Mexicanos (Pemex)
ante el aumento, reporta el órgano fiscalizador, fue la falta de presupuesto
suficiente para seguridad así como la probable complicidad de trabajadores de
la empresa y de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
“La Gerencia de Gestión Técnica de
Salvaguardia Estratégica, adscrita a la Subdirección de Salvaguardia
Estratégica de Pemex Corporativo, señaló, sin proporcionar la evidencia, que
esto (el aumento) se debió a que se cancelaron programas y proyectos de
seguridad por falta de ajustes presupuestales; los recursos humanos, materiales
y financieros para combatir estratégica y frontalmente el robo de combustibles
fueron insuficientes; y se presume la existencia de algunos trabajadores de
Pemex y autoridades de los tres órdenes de Gobierno que participan en el
mercado ilícito de combustibles, lo que genera pérdidas y pone en riesgo a las
instalaciones productivas, a la población y al medio ambiente”, reporta la ASF.
La problemática de las tomas clandestinas en
los ductos de Pemex ha cobrado notoriedad sobre todo este año en el que, en el
estado de Puebla, la violencia atribuida a quienes cometen este delito y su
combate por parte de las autoridades ha dejado varios civiles y militares
muertos.
Petróleos Mexicanos y las entidades de
seguridad del Estado, sin embargo, no sólo han carecido de efectividad para
detener el problema en los últimos años sino que, de acuerdo con la ASF, ni
siquiera han podido establecer el volumen ni monto monetario de lo robado, por
lo que se limita su capacidad para solucionarlo.
“Se verificó que, en ese año, la empresa
careció de información confiable sobre el volumen de combustibles perdido, así
como del monto económico que representó. Al respecto, la Gerencia de Medición,
Calidad y Balances de la Subdirección Comercial de Pemex Logística señaló que,
conforme a su Estatuto Orgánico, no tiene dentro de sus funciones generar un
análisis y cuantificación volumétrica y monetaria de las pérdidas por robo de
combustibles en ductos, y la Coordinación de Asesores de la Dirección General
de Pemex Logística proporcionó una nota simple en la que la Subdirección de
Operaciones indicó que en 2016 no contó con información relacionada con el
volumen de pérdidas de combustibles ni de las pérdidas monetarias, derivadas de
la detección de tomas clandestinas, aun cuando es el operador de la logística
de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel”, dice la ASF.
“La carencia de información sobre las
pérdidas volumétricas y monetarias derivadas de la sustracción de combustible
mediante las tomas clandestinas, así como de estrategias para obtenerla, se
contrapone con la misión de PLOG (Pemex Logística) de prestar sus servicios de
manera rentable y sustentable, con altos estándares de (…) confiabilidad y
seguridad’ y con la acción relevante de ‘coadyuvar al combate del mercado
ilícito de combustibles’ establecidas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2016, porque impide que la empresa conozca
con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, limitó su capacidad
para solucionarlo, situación que pone en riesgo la prestación de servicios de
logística de petrolíferos, de manera rentable y sustentable, con altos
estándares de seguridad y confiabilidad”, agrega.
Los costos de reparación de estas tomas
clandestinas fue de mil 767.7 millones de pesos sólo en 2016, y de 3 mil 70.8
desde 2011, periodo en el que la necesidad de recursos para este problema ha
aumentado un 868.5 por ciento.
La información de las tomas clandestinas fue
parte de una revisión de la ASF sobre los medios de transporte y almacenamiento
de combustibles por parte de Pemex y con el fin de fiscalizar el aseguramiento
del abasto de los mismos –que se cumplió con un cien por ciento.
La ASF también menciona que, por la falta de
infraestructura, las gasolinas y el diésel son transportados de manera poco
eficiente y a un elevado costo, debido a que el empleo de carro-tanques
(ferrocarril) y auto-tanques (pipas) es más costoso que usar ductos.
“Sin embargo, este último medio de
transporte, aunque resulta menos caro, es más riesgoso, debido al mercado
ilícito de combustibles (tomas clandestinas), lo que ha repercutido en la
rentabilidad de dicha actividad”, advierte la ASF.
