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La relatora filipina, quien visitó Ciudad de
México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, afirmó que los conflictos relacionados
con los derechos de la tierra continúan siendo un “asunto crítico fundamental”
sin resolver. Afirma que hay una falta de voluntad política para combatir el
problema.
*La
relatora instó al Gobierno mexicano a reconocer sus responsabilidades por los
problemas de estas comunidades y adoptar medidas decididas.
Ciudad de México. | 18 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- La relatora especial de la ONU sobre los
derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, subrayó hoy que
México tiene asuntos pendientes con estas comunidades, como los vinculados con
la tierra y los desplazamientos forzosos, aunque no se ve “voluntad” por parte
del Gobierno para solucionarlos.
Tauli-Corpuz presentó hoy su informe
preliminar al término de su visita oficial a México, desarrollada desde el 8 de
noviembre, y que da seguimiento a la realizada por su predecesor Rodolfo
Stavenhagen en 2003.
Resaltó que México tuvo un “papel
protagónico” en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, entre otras acciones internacionales. Sin
embargo, a nivel nacional, este compromiso “no ha quedado reflejado
adecuadamente”.
“Hay una falta de voluntad política”, así
como una carencia institucional que lleva a no entender adecuadamente los
derechos de los pueblos.
La relatora filipina, quien visitó Ciudad de
México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero, afirmó que los conflictos relacionados
con los derechos de la tierra continúan siendo un “asunto crítico fundamental”
sin resolver.
De acuerdo con lo expuesto por las
autoridades, la reforma agraria “respondió eficazmente a las demandas de
derechos sobre la tierra” y “no es necesaria mayor discusión sobre esta
cuestión”.
Aun así, Tauli-Corpuz constató que la reforma
“no ha sido eficaz para la resolución de disputas sobre la tierra”, y se
debería impulsar una respuesta “integral” basada en los actuales estándares
internacionales sobre derechos de pueblos indígenas.
Otro problema, el desplazamiento forzado, es
“particularmente preocupante y exige una acción urgente por parte del Estado”,
ya que los esfuerzos, hasta ahora, son “insuficientes”.
Este fenómeno nace de la presencia del crimen
organizado, caciques y otros grupos armados que han causado “un clima de
violencia, impunidad y desintegración social y cultural”, aseveró la relatora.
Tauli-Corpuz destacó que “en los últimos años
ha aumentado la preocupación sobre grandes proyectos promovidos por el
Gobierno”, que incluye los mineros, de hidrocarburos, agroindustriales y de
energía eólica, entre otros, y las cuestiones relacionadas con la consulta y el
consentimiento libre, previo e informado.
“Los procesos de consulta no han sido previos
por naturaleza, ya que las decisiones para autorizar dichas actividades ya
habían sido tomadas”, señaló.
Frente a ello, pidió privilegiar un “diálogo
en términos de igualdad”, porque la única manera de alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sustentable de la ONU es “no dejando a nadie atrás”.
En cuanto a participación política,
Tauli-Corpuz dijo que “persisten numerosos obstáculos” para ello, al igual que
“prácticas indebidas”, como presiones sobre los indígenas para condicionar su
voto en las elecciones.
También aplaudió los progresos que se han
hecho recientemente, como la facilitación para acceder a los certificados de
nacimiento, y vio como un “muy buen avance” el registro de la indígena María de
Jesús Patricio, Marichuy, como aspirante a candidata independiente para las
presidenciales de 2018.
Sobre acceso a la justicia, la relatora
remarcó que quedan pendientes de resolución casos de “extrema violencia” contra
los pueblos indígenas, que incluyen delitos como asesinatos, desapariciones
forzadas, violaciones y tortura.
Para las comunidades es “especialmente
difícil” acudir a la justicia, por razones como la distancia física hasta las
instituciones y las barreras lingüísticas, enumeró.
En su visita, la relatora pudo reunirse con
más de 200 representantes de comunidades indígenas, pertenecientes a 23
pueblos.
Además, se encontró con representantes de
instituciones como la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la de Energía, así como con organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado.
Tauli-Corpuz lamentó que el nivel de diálogo
con las autoridades gubernamentales fue “a veces limitado”, aunque agradeció al
Gobierno la invitación y permitir que llevara a cabo su misión “de manera
independiente”.
“El Gobierno mexicano debería reconocer sus
responsabilidades por los problemas descritos y adoptar medidas decididas para
mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos
indígenas”, concluyó.
(sinEmbargo)