ANTECEDENTES
Xalapa, Ver. | 07 diciembre de
2016
Tribuna Libre.- El estado de
Veracruz acordó su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el
mes de noviembre de 1979, que fue resultado de compromisos entre la Federación
y los estados en los convenios únicos de coordinación celebrados entre ambas
partes durante los años de 1977 y 1978.
A partir de ese
año, se han renovado y el más relevante de ellos se suscribió en agosto de
2015, donde se establece la colaboración para coordinarse en materia del IVA,
ISR, IEPS, Impuesto sobre automóviles nuevos, multas y otros, así como ingresos
de incorporación fiscal y de derechos federales.
Hasta los años
ochenta, la entidad se caracterizó por tener una economía sustentada en la
inversión púbica y en unidades industriales estatales que contribuyeron durante
varias décadas al crecimiento de la economía local. A partir de esa década los
procesos de modernización y cambio estructural afectaron los niveles de
inversión, producción y empleo en empresas públicas y privadas.
Tal situación
propició que en el periodo 1993-2003 el Producto Interno Bruto estatal creciera
a una tasa de 1.54% en tanto que la nacional fue de 3.17%. Los procesos de
privatización y desincorporación de empresas de las ramas petrolera,
petroquímica, metal-mecánica, azufrera, azucarera, textil y fertilizantes,
dejaron sin empleo e ingresos a miles de trabajadores en el centro y en el sur
del estado, sin que se cumplieran los compromisos de restitución de tales
empleos e ingresos.
De modo que la
caída de la actividad económica repercutió en la baja de los impuestos y, con
ello, en una situación declinante en materia de participaciones en el ámbito de
la coordinación fiscal
Posteriormente, en
el año 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una reforma a
la coordinación fiscal que se sustentó en un cambio de las fórmulas o
coeficientes para la distribución de las participaciones fiscales, aparentemente
con la intención de premiar a los estados que generaran un mayor valor
agregado, pero beneficiando también a estados con mayor población.
Esta medida se
pudo aplicar sin tener consensos, debido a que se aumentaron las aportaciones a
los estados de menor desarrollo relativo en una época de altos excedentes
petroleros.
De modo que el
tipo de tributos y la forma de recaudación hace que, del total de impuestos
federales, estatales y municipales, el 96% sea de carácter federal y sólo 4%
local.
Los cambios en la
coordinación fiscal beneficiaron a pocos estados, entre ellos, al estado de
México y afectaron a la mayoría de entidades, entre los cuales se cuenta al
estado de Veracruz. En el periodo 2007-2015 las participaciones para Edomex
crecieron de 54 mil millones a 82 mil millones de pesos, o sea 53%, en tanto
que estados como Veracruz crecieron de 26 mil millones a 34 mil millones de
pesos o sea 32%, abajo de la media nacional de 39%.
Las afectaciones a
Veracruz por la modernización y cambio estructural de los años noventa hicieron
que en el periodo de 2000 a 2007 se registrara una tasa media anual de
crecimiento de las participaciones a la entidad de 2.47% en tanto que en el
estado de México fue de 3.65% y a nivel nacional de 3.17%.
Aunque en el
periodo 2007-2015 mejoró la tendencia, se mantuvo un menor desarrollo relativo
del crecimiento de participaciones para Veracruz con respecto a otros estados.
En ese periodo su tasa media fue de 3.57% en tanto que en Edomex fue de 5.45% y
a nivel nacional de 4.18%, como resultado de los cambios del 2007 que
favorecieron más que proporcionalmente al estado de México.
Esta misma
realidad se puede observar también en las participaciones per cápita en los
estados. En los años 2000 y 2007 Veracruz tuvo un ingreso per cápita de sus
participaciones fiscales de 3,171 pesos y 3,467 pesos a precios del 2015,
respectivamente, ocupando el lugar 25 entre los estados en ambos años. Para el
año 2015 el ingreso de participaciones per cápita se elevó a 4,241 pesos, pero
tuvo un deterioro al ocupar el lugar 31 solo arriba del estado de Oaxaca.
Aparentemente,
poco tiene que ver la obligación constitucional del gobierno mexicano de
sustentar presupuestalmente los servicios sociales básicos con la coordinación
fiscal, pero el concepto de aportaciones federales se incluyó en la Ley de
Coordinación Fiscal en el año 1997, como una medida para paliar la presión de
los gobiernos de los estados y aumentar las participaciones ante las
dificultades económicas, por la crisis financiera de los años 1995 y 1996.
En este rubro de
aportaciones federales, hay más equilibrios territoriales en la distribución de
los recursos, aunque se sigue presentando una inercia para privilegiar algunas
entidades federativas. En este aspecto, la mayor cantidad de recursos se
orienta a los estados de más densidad demográfica y que tienen las mayores
necesidades en materia de los servicios de educación y salud.
En materia de
aportaciones, en el periodo 2000-2007 el estado de Veracruz registró una tasa
media anual de crecimiento de 3%, pero entidades como Nuevo León y el estado de
México presentaron tasas de 4%, en tanto que la tasa media anual de crecimiento
a nivel nacional fue de 3.5%. No obstante ello, Veracruz ocupa el 2° lugar en
montos de recursos transferidos, después del estado de México.
Por lo
anteriormente expuesto, y
CONSIDERANDO
Que la fórmula
aplicable es inequitativa para Veracruz, ya que recibe una mínima parte en
comparación a lo que aporta a los ingresos nacionales. Nuestro Estado hoy vive,
momentos económicos difíciles, el conocimiento de las causas, no elimina los
efectos, sectores sociales están seriamente afectados en sus economías, la
deuda pública no le permite al Poder Ejecutivo, ejecutar con éxito el Plan
Estatal de Desarrollo; si la Federación no apoya a Veracruz, tenemos la opción
de retirarnos del Sistema de Coordinación Fiscal y recaudar nuestros propios
ingresos.
Que es necesario
se logre un cambio en las relaciones intergubernamentales en materia
hacendaria, dado que en los últimos años se ha usado la coordinación fiscal
para beneficiar a grupos políticos o a estados, alterando los mecanismos para
la distribución de recursos fiscales.
Que el gobierno
federal no ha respondido a los planteamientos que le han formulado diversas
instancias, recientemente partidos políticos modificar al alza los porcentajes
de la Recaudación Federal Participable que se otorgan a los estados, así como
los niveles de las aportaciones que se proporcionan mediante los fondos
establecidos en la coordinación fiscal y en el PEF anual.
Que el gobierno
federal tampoco atendió los planteamientos de renovación de la política
hacendaria que los estados hicieron en forma reiterada especialmente de la
coordinación fiscal, en la Convención Nacional Hacendaria de la primera mitad
de la década pasada, a fin de lograr mayores y mejores equilibrios fiscales.
Que nuestro
estado, no obstante, sus contribuciones al desarrollo nacional al ser la
tercera entidad más poblada del país y la quinta economía estatal, enfrenta una
grave pobreza y distorsiones por la centralización de los servicios educativos
que deben atenderse de manera urgente para evitar males mayores que obligaran a
un replanteamiento o denuncia por parte del estado de nuestro Pacto Federal.
Es muy importante
mencionar que el criterio de asignación con base en los niveles de población
que anteriormente representaba el 45% nos dejó en franca vulnerabilidad. Porque
el cambio hacia factores de crecimiento económico, aunque se entiende el
propósito deja a las entidades federativas con mayor población y menor
crecimiento una mayor carga en sus finanzas para seguir dotando de servicios
públicos a la misma población. Lo que se vuelve un factor muy regresivo en
términos de bienestar social.
Que al cambiar la
formula en el reparto de las participaciones federales dejaron en
vulnerabilidad a un Estado de 8 millones de habitantes con 50 % en condiciones
de pobreza y que este reparto lo hace al futuro no solamente vulnerable, sino
en un atraso estructural que difícilmente le permitiría alcanzar una media
Nacional de desarrollo con relación a otros Estados.
Por todo lo
expuesto, considero presentar la siguiente:
PROPUESTA
Separar al Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave del Sistema de Coordinación Fiscal, en razón
de su voluntad soberana.
Las conveniencias
de no adhesión a la coordinación fiscal son muchas, por lo que someto al
análisis y consideración de este H. Congreso, el proyecto a fin de que el
Estado, reactive sus potestades para gravar y por ende seamos autosuficientes.
La salida del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal implica hacerse cargo del cobro de los
impuestos al ingreso y al consumo, e incluso de algunos especiales que defina
la soberanía estatal. Ello implica la definición de actividades a gravar y
tasas a aplicar, lo que provocará una competencia entre estados o con el
gobierno federal para atraer inversiones y contribuyentes a su esfera.
Aunque el estado
deje la coordinación fiscal mantiene su participación en los impuestos incluido
en el inciso 5° de la Fracción XXIX del artículo 73 Constitucional, como
energía eléctrica; producción y consumo de tabacos labrados; gasolina, y otros
derivados del petróleo; cerillos; aguamiel y productos de su fermentación;
explotación forestal y producción y consumo de cerveza.
Todo ello, vendrá
a contribuir a la resolución de los problemas de liquidez que tenemos en el
Estado. Por lo tanto, es urgente encontrar
soluciones financieras a las demandas de recursos.
En cuanto a los
esquemas de transferencia como las aportaciones federales, se plantea que se
sigan proporcionando al estado, aunque no esté adherido a la coordinación
fiscal, tal como ocurrió antes de 1997, cuando se incorporaron las aportaciones
a la Ley de Coordinación Fiscal.
Llegó el momento
de unificación en Veracruz.
De tener altura de
miras de los que participamos en la vida pública.
No a los
distingos, no al revanchismo político y no a los engaños.
Tenemos en los
poderes de gobierno el único fin de lograr que el Estado de Veracruz, sea un
orgullo de sus ciudadanos y del país entero.
La riqueza que se
genera en Veracruz, debe quedarse en Veracruz.
