*El
Poder Judicial, en la mira del autoritarismo.
Tribuna Libre.- Los ministros, magistrados y jueces tienen la
enorme misión de impartir justicia, pronta y expedita, completa y gratuita, así
como garantizar el ejercicio del catálogo de derechos que en nuestro país están
expresados en la Carta Magna y en diversos tratados internacionales que México
ha suscrito.
Las resoluciones del Poder Judicial implican,
en muchos casos, riesgos; demandan independencia, objetividad y sensatez. Este
poder, además, históricamente ha sido garante del equilibrio entre los poderes
de la República.
Hoy se pretenden vulnerar los derechos de
jueces, magistrados, ministros y de los integrantes del Poder Judicial en
general; el Estado de Derecho y la división de poderes son amenazados por un
intento de reducir sus salarios, pasando por encima de la independencia
judicial, en lo que la nueva administración federal ha llamado austeridad
republicana.
En un acto de dignidad y valor, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro instructor Alberto
Pérez Dayán, el pasado 7 de diciembre otorgó una suspensión para aplicar el
Decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
promovida por el nuevo gobierno morenista, a los salarios de 2019, esto luego
de una acción de inconstitucionalidad promovida por las minorías parlamentarias
del Senado de la República el 5 de diciembre.
Es de significarse que a la acción del Senado
se suma la interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que
ve en este intento de intromisión al Poder Judicial un peligro para la
estabilidad del Estado.
Es oportuno y pertinente precisar que los Senadores
del Revolucionario Institucional, junto con otras fracciones parlamentarias, no
se oponen a un gobierno austero, sino a violentar la división de poderes.
Es cierto: los nuevos tiempos de México no
permiten privilegios ni gasto excesivo, pero ese no puede ser el pretexto para
que el Ejecutivo intente establecer una supremacía sobre el Legislativo y
Judicial.
La intentona morenista de vulnerar los
derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial, pero sobre todo de
socavar la división de poderes, exhibe la ignorancia o el deliberado olvido de
quienes hoy nos gobiernan, que fue precisamente este régimen de división y
equilibrio de poderes el que les garantizó las condiciones para que el pasado 1
de julio no les fueran regateados sus triunfos, tanto en el ámbito legislativo
federal como en el de la Presidencia de la República, y que fue este mismo
régimen el garante de que en el 2000 tuviéramos una alternancia sin sobresaltos
en la gobernabilidad de la República.
En un régimen democrático es imposible la
coexistencia de jueces dóciles, con un parlamento sumiso y un Ejecutivo al
mando de todos.
Pese al fallo judicial, hay voces tercas que
insisten en que la reducción salarial va porque va. A esas voces necias les
advertimos que se van a topar con pared.
La reducción salarial no significa ahorro,
como ellos lo han mal planteado, por el contrario. A cada trabajador se le
retiene el 30 por ciento de su sueldo por concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR), lo que representa un importante ingreso a las arcas nacionales. Si el
salario se reduce; por ende, también lo hace el monto que representa a las
finanzas nacionales. Sumemos, además, lo que el gobierno federal tendría que
pagar por indemnizaciones a todo aquel servidor público que se oponga a esta arbitrariedad.
De acuerdo con expertos financieros, esto representaría un aproximado de 150
mil millones de pesos, una cantidad imposible de etiquetar en el presupuesto
2019.
Como diputado federal, junto con mis
compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, velaré por la independencia y
autonomía del Poder Judicial de la Federación: no se concibe una democracia
moderna sin la sana división de los poderes. Insisto: no se trata de un mero
asunto de salarios como mediáticamente lo han querido enfocar; se trata de
respeto a nuestra Constitución y a las instituciones más emblemáticas de la
República.