Veracruz,
el infierno de los alcaldes
Héctor
Yunes Landa | 27 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- Para la mayoría de los presidentes
municipales de Veracruz que no forman parte de su proyecto sucesorio, sin
importar el partido que representen, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares
se ha convertido en un verdadero infierno; lo mismo para quienes están por
concluir su administración como aquellos que iniciarán funciones a partir del
mes de enero.
Las autoridades municipales están bajo el
acecho constante del Gobernador: mantienen deudas millonarias por concepto de
retención de participaciones federales, los programas sociales del estado están
condicionados y ahora se ha venido a sumar un clima de inexplicable violencia
que les está costando la vida.
En cuatro días, dos presidentes municipales
fueron ejecutados en Veracruz, en circunstancias aún no aclaradas por las
autoridades, pero resultado del clima de violencia generalizado que vive la
entidad.
Las ejecuciones del alcalde electo del
municipio de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena –quien ganó la elección como
candidato del Panal- y del presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Víctor
Manuel Espinosa Tolentino –del PRI-, no son hechos aislados. La violencia
criminal ha alcanzado lo mismo a autoridades electas, en funciones o ex
presidentes municipales. Nadie se salva.
En respuesta a estos acontecimientos, la
Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) confirmó este fin de semana que Veracruz
es uno de los estados con mayor riesgo para los presidentes municipales. Y ante
la incapacidad del gobierno de Veracruz de generar condiciones de mayor
seguridad para las autoridades, solicitó la intervención de la Secretaría de
Gobernación para establecer nuevos protocolos que brinde protección a los
ediles veracruzanos.
Si bien es cierto que esta ola de violencia
también se presenta en otras entidades del país -la organización señala que del
año 2006 a noviembre de 2017 han sido victimados 49 alcaldes en funciones, 9
alcaldes electos y 49 ex alcaldes, lo que da un total de 107 muertos-, Veracruz
se suma a Durango, Michoacán y Oaxaca, como uno de los cuatro estados con más
riesgo para la vida de los presidentes municipales y sus familias.
También debe decirse que no se trata de un
fenómeno reciente en el estado. Según un recuento la Asociación de Autoridades
Locales de México, A.C, entre 2006 y 2016 fueron asesinados siete alcaldes y ex
alcaldes en Veracruz. Sin embargo, cuando aún no se cumple un año del actual
“gobierno del cambio”, ya se cuentan dos asesinatos, sin considerar el número
de agresiones y amenazas que han sido denunciadas por los presidentes
municipales.
La ejecución del presidente municipal de
Ixhuatlán de Madero, Víctor Espinoza Tolentino, de su esposa Hilda Patricia
Carrera Tinoco y tres personas más, no sólo ha puesto en evidencia la
incapacidad de la policía y la ineficacia de la Fiscalía General del Estado
para investigar el crimen, sino que ha servido para que el gobierno de Miguel
Ángel Yunes, sugiera fuera de toda lógica, la versión perversa de que los
responsables podrían ser ex funcionarios corruptos que ahora han decidido
convertirse en asesinos.
Lo mismo sucedió con Santana Cruz, a quien un
grupo armado de más de 30 personas que se introdujo sin problema alguno a
Hidalgotitlán, lo ejecutó en medio de una fiesta popular. La versión de la
autoridad es que se habría tratado de un ajuste de cuentas entre bandas
delictivas dedicadas al robo de combustible, sugiriendo la participación de la
víctima -aún cuando no ejercía autoridad- para acreditar una revancha de la
delincuencia organizada.
En ambos casos, el gobierno de Veracruz ha
tratado de incriminar a las víctimas, infiriendo una responsabilidad directa en
su propia ejecución.
En un comunicado oficial, el gobierno aseguró
que el alcalde Víctor Espinoza se encontraba negociando la compra de láminas de
zinc que habían sido robadas por ex funcionarios de la administración anterior,
quienes habrían sido también los autores materiales de la ejecución. En tal
sentido, estaría señalando la responsabilidad de comprar, fuera de toda norma y
procedimiento administrativo, bienes robados a la administración pública
estatal.
Así, el gobierno mantendría su demencial
argumento de que se trata de delincuentes abatiendo a delincuentes, no importa
si se trata al mismo tiempo, de autoridades municipales.
Como lo hemos referido en múltiples
ocasiones, hoy Veracruz vive una violencia de la que nadie se salva, ni
empresarios o comerciantes, tampoco mujeres o niños, menos aún profesionistas,
y particularmente, los periodistas. Hoy a esa lista de terror se suman las
autoridades municipales electas y en funciones.
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