* La amenaza del gobierno doblegó a sus
líderes * La amenaza de cárcel pudo más * Les faltó base
social * Ponciano Vázquez traicionó a Pepe Yunes * Los Condado,
parte del PRD rojo * Sus ligas con la fidelidad y el duartismo * La
alcaldesa y su constructora favorita * Regidores de oposición o la Ley
del Maíz.
Mussio Cárdenas Arellano | 02 enero de 2015
Tribuna Libre.- Alguien mareó a
los ejidatarios. Les hizo creer que el sabotaje es bueno. Les vendió la idea de
que en la lucha social se vale todo. No les dijo que el sabotaje es un delito.
No les dijo que enfrentarían denuncias penales. No les dijo que podían parar en
la cárcel.
Lo vinieron a
entender 24 días después, en sus manos la presa Yuribia que surte de agua a
Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, en ascuas medio millón de habitantes
en la zona sur que no son culpables de su desgracia, trastocada su vida, la de
los centros escolares, el área de salud y toda actividad.
Genuinas sus
demandas, condenable el olvido oficial, los ejidatarios de Tatahuicapan
esgrimieron siempre que del gobierno de Veracruz sólo recibieron promesas
huecas, incumplimiento, alardes demagógicos, obras desechas al primer temporal,
carreteras destrozadas, puentes caídos, cero reforestación en las áreas
cercanas a los afluentes que dan vida a la presa Yuribia y pagos de los
sistemas municipales de agua que nunca llegaron o que llegaron a jalones y
estirones.
Su lucha, pues,
estaba justificada. Sus métodos no.
Provocaron la peor
crisis de agua de los últimos treinta años cuando bloquearon las válvulas, se
apoderaron de la presa y cancelaron el suministro, el 4 de diciembre. Ese día
marcaron su destino.
Reyes en su feudo,
se les vio insultar, agraviar, liarse a golpes, someter y aplastar a la
autoridad. Se habían concentrado en la asamblea que se realizaba en la Casa
Ejidal. Tatahuicapan y la sierra de Soteapan entera sabían lo que significaba
ese momento, tenso el ánimo, la ira al borde.
Cuando tomó la
palabra el operador de la Secretaría de Gobierno, José Luis Utrera Alcázar,
estalló el conflicto. Utrera los agravió. Dijo que Tatahuicapan tiene una
población de 20 mil habitantes y que ahí no habían ni 600. Encendió los ánimos.
Lo bajaron a mentadas. Lo jaloneaban. Lo llevaron a la presa Yuribia. Lo
hicieron pedir perdón.
Enfrentados, los
tatahuis se liaban a golpes, unos a favor de suscribir un nuevo acuerdo con el
gobierno estatal y así garantizar el agua a los tres municipios, y otros por la
cancelación del suministro.
Ahí se veía al
alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, saliendo entre reclamos
airados, la gente violenta —¿pueblos hermanos?—, a punto de ser linchado. Y apenas
abordó su camioneta, cayó una lluvia de piedras, destrozado el medallón del
auto mientras se pudo alejar.
Joaquín Caballero
regresó y anunció la puesta en funcionamiento de los pozos de alivio,
perforados durante los ocho meses que duró la tregua con los tatahuis. Tendrían
que haber funcionado los 30 pozos pero lo hicieron 14. Paulatinamente se fue
incrementando el abasto.
Enfrentó entonces
el reclamo de una población que demandaba agua, que se quejaba porque las pipas
no abastecían con puntualidad, que advertía que el agua tenía sabor a sal y que
provoca enfermedades en la piel.
Inédito el
escenario, hizo crisis el viernes 26 cuando un grupo de manifestantes llegó a
los bajos del palacio municipal y reclamó la falta de suministro, pero de
pronto trató de ingresar al anexo del inmueble, donde el sábado 27 se
realizaría el primer informe de actividades del alcalde. Fueron repelidos por
un grupo porril, comandado por el operador marcelista Miguel Antonio Wong
Ramos. De ambos lados hubo reclamo, jalones, golpes volados y puntapiés.
Arrojó la gresca
un herido y varios golpeados del bando de los manifestantes. Acusaban al
alcalde de represor, a la vista el puño. Joaquín Caballero evitaba así que le
tomaran el palacio municipal y lo dejaran sin escenario para su informe.
Un día después, el
sábado 27, el alcalde dijo en su informe que la toma del Yuribia obedecía a
razones políticas y que “por la cerrazón de unos cuantos permanece cerrada”.
Pidió a los tatahuis enumerar los agravios para que fueran subsanados.
Bajo el agua, la
negociación seguía. Entre lunes y martes, 22 y 23 de diciembre, los tatahuis
fueron advertidos que las denuncias interpuestas en su contra los llevarían
irremediablemente a la cárcel.
Conocieron
detalles jurídicos: por la cuantía del daño provocado a las tres poblaciones,
por el gasto ocasionados a los ayuntamientos —renta de pipas, renta de
vehículos, compra de tinacos y cisternas, salarios— y por la afectación a la
presa y a las líneas de conducción, ni un amparo los salvaría.
Por el número de
implicados en la toma del Yuribia, la garantía que exigiría un juez federal
para otorgar el amparo, sería de 3 millones de pesos.
Seguía la
negociación. Comenzaba a enrarecerse el ambiente entre el Santa Martha y el San
Martín. Sopesaban los líderes campesinos la conveniencia proseguir con la toma
de la presa. Les inquietaban las consecuencias legales.
Operadores del
alcalde Joaquín Caballero intensificaban la presión. A lo largo de ocho meses,
de marzo a noviembre, entregaron 12 millones de pesos para ser aterrizados en
Tatahuicapan y para amansar a los sectores radicales. Se sabe el origen pero no
el destino de ese dinero.
Se doblegaron los
tatahuis el domingo 28, Día de los Inocentes. Sesionó el grupo ejidal.
Excluyeron al alcalde y al líder más emblemático de la sierra, Esteban
Bautista. Los audios de la reunión traslucen el temor. En ellos se advierte la
amenaza del gobierno duartista. Quienes llevan el mando se niegan a seguir
adelante.
Hay voces que
disienten. Les explican que el gobierno les dio como plazo hasta la medianoche
de ese domingo 28. O cedían o enfrentaban las órdenes de aprehensión. Nuevas
voces plantean que pueden encarar al gobierno. ¿A pedradas?, les preguntan.
De ahí salió el
acuerdo. Incluye la extinción de las órdenes de aprehensión y de toda
persecución legal; el uso de sólo el 40 por ciento del torrente del Yuribia
para Coatzacoalcos; un hospital con todos los servicios, y las obras pendientes
de realizar en la sierra.
Tiene algo de
absurdo el acuerdo con el gobierno de Veracruz. Su vigencia es de ocho meses
más. En ocho meses habrá que revisarlo. ¿Qué sucederá entonces? Si las
condiciones no les favorecen, ¿no lo renovarán? Y de ser así, ¿bloquearán de
nuevo el Yurivia? ¿Enfrentarán de nuevo a denuncias penales, las órdenes de
aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel?
La amenaza pudo
más que la causa social. El 4 de diciembre, los tatahuis mostraron el puño
frente a los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán. Insultaban, amenazaban. Al
operador de la Secretaría de Gobierno, “Supermán” José Luis Utrera, lo hicieron
pedir perdón. Gozaron de sus excesos. Dejaron sin agua a medio millón de
habitantes que no tenían culpa de las promesas incumplidas del gobierno.
Veinticuatro días
después, cerca de la fecha límite, pudo más la amenaza del gobierno, las
órdenes de aprehensión, el riesgo de ir a la cárcel.
Se quebraron los
tatahuis. Les faltó base social, pueblo que respaldara a sus líderes,
movimiento que sacudiera las entrañas de la sierra.
Simplemente se
quebraron los tatahuis.
Archivo muerto
¿Qué pasó ahí? No
todo mundo cree en Ponciano Vázquez. Pepe Yunes sí. Tenían un acuerdo, y
mientras el senador veracruzano caminaba en su proyecto por la gubernatura, el
alcalde de Cosoleacaque le operaba apoyos, le allanaba el camino. Construían
así una candidatura. De pronto el cántaro se quebró. Ponciano había prometido
que su cabildo no aprobaría la reforma constitucional duartista que da vida al
minigobierno de dos años. Decía que no y comprometía su palabra. Pero en el momento
crítico, planchado por Javier Duarte, el alcalde flaqueó y cedió. Pepe Yunes
conoció así de qué está hecho su amigo Ponciano, de su doble moral y de su
capacidad para traicionar... Perredismo rojo, el de la familia Condado, en
Acayucan. Invariablemente sus alfiles están en el Congreso de Veracruz. Por ahí
pasó Clemente Condado Mortera, el patriarca; ocupó una curul Martha Beatriz
Patraca Bravo, mujer de Cuitláhuac Condado Escamilla, condescendiente con el
régimen de la fidelidad; luego lo hizo Brenda Abigail Reyes, ex esposa de
Clemente Nagasaki Condado Escamilla, él ex subprocurador de Justicia en la Zona
Sur, y ella legisladora del PRD que le aprobaba todo al gobernador Javier
Duarte hasta renunciar a su partido, y ahora Ana María Condado Escamilla, cuyo
voto es duartista y entreguista, ejemplo de ello la reforma constitucional para
crear el minigobierno de dos años. Sólo un botón de muestra del perredismo
rojo... Buen año para Nanchital, buen año el 2014, dice la alcaldesa Brenda
Manzanilla Rico. Buen año para ella, fomentado el contratismo, privilegiando a
una empresa constructora, concentrando los recursos en unas cuantas manos.
Nanchital, en cambio, hundido en el rezago, sin que un plan urbano le dé cauce
a la demanda social y mientras los impunes sigan haciendo de las suyas con el
beneplácito y el aval de la joven alcaldesa. Buen año, dice Brenda Manzanilla.
Mucho mejor si el contratismo deja buenos diezmos... Planchados, sometidos, los
ediles de Coatzacoalcos dieron el sí al minigobierno de dos años de Javier
Duarte. Aprobaron en cabildo el invento político del gobernador sin reparar en
las consecuencias sociales, el estancamiento, la falta de inversión privada, el
caos que va a enfrentar Veracruz. De los priístas no extraña. Para eso son los
soldados del sistema, programados para obedecer. Pero los de oposición son
todo, menos oposición. Salvo Luis Rendón Martín, ex del PRI, ahora del PAN,
todos los que acudieron a la sesión de cabildo le dieron el sí a Duarte.
¿Maiceados? ¿Convidados de las mieles del poder? Eso y más, peones del alcalde,
vergüenza para quienes los vieron en campaña enfrentarse al PRI, los aclamaron
y les dieron su voto...
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@mussiocardenas