*La
magistrada presidenta del TEPJF dijo que todo proceso electoral exacerba los
enconos sociales y políticos, y que los debates intensos y ríspidos son propios
de toda democracia.
*El
Tribunal Electoral imparte justicia que da certeza a la democracia, afirmó, al
ofrecer su Primer Informe de labores ante el Pleno de la SCJN y del CJF.
*A
nombre del Pleno de la Sala Superior, la magistrada Otálora Malassis indicó que
el compromiso del Tribunal Electoral es impartir justicia de manera ética, en
aras de consolidar un Estado de Derecho democrático.
Ciudad
de México. | 15 noviembre de 2017
Tribuna Libre.- La magistrada presidenta de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M.
Otálora Malassis, aseguró que, para preservar su neutralidad las instituciones
electorales deben mantenerse por encima de la disputa por el poder político y
su única guía debe ser la Constitución y los valores democráticos.
A nombre de los integrantes de la Sala
Superior, Otálora Malassis ofreció el Primer Informe Anual de Actividades de la
presente integración, correspondiente al periodo 2016-2017, ante el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), en el que sostuvo que en el TEPJF se tiene claro que toda
competencia electoral exacerba los enconos sociales y políticos, y que los
debates intensos y ríspidos son propios de toda democracia y de la arena
política.
“Las magistradas y los magistrados estamos
conscientes de que la justicia es el cimiento de la dignidad humana y la
libertad, nuestro compromiso es seguir impartiendo justicia de manera ética, en
aras de consolidar un Estado de Derecho democrático, en el que todas las
personas puedan ejercer sus derechos políticos, en condiciones de igualdad, de
paz y dentro de un orden social y armonioso”, aseveró la magistrada presidenta
del TEPJF.
Por ello, refirió, para quienes integran el
Pleno de la Sala Superior, el Tribunal Electoral es la institución que, a
través de sus resoluciones razonadas, argumentadas y congruentes, garantiza
certeza para la democracia.
Acompañada por la magistrada y los
magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata
Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales, Reyes
Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, Otálora Malassis subrayó que
México requiere de instituciones fuertes, legítimas y con credibilidad, así
como de procesos electorales íntegros, por lo que las elecciones de 2018
representan la oportunidad para demostrar esa fortaleza institucional.
“Este proceso electoral representa una
oportunidad para probar esa fortaleza institucional e integridad electoral;
para hacer eco de las demandas sociales y consolidar las libertades y derechos
de las y los mexicanos. Sabemos que las libertades que no sepamos proteger hoy,
serán mañana los males de la sociedad”, sostuvo.
La magistrada presidenta indicó que, si bien
es cierto que el sistema electoral mexicano se estructura en torno a dos ramas
fundamentales, la administrativa y la jurisdiccional, que tienen sus propios
fines y atribuciones, también es cierto el hecho de que el “diálogo entre
ambas, para armonizar criterios, debe ser amplio, abierto y de frente a la
sociedad, en aras de fortalecer a la democracia sin atentar contra el orden
constitucional”.
“La sociedad requiere de árbitros
administrativos creíbles y eficaces; también exige árbitros jurisdiccionales
fuertes, independientes e imparciales y que velen por el Estado de derecho”,
subrayó ante el Pleno de la SCJN y del CJF, los integrantes de las Salas
Regionales del TEPJF e invitados especiales, presentes en el Salón de Plenos de
la Suprema Corte.
La magistrada Otálora Malassis añadió que
“nuestra justicia electoral es el reflejo de quienes la impartimos. No buscamos
el aplauso, ni huimos la crítica, nos sometemos siempre a un escrutinio
estricto y exigente de los actores políticos y de la ciudadanía. Reiteramos
nuestro compromiso de servir a la democracia”.
Subrayó que la protección del orden
constitucional y de las libertades y derechos de las personas es una tarea que
compete al Poder Judicial y que, al mismo tiempo, “se trata de una
corresponsabilidad de todos los actores políticos y la ciudadanía: en la medida
en que la Constitución nos protege a todos, a todos nos corresponde su
defensa”.
El número de impugnaciones presentadas
refleja la confianza de los actores políticos en el TEPJF
En el Informe, la magistrada presidenta
destacó el alto nivel de litigiosidad que observa el TEPJF, ya que, a pesar de
la celebración de procesos electorales en solamente cuatro entidades
federativas, se han presentado 9 mil 375 asuntos, un número casi igual al año
anterior que contó con 22 procesos electorales. Esta cantidad de impugnaciones
refleja la confianza que tienen los actores políticos en la labor del Tribunal
Electoral, así como de su compromiso con los principios democráticos que
implican recurrir siempre a la vía jurisdiccional para la resolución de
conflictos.
Señaló que la labor del TEPJF está orientada
por tres ejes estratégicos: ser un tribunal abierto, alcanzar la igualdad
sustantiva y contar con una administración eficiente, premisas con las que se
pretende fortalecer al Tribunal como “una institución a la altura de las
exigencias de nuestra sociedad, que sea garante de derechos en el marco de la
imparcialidad que demanda nuestra democracia”.
Para lograr mayor apertura del Tribunal, indicó
la magistrada presidenta, en los últimos 12 meses se han implementado proyectos
encaminados a fomentar la transparencia y participación ciudadana, incluyendo
la elaboración de una nueva página web, colaboración con diversas
instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la academia, y de los
programas de capacitación externa.
En cuanto a la administración de la
institución, la magistrada presidenta señaló que se pretendió mejorar la
eficiencia organizativa y económica, para lograr una meta de ahorros de hasta
480 millones de pesos. De entre las medidas ejecutadas, destacó la
determinación tomada a principios de este año, de que no era necesaria la
instalación de dos nuevas salas regionales previstas en la Reforma Electoral de
2014, ya que el incremento de las cargas de trabajo debe ser atendido a través
de programas temporales. De esta forma se logró que los recursos asignados para
tal fin -350 millones de pesos- fueran reintegrados en su totalidad a la
Tesorería de la Federación durante el ejercicio presupuestal 2017.
En el periodo reportado, destacó que la labor
institucional en aras de lograr la igualdad sustantiva se centró en los
criterios jurisprudenciales emitidos a favor de los derechos de las mujeres, de
las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y adultas mayores.
Asimismo, se efectuaron acciones específicas para facilitar el acceso a la
justicia de estos grupos, entre los que destaca la elaboración del “Protocolo
para las Defensoras y los Defensores de los Derechos Político-Electorales de
los Pueblos y Comunidades Indígenas”, la actualización del “Protocolo para
Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, así como la implementación
de la traducción al lenguaje mexicano de señas de todas las sesiones públicas y
eventos relevantes del Tribunal Electoral.
Este año el TEPJF, puntualizó, comprometido
con el fortalecimiento de la apertura institucional, pone a disposición de la
ciudadanía la información relacionada con el quehacer jurisdiccional y
administrativo a través de un anexo estadístico interactivo, construido a
partir de los datos abiertos, que puede ser consultado en www.informe.te.gob.mx.