* Las
mafias de Fidel y Duarte, intocables *
“Cualquier pendejo es magistrado” *
Jueces que liberan criminales *
Caballero admite la basificación * SSP,
infiltrada por el crimen * Réplica de
Salim Anthuán * Y contrarréplica *
Dueños de medios, obligados a otorgar IMSS
* Defensor del Sicario dicta conferencia
Mussio Cárdenas
Arellano | 22 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- “Deme un número, juez”. Y el juez da el
número, y los plazos, y las tretas, el andamiaje con que se libera al criminal,
variando delitos y retirando cargos, agravando el escenario de impunidad. Así
se mata la justicia en Veracruz.
A ciegas anda el yunismo azul, navegando —o
naufragando— en la turbulencia de las agitadas aguas del Poder Judicial, donde
perviven las mafias de la fidelidad y el duartismo, y una casta de magistrados
que se confronta y polemiza en el tema de la corrupción.
En la cúspide, rescatado del ostracismo, un
priista que le sirve al PAN, un hombre que gusta de las tormentas y las
tempestades y que simula ser la ley. Es Edel Humberto Álvarez Peña, presidente
del Tribunal Superior de Justicia.
Se ufana de los proyectos y los sueños, las
ciudades judiciales —que si hay obra, hay negocio y hay millones— y la
reorganización administrativa, sorteando el dilema del nuevo sistema de
justicia penal y las puñaladas a la ley.
Todo le suena bien a Edel Álvarez. Su primer
informe de labores es una fantasía. Veracruz, en su óptica, desechó la
injusticia y el delito se castiga sin mirar a quién.
Sin más mérito que ser priista, Edel Álvarez
llegó al Poder Judicial en los días en que Fidel Herrera Beltrán iniciaba el
atraco a Veracruz. Fue su director de Notarías y Registro Público de la
Propiedad, y de ahí se disfrazó de magistrado.
Su llegada al Poder Judicial, en 2010, fue de
escándalo. Una magistrada, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, lanzó una frase
letal, célebre, para los bronces, indignada por el arribo de políticos y
personajes sin perfil al máximo tribunal de Veracruz.
Una entrevista que desde entonces circula en
la red social Youtube, registra sus palabras:
“Siempre he opinado que hay que respetar la
carrera judicial, como sucede en el Poder Judicial Federal. Sin embargo, aquí
en Veracruz no sé por qué no se respeta. Ahora, sinceramente para hablar en
términos jarochos, cualquier pendejo llega a ser magistrado. Cualquier pendejo
o pendeja”.
—¿Qué requisitos deberían de cumplir?
—Por lo menos, que se acredite que el
currículum es verdadero. Porque se dice que el curriculum de Gladys (Pérez
Maldonado) es mentira.
“Yo lo que Veo aquí es que mis compañeros
jueces, a los que admiro y respeto mucho les faltan pantalones. Llegamos a ser
magistrados después de haber sudado la camiseta 20 o 25 o 30 años. Era la
culminación de una carrera judicial.
“Para llegar a ser magistrada recorrí 16
juzgados y hasta después de tener 20 o 25 años de servicio adquiría uno el
carácter de magistrado”.
Teóricamente así es. Teóricamente.
En los hechos, la política se come a la
justicia y los políticos a los magistrados.
Directo, el golpe dio en Edel Álvarez,
Fernando Charleston Salinas y Gladys Pérez Maldonado. Pero ni uno ni otros se
dieron por aludidos.
De Gladys Pérez Maldonado hay anécdotas y
reclamos por sus ínfulas de diva judicial. Le imputan acoso laboral,
despotismo, trato soez al personal y criterio obtuso en la aplicación de la
ley. Y otros epítetos que es mejor no publicar.
Edel Álvarez adquirió notoriedad por su
calidad de magistrado visitador, movido a tres zonas judiciales de Veracruz,
señalado de carecer de capacidad y experiencia para el manejo de los temas
relativos a la justicia. “Ignorancia jurídica”, fue la expresión para
describirlo.
Se hizo célebre cuando, ya en la Séptima
Sala, junto con el voto de su compadre Andrés Cruz Ibarra, concedió la libertad
a Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, condenado a 38 años de
cárcel por el crimen de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la
revista Proceso. En la apelación salió. Edel Álvarez fue el magistrado ponente
y determinó que su confesión fue arrancada mediante tortura, que no le asistió
un abogado y que no medió orden de aprehensión.
Gobierno duartista, gobierno torturador.
“El Silva” fue reaprehendido meses después,
ahora por robo, y desde entonces el duartismo lo confinó a prisión.
Enemistado con el ex gobernador Javier
Duarte, quien en venganza le retiró la publicidad a su consorcio de medios de
comunicación —Liberal del Sur y otros—, Edel Álvarez tuvo un respiro cuando se
alineó con el panista Miguel Ángel Yunes Linares y lo vio ganar el gobierno de
Veracruz. Ambos fueron parte de las juventudes hernandezochoístas, pero Edel,
cuando pudo, se convirtió al fidelismo y luego al duartismo, las dos corrientes
que aborrece Yunes.
Hasta sus adversarios se plegaron ahora que
es el fiel de la justicia azul (sin dejar de ser rojo). A la magistrada Yolanda
Castañeda la venció en la votación para presidir el PJE y meses después, a
aquella que lo tildó de magistrado “pendejo” le otorgó un reconocimiento por
sus 45 años de trayectoria en el medio judicial. Para la lisonja es bueno Edel.
Hoy, en sus manos, el Poder Judicial es un
caos. Los criminales salen y los inocentes quedan tras las rejas. Los jueces
liberan al delincuente y se encajan con el que apenas si puede defenderse.
Otra magistrada, Concepción Flores Saviaga,
lo acusa de improvisar jueces, de designar jueces sin experiencia, de impactar
las sentencias en juzgados en materia laboral y familiar.
Pero a Edel le vale. Se ufana que la justicia
ha llegado a Veracruz. Se modernizan los juzgados. Se abate el rezago. Se
escucha al débil.
Si así fuera, Yunes no hubiera alzado la voz cuando
el juez Rubén Reyes Rodríguez, en Coatzacoalcos, liberó a Zeferino Almendra
Delgado, alias “El Sicario”, integrante de la banda de Hernán Martínez
Zavaleta, alias Comandante H líder zeta en el sur, acusados de portación de
arma de fuego. Ni al Sicario ni a sus cómplices se les imputó secuestro por
omisión de la Fiscalía de Veracruz.
Yunes Linares externó que “hay preocupación”
por la liberación de esos “sujetos”.
Y destacó que se había reunido con el
presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, y que se valore
bien al momento de tomar esa clase de decisiones.
Y lanzó una frase lapidaria cuando señaló que
era importante que los jueces “no le abran la puerta a cualquiera”, máxime
cuando se trate de infractores de la ley que sean reincidentes.
O sea, jueces pro-delincuentes.
Es el Poder Judicial de Veracruz reducto de
políticos y magistrados alineados con Fidel Herrera y Javier Duarte, los
Villalba, los Cruz Casas, los Portilla Bonilla, los Charleston, los Sosa, que
administran justicia a modo, o los Pimentel, los Ribón, que protegen mafias de
jueces, secretarios, actuarios, movidos por los dineros y las prebendas, las
penurias del pueblo con la ley.
Ahí permanecen los grupos que jefatura Raúl
Pimentel Murrieta, multiseñalado de encabezar a una banda enquistada en la
estructura del Poder Judicial, la familia Zapata, solapado por el ex presidente
del Poder Judicial, Alberto Sosa Hernández.
Otros casos se dan en el sur. Un informe
interno cita a la magistrada Elizabeth Hernández Ribón apuntalando a actuarios
de pésimo historial, acusados de fijar cuota a cada notificación.
Hernández Ribón se encuentra en el Tribunal
del Contencioso Administrativo, “es cuñada del actuario Williams Eliud”,
señalado de aplicar cobros de mil y 2 mil pesos por notificación y de carecer
de perfil para desempeñar ese cargo.
“El esposo de dicha magistrada —acusa el
informe— es el magistrado Javier Hernández Hernández, quien en el periodo de
Alberto Sosa, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, fue secretario
técnico del Consejo de la judicatura, y este recibió dádivas de estos dos
personajes y de diferentes secretarios de lo Penal, haciendo caso omiso a los señalamientos
de corrupción”.
El Magistrado Javier Hernández, junto con Roberto Sígala, calificó la pasada
elección de Miguel Ángel Yunes, “y ante esta red de corrupción, los actuarios
Williams Eliud, y Horacio Zapiain (del Juzgado Sexto de Coatzacoalcos) trabajan
bajo la protección de tales Magistrados, y ni el presidente de la judicatura
(Andrés Cruz Ibarra, compadre de Edel Álvarez) puede con ellos”.
No son jueces, son jeques. No son actuarios,
son magos financieros. Ostentan riqueza, autos de lujo, casas millonarias, vida
de placer. Y ni Edel ni Yunes los pueden someter.
¿Cuánto gana, por ejemplo un actuario? 7 mil
pesos al mes. Y con esa miseria adquieren casa de 2 millones de pesos; auto de
lujo, viajes, viejas o viejos. Los protege una pariente, la magistrada Lisbeth
Hernández Ribón, cuñada del actuario Williams Eliud. Podredumbre a granel que
implicará llegar hasta dos figuras jurídicas que causan urticaria entre los
sucios: enriquecimiento ilícito y uso de recursos de procedencia ilícita. Y
salpican hacia arriba.
Y así dice Edel Álvarez que la justicia en
Veracruz está en marcha, y marcha bien.
Opera con jueces que liberan criminales, que
varían delitos, que liberal al delincuente e incriminan al inocente.
Son las aguas turbulentas del Poder Judicial,
donde navega —naufraga— el yunismo azul.
Una señal: “Deme un número, juez”. Y el juez
le pone el número a la libertad del criminal.
Así se mata la justicia en Veracruz.
–
Archivo muerto
–
A los suyos, todo, los privilegios y las
ventajas, y una larga vida en la nómina municipal. No es masiva pero es
basificación, y en ella el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol le da prioridad a
una parte de quienes caminaron con él desde los días en que buscaba ser
diputado federal, en 2012, y luego alcalde de Coatzacoalcos, en 2013. Otros que
también fueron leales ya no están. Ni habrá base ni pudieron retener su empleo.
Admite Joaquín Caballero que habrá basificación, no masiva —¿quién habrá
invocado ese término—, pero sí la habrá. Se implementa vía contrato colectivo,
con una treta obvia, siendo el sindicato quien realiza la propuesta que incluye
a los recomendados del alcalde. Ellos, con menos de cuatro años en la nómina
municipal. Otros, los sindicalizados que pugnan por un turno, por una
suplencia, que cubren vacaciones, que llevan más años ahí, tendrán que esperar.
¿Pues qué no dice la ley que primero en tiempo, primero en derecho? Esto
presagia una cascada de demandas… Más o menos como decir que el Cártel de
Duarte sigue ahí. Infiltrado en Seguridad Pública, ve y oye, alerta y
traiciona. Algunos, reconoce el secretario Téllez Marié, se fueron ya bajo
señalamientos de que pasaban información a la delincuencia, y unos más por no
aprobar los exámenes de control y confianza. Son mil 33 elementos policíacos
que salieron de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría por ser aptos o
por no dar el perfil para el cargo; los menos, dice Jaime Téllez Marié en el
Congreso de Veracruz, por vínculos con los malosos. “Pasaban información a los
cárteles de la droga —resume la agencia AVC— y se les mantiene vigilancia a fin
de evitar que se integren a la delincuencia”. Y reconoce que se habían
infiltrado, razón por la que se iniciaron procesos administrativos, “pero al
estar conscientes que cometían una irregularidad, no se presentaron a la
audiencia a la que tenían derecho”. Sabido era que en el duartismo una parte de
la policía servía al crimen organizado y otra operaba como un cartel,
extorsionando, secuestrando, cobrando derecho de piso, sembrando terror. Y si
permanecieron ahí fue porque el gobierno de Javier Duarte los usó y encubrió. Y
si aprobaban los exámenes de control y confianza era porque alguien falseó la
verdad, su condición de malosos… Derecho de réplica a Salim Anthuán Contreras
Balderas: “Para un servidor tu columna es lectura obligada por la veracidad e
investigación periodística que aplicas en tus notas. No es la primera vez que
escribes referente a mi persona y mi intención aclaro no es que hables a favor,
pero hoy dado lo que redactas sí me veo en la necesidad de solicitarte
respetuosamente que a través de tu columna donde anexas este texto: ‘Salim y La
Changada son uno, y ahí se perpetró un doble crimen. Salim, con su aire de
hombre de bien, mantiene ese y otros tugurios —un Peñón— en los que no se paran
ni las moscas y la contabilidad se nutre con números rojos. Ahí, en La
Changada, en su cocina, fue ejecutada Dana Paula Sánchez Sagrero; afuera, en un
charco de sangre, el cuerpo de su madre, Abigail Roxana Sagrero Wilson. Qué
cosas las de Salim. Queriendo alcanzar el cielo político y moviéndose en las
entrañas del infierno…” Aclares que yo ni soy dueño, ni socio y mucho menos
cliente del bar denominado ‘La Changada’. Me extraña demasiado que un
periodista de tu categoría se aventure a afirmar esto y más anexes una historia
de hechos muy desagradables donde mueren personas presuntamente vinculadas
al crimen organizado. No soy dueño ni de
ese ni de otros ‘tugurios’ como tú les dices. Soy respetuoso del gremio
periodístico donde tengo muy buenos amigos, y así como ustedes exigen seguridad
y protección contra información que pudiera poner en riesgo su integridad, de
la misma manera pido que no se me pretenda vincular con una red de negocios que
por supuesto no tengo. Tuve la oportunidad de trabajar en dos administraciones
municipales, pero soy una persona común y corriente como cualquier ciudadano
que tiene que trabajar día a día para el sustento de su familia y a mucha honra
siempre ha sido sido en un mercado de la ciudad de Coatzacoalcos. No tengo ni
‘piel de seda’ ni soy sensible a ciertas notas, pero si veo mi integridad
expuesta no me puedo ni debo permitirme quedarme callado.. sin más por el
momento me despido y quedo a tus órdenes Lic. Mussio Cárdenas. Saludos”.
Contrarréplica: ¿Quién mencionó a Salim Anthuán Contreras Balderas? Yo no…
Malas nuevas para los dueños de la prensa. Quiéranlo o no, tendrán que otorgar
prestaciones hasta ahora conculcadas a reporteros y miembros de plantilla de
redacción. Habrá nueva legislación, más estricta, más severa, protegiendo el derecho
del gremio a la seguridad social, mínimo estar afiliados al Seguro Social,
prestación omitida, violando flagrantemente la ley. Habrá modificaciones que
sancionen a los industriales de la información que atropellan el derecho de sus
reporteros a contar con servicio médico y una pensión cuando el destino los
alcance… ¿Quién es ese abogado que hoy da cátedra y hasta conferencias y que
hace unas semanas, quizá tres meses, tuvo la encomienda de maniobrar en
juzgados y áreas de la Fiscalía de Veracruz para allanar el camino a la
libertad de Zeferino Almendra Delgado, alias El Sicario, miembro de la banda
del Comandante H, a quien ejecutaron apenas 20 minutos después que salió del
penal Duport Ostión?… Que ya se sabe quién ideó, patrocinó y movió en las redes
sociales el video en que se infama al director de CAEV Coatzacoalcos, José
Antonio Wilburn González, acusándolo de pederasta. Fuego amigo…