Ciudad de México. | 16 julio de 2016
Tribuna Libre.- Emprender acciones
en contra de gobernadores acusados de corrupción representa una oportunidad
para el Gobierno federal de modificar ligeramente la percepción ciudadana sobre
el Presidente Enrique Peña Nieto y su manera de conducir al país, sin embargo,
no será suficiente para salvar a su gestión de un complicado fin de sexenio,
consideran analistas de México y Estados Unidos.
Agregan que en el
último tramo de su sexenio, Enrique Peña Nieto debe tomar acciones decisivas
para evitar un cierre caótica y pasar a la historia como el peor Presidente de
México en materia de combate a la corrupción.
Este Gobierno,
coinciden, está muy desgastado casi desde su inicio, no sólo por la corrupción
y el conflicto de interés que alcanzó a Los Pinos con el tema “casa blanca” [la
compra de la Primera Dama de una casa de más de 7 millones de dólares a Grupo
Higa] sino también por el enojo ciudadano, la insensibilidad de funcionarios
que no escuchan a la sociedad y la falta de disposición para emprender
investigaciones reales y a fondo en casos como la desaparición de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero; la ejecución de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya, Estado
de México; la muerte de cinco civiles en una presunta emboscada contra policías
en Apatzingán, Michoacán, y el reciente enfrentamiento entre policías y
maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en
Nochixtlán, Oaxaca.
Actualmente,
consideraron, los intereses del Gobierno federal lo llevaron a tener una
capacidad de acción muy reducida, a llevar al país a una crisis de Estado de
Derecho y al partido en el gobierno –el Revolucionario Institucional (PRI)– a
enfrentar una de las peores derrotas de su historia en la pasada elección del 5
de junio en la que perdió tres gubernaturas que habían sido parte de sus
bastiones históricos: Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Aunque a dos años
antes de concluir su administración el Presidente quiera enderezar el barco con
acciones como pedir por la vía legal la inconstitucionalidad en contra de leyes
“a modo” de gobernadores corruptos, esto puede interpretarse como una salida
para darle un espaldarazo al nuevo líder del PRI y así tratar de conservar el
poder durante las elecciones de 2018, afirman. Sin embargo rescatar la figura
presidencial es casi imposible, al menos así lo muestran las encuestas, comentan.
El mes pasado, una
encuesta de Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales
Aplicas (ISA) reportó que los niveles de aprobación del Presidente oscilaban en
35 por ciento, nueve puntos menos que en el primer trimestre de este mismo año.
EL CASO DE LOS EX GOBERNADORES
Correa Cabrera y
Duncan Wood coinciden en que en los últimos sexenios, los gobernadores se han
convertido en una clase de “príncipes” propietarios de sus tierras que se
sienten con el derecho de hacer cualquier cosa con sus estados y con sus
habitantes sin que exista una ley que los obligue a respetar los límites.
Lo anterior,
expresaron, es síntoma de la falta de un control superior, tanto oficial como
ciudadano, que los obligue a cumplir con la Ley, por eso Gerardo Rodríguez
Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de
Impunidad de México de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP),
consideró que en este momento, el Presidente Peña Nieto tiene una oportunidad
de oro de desmarcarse de la corrupción que se le atribuye a gobernadores, como
Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quinta Roo, y
César Duarte Jáquez, de Chihuahua, pero también de ex Gobernadores como Fidel
Herrera Beltrán, antecesor de Duarte de Ochoa.
“La corrupción ha
tocado su administración –la de Peña Nieto–, pero no había en su momento los
instrumentos legales ni la voluntad política para castigarlos porque había un
pacto de impunidad, lo que vimos [contra los gobernadores de Quintana Roo y
Veracruz] no significa que se haya roto el pacto de impunidad sino que se
empieza a romper porque este país ya no lo aguanta”, expresó.
Esta ruptura,
continuó, marca un momento en el que el Presidente, como mandatario de la
Nación y como presidente de su partido, tiene la responsabilidad de castigar a
gobernadores emanados del mismo [partido] y ésta es una oportunidad, “si esa
oportunidad no la aprovecha, la van a aprovechar otros políticos, por ello es
el principal responsable como Presidente de la República y de su partido de
investigar a los gobernadores en materia de corrupción y que fueron impunes
durante su administración”.
Fue enfático al
señalar que si Peña Nieto no castiga a los mandatarios corruptos, la corrupción
“lo acompañará por el resto de su vida”.
“Es su momento, su
oportunidad para seguir haciendo políticas anticorrupción efectivas porque
puede convertirse en el peor Presidente de la historia en términos de
corrupción y conflicto de interés, y lo que hizo [con Borge Angulo y Duarte de
Ochoa] es un paso, pero eso no limpia su administración ni la responsabilidad
política que tuvo también como presidente de su partido”. www.revistarepublica.com
