* Jefe
pericial y una ministerial ocultaron cadáveres
* Conectados con torturadores de Bermúdez * Luis Ángel Bravo en la mira * La Toma: pitazo desde la SSP a Los
Zetas * Renuncia financiero del
alcalde * Pintos: de motelero a
tesorero * Caleb, sancionado por
Orfis * “Cómo me gusta tu candidata”… y
la poderosa política se la llevó
Tribuna Libre.- Muy pulcro, muy siniestro, Fisculín gustaba
de ocultar evidencia plena, la de los ejecutados y la de las fosas
clandestinas, la de los masacrados por sicarios y los que pasaron por la
tortura hasta morir a manos de la policía brutal de Arturo Bermúdez. Y como
Luis Ángel Bravo, sus subalternos también.
Dos de ellos, Gilberto Aguirre Garza y
Carlota Zamudio Parroquín, ocultaron cadáveres, alteraron escena del crimen,
falsearon reportes y transgredieron la ley. Por lo menos así ocurrió, según la
Fiscalía de Veracruz, en 13 casos.
Era Gilberto Aguirre director de Servicios
Periciales de la Fiscalía.
Era Carlota Zamudio delegada regional de la
Policía Ministerial en la Zona Centro Xalapa.
Servían a Luis Ángel Bravo Contreras, alias
Fisculín, el metrosexual obsesivo que operara el aparato de procuración de
justicia en tiempos de Javier Duarte, cuando la desaparición forzada, la
invención de delitos, la fabricación de culpables, fuera la norma para sembrar
el terror.
Se les acusa en concreto de su probable
intervención en el ocultamiento y alteración de 13 cuerpos, localizados y
hallados en La Barranca de la Aurora, municipio de Emiliano Zapata, conurbado a
Xalapa, ahí donde los testigos cuentan que la tropa de Arturo Bermúdez Zurita,
el falso general de cero estrellas, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública en el duartismo, usó la violencia contra criminales e inocentes para
simular que hacía cumplir la ley.
Precisa la Fiscalía del abogado Jorge
Winckler de manera oficial:
“El día 19 de enero de 2016, en aquel lugar,
fueron localizados restos de al menos 19 personas. Sin embargo, presuntamente
por instrucciones de GILBERTO ‘N’ y de CARLOTA ’N', el personal bajo su mando
únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.
“De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de
ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero,
donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido
simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado
positivamente como quien en vida llevara el nombre de DAVID LARA CRUZ, elemento
de la Secretaría de Seguridad Pública, quien desapareció el día 12 de enero del
2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia
corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de
Confianza de esa Dependencia.
“Sobre los restos de las 12 personas
restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su
identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados
a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que se encontraba
al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en
desapariciones forzadas, Arturo ’N', durante el Gobierno de Javier Duarte de
Ochoa”.
Uno y otra, Gilberto Garza y Carlota Zamudio,
son piezas del entramado que desemboca en Fisculín y que se extiende al gang
criminal de Bermúdez, cubriendo las huellas de los muertos aun cuando ya
existieran investigaciones en curso, cuerpos identificados, evidencia de la
tortura, vidas cortadas porque a Los
Fieles —Fuerza Civil, Fuerza de Reacción Inmediata— se les pasara la mano y
había que borrar evidencia.
A Gilberto Garza lo describe el periodista
Miguel Ángel León Carmona. Destacó con Fidel Herrera Beltrán, el ex gobernador
cuyo período sirvió para la consolidación de Los Zetas, siendo director de
Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy
Fiscalía de Veracruz.
Con Javier Duarte pasó de ser “jefe del
Departamento de Investigaciones Ministeriales, de la Unidad Especializada en
Combate al Secuestro y Fiscal de Distrito de Xalapa. El 18 de marzo de 2014 fue
nombrado director general de Servicio Periciales, bajo las órdenes de Bravo
Contreras”.
Pesan sobre Aguirre Garza señalamientos de
encabezar exhumaciones e inhumaciones y de la “pérdida de reactivos de las
muestras de ADN que retrasó la identificación de cadáveres hallados en fosas
clandestinas de la entidad”.
Un caso, el de Gemma Mávil, cimbró a
Veracruz.
Plagiada el 3 de mayo de 2011, su cuerpo fue
hallado tres meses después, en agosto.
Dice León Carmona:
“De acuerdo con investigaciones que forman
parte de la carpeta de investigación 844/2011 el cuerpo de la joven junto con
el de otras dos personas fueron inhumados en la fosa común del panteón Palo
Verde, en Xalapa, a finales de 2011. Sin embargo, luego de tres exhumaciones
públicas sus restos no fueron localizados.
“Al cuerpo de Gemma no le fue realizado el
perfil genético y sus datos no pudieron ser cotejados con la información de sus
padres. Fue hasta 2016, mediante averiguaciones ministeriales, cuando Pedro
Mávil se enteró que su hija había perdido la vida a consecuencia de un plagio”.
Su padre, Pedro Mávil, dijo a León Carmona:
“Hasta 2016, las autoridades de la Fiscalía
nos confirmaron que se trataba del cuerpo de mi niña, en virtud de que se
realizaron los perfiles genéticos de mi esposa, de un servidor y de mi niña”.
Bravo Contreras dijo entonces que de ser
necesario voltearían el Panteón Palo Verde hasta encontrar a Gemma Mávil.
Agrega León Carmona:
“Sin embargo el funcionario mentía, pues
ocultó que desde 2015, bajo la dirección de Gilberto Aguirre, se practicaron
dos exhumaciones no registradas en Palo Verde. Pero el cuerpo de Gemma no
estaba.
“Posterior a la declaración de Bravo
Contreras se realizaron tres exhumaciones públicas en el mismo lugar durante
los meses de junio, julio y agosto de 2016. En el sitio donde, según
autoridades, fue inhumada Gemma Mávil, únicamente fueron halladas las osamentas
de dos hombres. A la fecha el caso sigue impune”.
Con el yunismo, Gilberto Aguirre llegó a ser
fiscal regional en Córdoba. Los colectivos de familiares que buscan a
desaparecidos cuestionaron su rol en la pérdida de los reactivos para las
muestras de ADN. El 22 de abril de 2017, exigieron al gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares su destitución y que asumiera las consecuencias. Un día después,
renunció al cargo.
Hay otros episodios que ligan al ex fiscal
Luis Ángel Bravo con la desaparición forzada. Uno es el tiradero de cadáveres
en la zona aledaña a la Academia de Policía de El Lencero. A partir de
testimonios de policías y víctimas, se acreditó que la policía de Arturo
Bermúdez levantaba halcones de Los Zetas, los sometía a tortura, extraía
información de sus líderes, los mataba y desaparecía sus cuerpos.
Eran arrojados a la Laguna Negra y a La
Barranca de Aurora. Y en de esta, de los 19 cadáveres, Gilberto Aguirre y
Carlota Zamudio sólo reportaron la existencia de seis, según la Fiscalía de
Veracruz.
Otro más ocurrió en Tres Valles, a unos
kilómetros de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, la tierra de Fidel Herrera
Beltrán. 31 cuerpos se hallaban en una fosa clandestina en el rancho El
Diamante, propiedad del ex alcalde Domingo Tress.ç
Reveló el caso el subprocurador en Veracruz,
Arturo Herrera Castillo, y Fisculín lo cesó. Pretendía ocultar la evidencia
Trasladó los restos a Xalapa, lejos de los familiares, dando evasivas, diciendo
no saber si las víctimas eran de los buenos o de los malos.
Hoy, dos cercanos a Fisculín están en
prisión, acusados de desaparición forzada, de ocultar evidencia, de falsear
información, de patear la ley.
Tal como Luis Ángel Bravo solía hacer.
Archivo muerto
Un pitazo alertó al “Chichis” y al
“Cachorro”, al “Viejón” y “La Paloma”. Un pitazo para atrincherarse, evitar la
cuerda que los llevaría a un penal de máxima seguridad. Un pitazo que detonó el
motín, el incendio en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, sometiendo
los líderes zetas a policías, usarlos de rehenes, confinarlos en la celda,
picarlos, golpearlos, provocarles la muerte por asfixia. Sin ese pitazo, nada
habría ocurrido. Detenidos y sujetos a investigación, el director del penal,
Valentín Hernández, y 10 custodios son la clave para hallar al delator. Dicen los
insiders que el operativo para trasladar a los jefes zetas se mantenía en
secreto y así se debió concretar. Sólo que en los altos mandos de la Secretaría
de Seguridad Pública los enclaves duartistas que aún se mantienen ahí filtraron
detalles para frustrar el operativo y generar una tormenta sobre el gobierno de
Miguel Ángel Yunes Linares, y el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié.
Infestada de duartistas, y muchos que vienen de los días del reinado de Fidel
Herrera en Veracruz, la Secretaría de Seguridad se viene convulsionando desde
que el grupo de exterminio de Arturo Bermúdez Zurita —Los Fieles—, mandos y
tropa en la Fuerza Civil, en la Fuerza de Reacción Inmediata, en los
antimotines, en la mano negra que opera vestida de civil, que apaleaba gente,
que levantaba presuntos halcones de los zetas, los torturaba, mataba y
desaparecida, fue denunciado, exhibido y consignado ante el Poder Judicial. De
ahí para acá, mandos y tropa en la Policía Estatal increpan con anónimos
—cobardes tenían que ser—, descalifican operativos, sollozan y se lamentan,
llegando a la ridiculez de amagar con no votar por el candidato panista al
gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador. Y la
prensa cómplice da voz a la policía criminal, la que sigue en la SSP y que en
los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz, apaleaba activistas y
universitarios, maestros y periodistas, campesinos y oposición. Por un pitazo,
cuyo origen se halla en el seno de la Secretaría de Seguridad, los líderes
zetas —Josele Márquez, “El Chichis”; Manuel Escalona, “El Cachorro”; Rolando N,
“El Viejón”, y Ángel N, “La Paloma”— detonaron el motín en el penal de La Toma
para evitar su traslado a un penal federal de máxima seguridad que impediría
que siguieran operando desde el interior del reclusorio y generando oleadas de
violencia en el centro de Veracruz… Tres meses y el tesorero mejor se fue. O lo
fueron. Catastrófico desgobierno de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el adalid
de Morena, que al inicio del cuarto mes acepta la renuncia de José Manuel
Pozos, sin mayor detalle, sin algo que explique la dimisión, si fue porque no
se quiso embarrar en las truculencias del alcalde o porque para lo que viene se
requiere alguien como Mario Pintos Guillén, ex director de Catastro, hermano
del secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén. Saltar del motel Vaivén
a la tesorería municipal no tiene precedente. Y menos cuando salvo cinco
habitaciones, las otras 60 estaban inservibles. Y mucho menos cuando de
administrar un motelucho de quinta se brinca a tener en las manos mil 300
millones anuales. Y de la historia de los Pintos se podría escribir un libro.
Se fue don José Manuel Pozos sin explicar en qué se aplicaron los 20 millones
de pesos correspondientes a enero por concepto de “ayuda social”, sin
esclarecer quiénes fueron sus beneficiarios, si ahí hubo desvío, si fueron para
enviar a las hordas morenistas a pregonar que el Dios Peje es la salvación de
los impíos. Dejó la tesorería sin aclarar el desbarajuste en el pago de nómina,
ni en qué se usó el pago del impuesto predial, ni por qué a Diario del Istmo se
le asigna el 90 por ciento del presupuesto de medios de comunicación. Se fue
José Manuel Pozos y los ediles de oposición en el cabildo —los morenistas no,
esos están sometidos— nada replicaron. Poner en riesgo la beca sería pecado
político. Qué desastre el de Víctor Carranza: nuevo tesorero, dos jefes de
prensa, un director de Ingresos levantado o parrandeado, masacrado por los
empleados municipales, frustrada su reingeniería administrativa y dice ir ahora
por la reingeniería financiera al estilo Marco César Theurel Cotero —“Te rompo
tu puta madre en API”—, sin cristalizar el negocio del relleno sanitario de los
Quintanilla, compadres de la diputada federal Rocío Nahle, su mamá política,
con la compra de unidades recolectoras sin acuerdo de cabildo. Había ver
gobernar a Morena. Había que medir a Carranza. Había que evidenciar de lo que
el pejepartido en el poder es capaz… Caleb y su banda ya son culpables. Según
pesquisa del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, provocó
daño patrimonial a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas en el año
2016, del orden de 22 millones 269 mil 510.95 pesos, cantidad que deberán
reintegrar a la Hacienda Pública, así como una multa por 12 millones 248 mil
231.02 pesos. Se trata de 17 funcionarios del gobierno duartista sancionados,
entre ellos el subsecretario de la SIOP, Calles Navarro Kloss, y el ex director
de Infraestructura Urbana, Héctor Fernando Ruz Santamaría, ligado al ex alcalde
de Coatzacoalcos, el priista Marcelo Montiel Montiel. Libra esa investigación,
por lo menos en el ORFIS, el titular de la SIOP, Tomás José Ruiz González.
Subsisten aún 25 observaciones y la plana mayor de la SIOP en tiempos de Javier
Duarte pudiera enfrentar acciones legales… Muy hormonal, nada reprime la
influyente dama: “Cómo me gusta tu candidata”. Ella, que araña el cielo y le
habla al Dios, su voz oída y temida, se derrite ante la joven que en aquellos
días quería figurar por otro partido de oposición. Y fue tanto lo que la
deslumbró que la atrajo a su redil. ¿Quién es?…